Las autoridades tunecinas deben retirar las acusaciones contra seis miembros del personal de la sección tunecina de la ONG francesa France Terre d’Asile que se enfrentan a un juicio penal por cargos falsos a causa de su trabajo humanitario con personas refugiadas y migrantes, y deben poner fin a su implacable criminalización de la sociedad civil. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del inicio del juicio, previsto para el 15 de diciembre.
Tres de los miembros del personal de Terre d’Asile Tunisie —entre los que se encuentran Sherifa Riahi y Mohamed Joo— llevan más de 19 meses recluidos arbitrariamente en espera de juicio, junto con personal municipal local que colaboró con ellos.
“La reciente sentencia contra el personal del Consejo Tunecino para las Personas Refugiadas confirma la criminalización del apoyo a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y se ha dictado después de que las autoridades tunecinas pusieran fin al acceso al asilo en el país. La sentencia transmite un mensaje disuasorio a los trabajadores y trabajadoras de ayuda humanitaria y a las organizaciones de la sociedad civil, que a menudo ayudan a cumplir las obligaciones internacionales de los Estados respecto a los derechos de las personas refugiadas y migrantes, así como respecto a los derechos sociales y económicos de la población en general”, ha manifestado Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Pedimos a las autoridades tunecinas que respeten las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, que pongan fin a esta injusticia y que garanticen la liberación del personal de la ONG y del personal municipal recluido arbitrariamente con él. Todas estas personas están siendo procesadas simplemente por su trabajo legítimo para prestar asistencia vital y protección a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en situaciones precarias.”
Pedimos a las autoridades tunecinas que respeten las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, que pongan fin a esta injusticia y que garanticen la liberación del personal de la ONG y del personal municipal recluido arbitrariamente con él.
Sara Hashash, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África
El personal de la ONG se enfrenta a juicio junto con 17 exfuncionarios y empleados municipales acusados de colaborar con la organización. Esta situación vino precedida por la condena a dos años de prisión dictada el 24 de noviembre contra dos miembros del personal del Consejo Tunecino para las Personas Refugiadas, en medio de una represión cada vez más fuerte de las organizaciones de la sociedad civil que ha contribuido al total desmantelamiento de las salvaguardias para las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en el país.
Cargos falsos contra personal de ayuda humanitaria
El 15 de diciembre, 23 miembros del personal de la ONG y funcionarios municipales locales que colaboraban con ellos serán juzgados ante el Tribunal de Primera Instancia de Túnez. Tres de los miembros del personal de Terre d’Asile Tunisie, defensores y defensoras de los derechos humanos y trabajadores y trabajadoras de la ONG —la exdirectora Sherifa Riahi, el director económico y administrativo Mohamed Joo y el actual director—, llevan recluidos arbitrariamente en espera de juicio desde su detención en mayo de 2024, al igual que Imen Ouardani, exvicealcaldesa de la ciudad oriental de Susa, y otro exfuncionario local, recluidos exclusivamente por haber permitido que la ONG utilizara un edificio municipal para sus actividades.
El grupo está siendo procesado por su trabajo humanitario de ayuda a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes tras haber sido acusado de cargos excesivamente amplios, como “dar cobijo a personas que entran o salen ilegalmente del territorio” y “facilitar la entrada, salida, circulación o estancia irregular de una personas extranjera”.
Terre d’Asile Tunisie estaba inscrita adecuadamente según la ley de Túnez y operaba con transparencia y en cooperación directa con las autoridades tunecinas locales y nacionales. El procesamiento no sólo viola el derecho de sus miembros a la libertad de asociación sino que además criminaliza la colaboración entre la sociedad civil y las autoridades locales, en directa contravención de las obligaciones contraídas por Túnez en virtud del derecho internacional relativo a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes y en relación con los defensores y defensoras de los derechos humanos, impidiendo activamente el trabajo de protección y asistencia.
Proporcionar ayuda humanitaria y apoyo de derechos humanos a las personas migrantes, independientemente de su situación jurídica, es una actividad protegida por el derecho a la libertad de asociación en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, y no debe equipararse con el tráfico o la trata de seres humanos, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que ha sido ratificada por Túnez. Los Estados tienen además la obligación de crear un entorno seguro y propicio para las personas que defienden los derechos humanos, en el que éstas puedan realizar su trabajo sin temor a represalias.
Intensificación de la represión de la sociedad civil
El juicio vino precedido de la alarmante declaración de culpabilidad, dictada el 24 de noviembre, contra personal del Consejo Tunecino para las Personas Refugiadas, una ONG que trabajaba con el ACNUR (la agencia de la ONU para las personas refugiadas) para proporcionar asistencia esencial. El Tribunal de Primera Instancia de Túnez condenó al fundador y al responsable de proyectos del Consejo, Mustapha Djemali y Abderrazek Krimi, a dos años de cárcel, suspendiendo el resto de su pena tras tomar en cuenta los 18 meses que habían pasado en detención en espera de juicio. A consecuencia de ello, ambos fueron puestos en libertad.
Desde mayo de 2024, las autoridades tunecinas han estado intensificando su represión de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que trabajan sobre la migración. Esta campaña ha incluido detenciones arbitrarias, reclusiones, congelación de activos, restricciones bancarias y suspensiones ordenadas judicialmente, que han afectado a 15 organizaciones en los dos últimos meses.
Según una declaración difundida por la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos el 8 de diciembre de 2025, las autoridades de Túnez han negado al menos en cuatro ocasiones en el último mes el acceso de la organización a visitas a prisiones, a pesar de un memorando firmado en 2015 entre la Liga y el Ministerio de Justicia. El Ministerio negó que quisiera poner fin al memorando.
Otras organizaciones que han sido objeto de investigaciones criminales y detenciones arbitrarias incluyen a la ONG contra el racismo Mnemty y a la ONG de derechos de la infancia Niños de la Luna de Medenine, cuyos presidentes llevan detenidos desde mayo y noviembre de 2024, respectivamente. Las autoridades también tienen recluida en prisión preventiva arbitraria desde el 12 de diciembre de 2024 a la directora ejecutiva de la Asociación para la Promoción del Derecho a la Diferencia, Salwa Ghrissa.
En junio de 2024, las autoridades tunecinas ordenaron la suspensión de las actividades de inscripción en registro y determinación de la condición de refugiado por parte del ACNUR (la agencia de la ONU para las personas refugiadas), con lo que eliminaron de hecho la única vía para solicitar asilo en el país.
La represión de las organizaciones de la sociedad civil y la suspensión de las actividades del ACNUR han afectado severamente al acceso a la protección y a servicios vitales como el cobijo de emergencia, la atención médica, la protección a la infancia, la asistencia a víctimas de violencia de género y la asistencia letrada gratuita. Ha puesto a potencialmente miles de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, incluidos menores no acompañados, en un mayor peligro de sufrir abusos y violaciones de derechos humanos.
“Los implacables ataques contra NGO, especialmente contra las que protegen a personas refugiadas y migrantes vulnerables, revelan una estrategia estatal profundamente inquietante de desmantelar los cimientos del espacio cívico de Túnez”, ha manifestado Anne Savinel-Barras, presidenta de Amnistía Internacional Francia.