“Las autoridades iraníes están redoblando sus sofocantes métodos policiales y oprimiendo severamente a las mujeres y las niñas que se atreven a desafiar las degradantes leyes sobre la obligatoriedad del uso del velo”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
En un detallado análisis publicado hoy, la organización denuncia la intensificación de la represión de las autoridades en todo el país contra las mujeres y niñas que deciden no llevar el velo en público. En la escalada más reciente, el 16 de julio, el portavoz de la policía iraní, Saeed Montazer Almahdi, anunció el regreso de las patrullas policiales para hacer cumplir el uso obligatorio del velo y amenazó con actuaciones judiciales contra las mujeres y niñas que desobedecieran la norma. Esta iniciativa ha coincidido con la difusión en las redes sociales de vídeos en los que se ve a funcionarios en Teherán y Rasht agrediendo con violencia a mujeres, y a fuerzas de seguridad lanzando gas lacrimógeno contra personas que ayudaban a mujeres a evitar la detención en Rasht.
Los anuncios oficiales revelan que, desde el 15 de abril de 2023, más de un millón de mujeres han recibido mensajes de texto en los que se les advertía de la posibilidad de que les fuera confiscado su vehículo tras haber sido captadas por cámaras sin llevar velo. Además, son innumerables las mujeres a quienes se les ha suspendido o expulsado de la universidad, prohibido presentarse a los exámenes finales y negado el acceso a servicios bancarios y al transporte público. Cientos de empresas han sido obligadas a cerrar por no hacer cumplir el uso obligatorio del velo. La intensificación de la represión pone de manifiesto el carácter ambiguo de las afirmaciones anteriores de las autoridades iraníes de que iban a disolver la “policía de la moral”, realizadas en un contexto de declaraciones oficiales contradictorias sobre el regreso de ésta a las calles del país.
“La ‘policía de la moral’ ha vuelto a Irán. Las autoridades no engañan a nadie eliminando la insignia de la ‘policía de la moral’ del uniforme y de las furgonetas de patrulla al mismo tiempo que alientan a quienes aplican la opresión y la sumisión a las que la República Islámica somete las mujeres y niñas para que usen la misma violencia que mató con impunidad a Mahsa Zhina Amini. La represión actual se ve intensificada por tecnologías de vigilancia masiva capaces de identificar a las mujeres que no llevan velo en sus automóviles y espacios peatonales”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“La intensificación de la represión contra quienes no llevan el velo es un reflejo del deplorable desprecio de las autoridades iraníes a la dignidad humana y los derechos de las mujeres y las niñas a la autonomía, la intimidad y la libertad de expresión, de religión y de creencias. También subraya su intento desesperado de reafirmar su dominación y su poder sobre quienes se atrevieron a alzarse contra decenios de opresión y desigualdad durante la rebelión “Mujer, Vida, Libertad”.
En la provincia de Isfahán, una mujer que recibió un SMS que le ordenaba que inmovilizara su automóvil 15 días por quitarse el velo cuando lo conducía, dijo a Amnistía Internacional: “Emocional y psicológicamente, todas estas amenazas que [las autoridades] han hecho han tenido un impacto muy negativo en nosotras […] La República Islámica quiere demostrar que puede llegar a cualquier extremo en lo que se refiere a hacer cumplir el uso obligatorio del velo […] Quieren hacer creer a la comunidad internacional que están dejando de lado la violencia pero, en realidad, están llevando a cabo estas acciones con sigilo. Definitivamente, nos están metiendo el miedo en el cuerpo.”
El 14 de junio de 2023, el portavoz de la policía de Irán anunció que, desde el 15 de abril de 2023, la policía había enviado casi un millón de avisos por SMS a mujeres captadas sin velo en su vehículo; había remitido 133.174 SMS ordenando la inmovilización del vehículo durante un tiempo determinado; había confiscado 2.000 automóviles, y había remitido a más de 4.000 “infractoras reincidentes” al poder judicial en todo el país. Añadió que se habían reunido 108.211 informes sobre la aplicación de las leyes sobre la obligatoriedad del uso del velo en relación con la comisión de “infracciones” dentro de comercios y que 300 “infractoras” habían sido identificadas y remitidas al poder judicial.
