Ante la noticia de que dos disidentes políticos torturados, Behrouz Ehsani, de 69 años, y Mehdi Hassani, de 48, fueron ejecutados arbitrariamente y en secreto en la prisión de Ghezel Hesar de Karaj (provincia de Alborz) el 27 de julio, Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha manifestado:
Los ataques aéreos lanzados deliberadamente por las fuerzas armadas israelíes contra la prisión de Evín, en Teherán, el 23 de junio de 2025 constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y deben ser investigados penalmente como crímenes de guerra, ha manifestado hoy Amnistía Internacional tras investigar el caso a fondo.
“Las autoridades iraníes deben paralizar todos los planes de llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y proteger frente a la desaparición forzada, y la tortura y otros malos tratos a todas las personas arrestadas por acusaciones de espionaje para Israel”.
A medida que aumenta el número de civiles que sufren las crueles consecuencias de la aterradora escalada militar en Irán e Israel desde el 13 de junio de 2025, y ante las amenazas de que se intensifique la escalada del conflicto, Amnistía Internacional insta a las autoridades israelíes e iraníes a cumplir con su obligación, contraída en virtud del derecho internacional humanitario, de proteger a la población civil.
Las ejecuciones en el mundo alcanzaron la cifra más alta desde 2015, con más de 1.500 personas ejecutadas en 15 países en 2024, ha afirmado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual sobre el uso global de la pena de muerte.
Ante la adopción hoy de una resolución histórica en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que prorroga y amplía el mandato de la misión de investigación sobre Irán, establecida originalmente en noviembre de 2022 durante las protestas Mujer Vida Libertad, Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
Las autoridades iraníes se disponen a aplicar la pena cruel e irreversible de amputación de dedos a tres presos el inminente 11 de abril, tras sendas sentencias condenatorias empañadas por la tortura y dictadas en juicios sin garantías, ha advertido hoy Amnistía Internacional. La organización pide a la comunidad internacional que presione con urgencia a las autoridades iraníes para que pongan fin a este brutal espectáculo. Todos los funcionarios iraníes responsables de ordenar y/o llevar a cabo estos actos de tortura deben ser objeto de investigación criminal y enjuiciamiento.
Las autoridades iraníes han intensificado su represión de los derechos de defensoras de los derechos de las mujeres, periodistas, cantantes y demás activistas que reivindican la igualdad o desafían el uso obligatorio del velo utilizando la detención arbitraria, el procesamiento injusto, los azotes y hasta la pena de muerte en un intento de aplastar el movimiento por los derechos de las mujeres en Irán; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
En respuesta a las informaciones según las cuales el Tribunal Supremo de Irán ha rechazado la solicitud de revisión judicial del fallo condenatorio y la pena de muerte impuesta a la cooperante Pakhshan Azizi, de 40 años y perteneciente a la oprimida minoría étnica kurda de Irán, Diana Eltahawy, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, ha declarado
Actualización del 17 de diciembre de 2024:**El 14 de diciembre de 2024, los medios de comunicación estatales informaron de que Irán había detenido la promulgación de esta ley temporalmente.**
Las autoridades iraníes deben detener la ejecución programada de forma inminente de Mohammad Reza Azizi, un hombre de 21 años que era un niño de 17 en el momento de cometer el delito. Amnistía Internacional ha sabido que las autoridades iraníes planean llevar a cabo su ejecución el lunes 21 de octubre de 2024 en Shiraz, provincia de Fars. Su condena a muerte y su ejecución prevista incumplen el derecho internacional, que prohíbe de manera estricta la imposición de la pena de muerte a personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometer el presunto delito.
Los Estados miembros de la ONU deben apoyar una resolución para iniciar sin demora las negociaciones formales de una Convención para la Prevención y la Sanción de los Crímenes de Lesa Humanidad, con el objetivo de fortalecer el marco de justicia internacional y reducir considerablemente las zonas de seguridad que impiden investigar y enjuiciar a los autores de los crímenes, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.