- Se socavó el acceso al agua potable de las comunidades, cuyas vidas se han visto afectadas negativamente por las actividades de Meya Mining
- La empresa no realizó consultas significativas a las comunidades locales antes de iniciar sus actividades
- Las autoridades de Sierra Leona deben investigar urgentemente las denuncias y tomar medidas, incluida la reparación de las comunidades en las que se han vulnerado derechos humanos
Las autoridades de Sierra Leona deben evaluar urgentemente el impacto de las actividades de Meya Mining en las comunidades locales y tomar medidas para proteger sus derechos económicos y sociales, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional tras recopilar testimonios de residentes del distrito de Kono, en el este de Sierra Leona, y documentar las consecuencias de las actividades mineras.
“Las acciones de la empresa Meya Mining están poniendo en peligro la seguridad y los medios de vida de la población cercana a la mina. Las autoridades deben investigar de manera urgente las cuestiones planteadas y tomar medidas. Aunque el Parlamento de Sierra Leona aprobó el 9 de agosto la Ley de Desarrollo de Minas y Minerales de 2022, con la que se pretende mejorar el bienestar de las comunidades afectadas por futuras actividades de explotación minera, no podemos olvidar los daños que ya se han causado. El gobierno de Sierra Leona debe garantizar que todas las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados tienen acceso a la justicia, a un recurso efectivo y a reparación”, afirmó Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
En noviembre de 2018, Amnistía Internacional empezó a investigar la actividad minera en el distrito de Kono, especialmente la de Meya Mining. Según los testimonios recogidos, no se celebraron consultas genuinas a la población residente antes del inicio de las operaciones mineras, lo que repercutió negativamente en los derechos socioeconómicos de las comunidades que viven cerca de las minas, que perdieron su fuente de ingresos tras quedar destruidas sus plantaciones. Su acceso al agua potable se vio menoscabado porque el agua de los depósitos que la empresa construyó para ellas contenía niveles tóxicos de nitrato. Las normas internacionales de derechos humanos, incluidos los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, establecen claramente que las comunidades deben dar su consentimiento previo a cualquier forma de explotación de recursos en sus tierras ancestrales, así como recibir los beneficios correspondientes.
“Ahora todo ha desaparecido”
El hecho de que no se haya realizado una consulta auténtica y significativa con las comunidades locales ha privado a la población del acceso a la tierra que utilizaba para generar ingresos.
“El lugar en el que se encuentra la planta de Meya Mining era un humedal. Teníamos un plantación allí. Ahora todo ha desaparecido. Antes sobrevivía gracias a mi plantación; de allí sacaba comida y dinero para pagar la escuela de mis hijos […] Sus actividades no nos proporcionan ningún beneficio. Me dieron sólo 98 dólares por el humedal y la plantación. La empresa convocó a todo el pueblo [Simbakoro] a una reunión para hablarnos del proyecto. No les dimos autorización para trabajar en ese lugar. No estuvimos de acuerdo porque ese era el lugar del que dependía todo el pueblo”, explicó una mujer de la comunidad de Simbakoro.
En 2019, Amnistía Internacional también tomó muestras de agua en dos depósitos construidos por Meya Mining en la comunidad de Koaquima. Las pruebas revelaron un alta concentración de nitrato en ambas muestras: 110 mg/l en la primera y 120 mg/l en la segunda, es decir, valores muy superiores a los niveles seguros (50 miligramos por litro) recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
“No podemos beber el agua del depósito que Meya nos ha proporcionado. Tiene spirogyra [un alga]. La puedes ver en el agua. Es venenosa. Meya ha pintado el tanque de azul para que no se vea. Antes era transparente y se podía ver el alga. Utilizamos el agua para lavar y para cocinar porque tiene sabor, es salada”, manifestó una persona residente en el pueblo de Koaquima, situado en la zona en la que opera Meya Mining.
Obligados a refugiarse de las explosiones
En la comunidad de Simbakoro, Meya Mining lleva a cabo sus actividades a tan sólo 500 metros de donde vive la gente. Una vez que las comunidades reciben la notificación de la empresa de las explosiones de las minas, que pueden durar hasta dos horas seguidas, la población se ve obligada a evacuar sus casas y refugiarse en un edificio construido por la empresa hasta que las detonaciones terminan.
Según los residentes, las viviendas se evacuan entre las dos y las cuatro de la tarde. La estructura de madera y plástico duro en la que se refugian está cubierta de agujeros y muy deteriorada. Además no tiene cabida para más de 300 personas, cuando la comunidad tiene más de 2.000 miembros.
“El refugio no es seguro por dos razones. En primer lugar, lo han construido dentro de los 500 metros de la zona de evacuación. Está dentro del campo de explosión. En segundo lugar, no es apto para que lo usen [vivan en él] seres humanos. Es como un lugar para cerdos, para animales”, dijo una persona residente que vive cerca del campo de explosión.
Los residentes también dijeron que a raíz de las actividades mineras habían aparecido grietas en las paredes de sus casas. Aunque no está claro que las grietas hayan sido provocadas por las actividades mineras, Amnistía Internacional Internacional pide a las autoridades que investiguen estas denuncias.
Nueva normativa sobre la minería
Al aplicar la nueva Ley de Desarrollo de Minas y Minerales, concebida para mejorar la regulación del sector, las autoridades deben centrarse en brindar apoyo a las comunidades para cubrir sus necesidades socioeconómicas.
“El gobierno de Sierra Leona debe garantizar la accesibilidad de la información sobre los proyectos mineros y celebrar consultas genuinas permanentes con las comunidades residentes en las zonas afectadas por las actividades mineras. También debe garantizar que el sistema jurídico nacional cumple sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos protegiendo los derechos humanos de la población que vive en las zonas afectadas por las actividades de minería extractiva”, afirmó Samira Daoud.
Información complementaria
El 19 de julio de 2019, el gobierno de Sierra Leona concedió a Meya Mining, empresa de extracción de diamantes de la que Sierra Leone-incorporated Germinate (SL) Limited posee un 35% y Namibian-incorporated Trustco Group Holdings el 65% restante, una licencia para extraer alrededor de 850 millones de dólares estadounidense en diamantes a lo largo de un periodo de 25 años.
Durante la investigación, Amnistía Internacional entrevistó a 128 personas de nueve comunidades afectadas por las actividades de Meya Mining. La organización también habló con las autoridades nacionales y locales, así como con altos cargos de Meya Mining.
La organización ha escrito dos veces al gobierno —en agosto de 2019 y febrero de 2022— para manifestar motivos de preocupación en relación con Meya Mining. Las autoridades no respondieron ni tomaron ninguna medida —hasta donde nuestra organización sabe— para abordar las cuestiones planteadas. En julio de 2022, también contactamos con Meya Mining y le dimos la oportunidad de responder a las conclusiones de Amnistía Internacional sobre su actividad. Pero, hasta ahora, no han respondido.
El 9 de agosto de 2022, el Parlamento de Sierra Leona aprobó la Ley de Desarrollo de Minas y Minerales de 2022, concebida para facilitar la gestión transparente y sujeta a rendición de cuentas del sector de los minerales de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.
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