En un intento de codificar e intensificar aún más esta represión, el 21 de mayo de 2023, las autoridades judiciales y del ejecutivo presentaron ante el Parlamento el proyecto de ley de apoyo a la cultura de la castidad y el hiyab. En virtud de esta propuesta legislativa, las mujeres y niñas que aparezcan sin velo en espacios públicos y en las redes sociales, o que muestren “desnudez de una parte del cuerpo o lleven ropa fina o ajustada” serán objeto de una serie de sanciones que afectarán gravemente a sus derechos humanos, incluidos los sociales y económicos. Estas sanciones incluyen multas, la confiscación de vehículos y dispositivos de comunicación, la prohibición de conducir, deducciones del salario y de los beneficios laborales, el despido laboral y la prohibición de acceder a servicios bancarios.
El proyecto de ley incluye propuestas para condenar a las mujeres y niñas declaradas culpables de desobedecer las leyes sobre el uso obligatorio del velo “de forma sistemática o en connivencia con servicios de inteligencia y seguridad extranjeros” a penas de entre dos y cinco años de prisión, así como a la prohibición de viajar y a la residencia obligatoria en un lugar concreto.
Los gestores de instituciones públicas y empresas privadas que permitan que haya empleadas y clientes sin velo en sus instalaciones podrían ser castigados con sanciones que van desde cierres a largas penas de prisión y prohibiciones de viajar.
El proyecto de ley propone una serie de sanciones contra atletas, artistas y otras figuras públicas que desobedezcan las leyes sobre el uso del velo, entre las que figuran la prohibición de ejercer actividades profesionales, la prisión, la flagelación y multas.
El 23 de julio de 2023, una comisión parlamentaria indicó que había enviado el proyecto de ley revisado, integrado por 70 artículos, al pleno del Parlamento iraní para su estudio. El texto revisado no se ha hecho público.
Al mismo tiempo, las autoridades han recurrido al Código Penal Islámico para enjuiciar e imponer castigos degradantes a mujeres que aparecen en público sin velo. Amnistía Internacional ha recibido las sentencias dictadas contra seis mujeres en junio o julio de 2023 en las que se les exige asistir a sesiones de terapia por “trastorno de personalidad antisocial”, lavar cadáveres en una morgue o limpiar edificios oficiales.
Este ataque contra los derechos de las mujeres y las niñas se produce en medio de una oleada de declaraciones de odio de autoridades y medios de comunicación estatales en las que se califica la negativa a usar el velo de “virus”, “enfermedad social” o “trastorno”, y se equipara la decisión de aparecer en público sin velo a una “depravación sexual”.
Las autoridades iraníes deben abolir el uso obligatorio del velo, anular todas las sentencias condenatorias y penas impuestas por desobedecer esta norma, retirar todos los cargos formulados contra todas las personas enjuiciadas y poner en libertad incondicional a cualquier persona detenida por desobedecer el uso obligatorio del velo. Las autoridades deben abandonar sus planes de castigar a las mujeres y las niñas por ejercer sus derechos a la igualdad, la intimidad y la libertad de expresión, de religión y de creencias.
“La comunidad internacional no debe quedarse de brazos cruzados mientras las autoridades iraníes intensifican su opresión de las mujeres y las niñas. La respuesta de los Estados no debe limitarse a contundentes declaraciones públicas e intervenciones diplomáticas, sino conllevar también el uso de vías legales para que las autoridades iraníes rindan cuentas por ordenar, planear y cometer violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas contra las mujeres y las niñas mediante la aplicación del uso obligatorio del velo. Todos los gobiernos deben hacer todo lo que esté en su mano para apoyar a las mujeres y las niñas que huyen de la persecución basada en el género y de violaciones graves de derechos humanos en Irán, garantizar que pueden acceder a procedimientos para la concesión de refugio rápidos y seguros y, en ninguna circunstancia, devolverlas a Irán”, concluyó Callamard.