Ante la orden de detención dictada por el Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana contra el expresidente François Bozizé, la directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, Samira Daoud, ha manifestado:
“La emisión de una orden de detención contra un sospechoso de alto nivel como François Bozizé es un paso muy esperanzador en la búsqueda de justicia para las víctimas de los numerosos crímenes cometidos en la República Centroafricana. Sin embargo, el Tribunal Penal Especial sólo podrá cumplir su mandato de investigar y procesar a los responsables de las numerosas atrocidades cometidas en el país si las autoridades nacionales y todos los Estados cooperan plenamente.
El Tribunal Penal Especial ya ha dictado al menos 25 órdenes de detención con anterioridad, pero los sospechosos continúan en libertad.
Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central
Amnistía Internacional insta a Guinea Bissau, país donde reside actualmente François Bozizé, a detenerlo sin demora y transferirlo a las autoridades centroafricanas, quienes deberán llevarlo de inmediato ante el Tribunal Penal Especial.
El Tribunal Penal Especial ya ha dictado al menos 25 órdenes de detención con anterioridad, pero los sospechosos continúan en libertad. Ya estén en la República Centroafricana o en países vecinos, todos deben ser detenidos y llevados sin más dilación ante el Tribunal Penal Especial.”
Información complementaria
El Tribunal Penal Especial es un tribunal mixto establecido en la República Centroafricana desde 2018. Está formado por personal y magistrados centroafricanos y no centroafricanos. Fue creado para investigar, enjuiciar y juzgar los delitos más graves cometidos desde 2003.
El 30 de abril de 2024, el Tribunal Penal Especial emitió públicamente una orden de detención contra François Bozizé por múltiples crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos durante su presidencia, entre febrero de 2009 y marzo de 2013. El comunicado de prensa del Tribunal confirma que el sospechoso vive actualmente en Guinea Bissau.
En 2020 y 2021, Amnistía Internacional publicó sendos informes en los que se analizaban los retos que afronta el Tribunal Penal Especial. La organización pidió más apoyo al tribunal y mayor transparencia.