En respuesta a la aprobación de la ley de protección de la seguridad nacional de Hong Kong (artículo 23), la directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks, ha declarado:
“Con esta legislación draconiana, el gobierno de Hong Kong asesta otro duro golpe a los derechos humanos en la ciudad. Las autoridades han promulgado esta ley en un abrir y cerrar de ojos, acabando con cualquier resquicio de esperanza de que la protesta pública pudiera contrarrestar sus elementos más destructivos.”
“La aprobación de esta ley envía el mensaje más claro hasta la fecha de que el ansia de las autoridades de Hong Kong por acomodarse a la voluntad de Pekín supera cualquier compromiso anterior en materia de derechos humanos. El gobierno ha ignorado los avisos cada más urgentes de un grupo de especialistas en derechos humanos de la ONU en los que se afirmaba que el enfoque del gobierno sobre la ley de seguridad nacional es incompatible con las obligaciones internacionales de Hong Kong.”
“Por encima de todo, es un momento devastador para el pueblo de Hong Kong, donde cientos de miles de personas han recorrido previamente las calles para manifestarse contra leyes represivas, entre ellas una versión de ésta en 2003. Hoy han perdido otra parcela de su libertad: cualquier acto de protesta pacífica es ahora más peligroso que nunca.”
“Jamás ha sido tan importante que organizaciones como Amnistía Internacional apoyen a la población de Hong Kong que sigue arriesgando su libertad sólo por ejercer sus derechos.”
“Instamos a todas las partes que pueden ejercer influencia en Hong Kong —desde gobiernos a empresas y organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea— a que no abandonen al pueblo de Hong Kong en estos momentos de necesidad, sino que intensifiquen la presión sobre las autoridades del territorio para que respeten los derechos humanos y deroguen todas las leyes que los violen.”
Información complementaria
El Consejo Legislativo de Hong Kong ha votado hoy de forma unánime para aprobar la ley de protección de la seguridad nacional bajo el artículo 23 de la Ley Fundamental, la miniconstitución de Hong Kong.
El artículo 23 de la Ley Fundamental dispone que el gobierno apruebe legislación con carácter local para la persecución de siete delitos: traición, secesión, sedición, subversión contra el gobierno popular central, robo de secretos de Estado, actividades políticas por parte de entidades u organismos políticos extranjeros en el territorio, y establecimiento de vínculos entre entidades u organismos políticos del territorio y entidades u organismos políticos extranjeros.
Durante el periodo de consulta, Amnistía International presentó un análisis de 34 páginas al gobierno sobre las propuestas que éste había hecho. En el análisis se concluía que los delitos y los cambios en las competencias indagatorias no son necesarios ni proporcionados para una necesidad legítima de seguridad nacional y son contrarios a las obligaciones de Hong Kong en materia de derechos humanos.
La ordenanza contiene muchas disposiciones preocupantes, como el delito de “injerencia externa”, formulado de manera amplia e imprecisa, que podría dar lugar a la persecución de activistas por sus intercambios con agentes extranjeros. Por otro lado, las nuevas competencias indagatorias que posibilitan la detención sin cargos durante 16 días y la negación del acceso a representación letrada menoscaban cada vez más el derecho a un juicio justo.
Amnistía reconoce que todo gobierno tiene la prerrogativa y el deber de proteger a sus ciudadanos y a todas las demás personas sujetas a su jurisdicción, y que algunas jurisdicciones tienen problemas de seguridad específicos. Pero éstas nunca pueden utilizarse como excusa para negar a las personas la libertad de expresar opiniones políticas diferentes o ejercer los demás derechos humanos protegidos por el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.