Las próximas elecciones generales de Zimbabue se celebrarán en un contexto de cinco años de represión sistemática y brutal de los derechos humanos, incluidas las recientes restricciones a las reuniones de la oposición política, la represión violenta de las protestas y la criminalización de quienes critican al Estado, ha manifestado hoy Amnistía Internacional, en vísperas de la votación el 23 de agosto.

El gobierno iraquí ha vuelto a presentar en el Parlamento dos proyectos de ley que, de aprobarse, restringirían gravemente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica de la población iraquí, según han declarado hoy Amnistía Internacional y la Fundación INSM para los Derechos Digitales en Irak.

Tras la prohibición de varias manifestaciones de protesta por la violencia policial a raíz del homicidio ilegítimo de Nahel M., de 17 años, a manos de un policía, Amnistía Internacional pide al gobierno francés que dé prioridad a la reforma integral de las normas que regulan el uso de armas de fuego y de fuerza letal por los agentes encargados de hacer cumplir la ley, que ponga fin a su peligrosa negación de los efectos del racismo sistémico entre las fuerzas del orden y que respete el derecho de reunión pacífica.

Ante la noticia del archivo en España de la causa seguida en relación con el programa espía Pegasus de la empresa israelí NSO Group debido a la “falta de cooperación” de Israel, con el que presuntamente se habría infectado el teléfono del presidente del gobierno de España y de algunos miembros de su gobierno, Donncha Ó Cearbhaill, director del Laboratorio sobre Seguridad de Amnesty Tech, ha declarado:

La demanda penal presentada hoy ante la justicia federal argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Clooney Foundation for Justice, sobre crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas, es un importante paso para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, dijo Amnistia Internacional.

En respuesta a la decisión de la Sala de Apelaciones del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales de la ONU de confirmar las sentencias condenatorias de los ex agentes de la seguridad del Estado de Serbia Jovica Stanišić y Franko Simatović, y aumentar sus penas de prisión de 12 a 15 años cada una, Jelena Sesar, investigadora de Amnistía Internacional sobre Europa, ha declarado:

En respuesta al acuerdo alcanzado sobre un tratado de cooperación judicial internacional en casos el genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tras las negociaciones entre los Estados en una conferencia celebrada en Eslovenia, Fisseha Tekle, asesor jurídico sobre Justicia Internacional en Amnistía Internacional, ha declarado: