Escribe por los Derechos, la campaña anual de Amnistía Internacional, transforma la vida de personas cuyos derechos han sido vulnerados.

Los Estados de América Latina y el Caribe deben acordar un pacto fiscal para maximizar sus recursos para garantizar los derechos humanos de todas las personas en la región, dijeron hoy Amnistía Internacional, el movimiento global Deuda x Clima, Extinction Rebellion, Fridays For Future y organizaciones aliadas, en una carta abierta a las y los ministros que asistirán la Cumbre Ministerial para la región de América Latina y el Caribe hacia una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, que se celebrará en Cartagena, Colombia el 27 y 28 de julio.

Cristhian Manuel Jiménez, encargado de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Tras la prohibición de varias manifestaciones de protesta por la violencia policial a raíz del homicidio ilegítimo de Nahel M., de 17 años, a manos de un policía, Amnistía Internacional pide al gobierno francés que dé prioridad a la reforma integral de las normas que regulan el uso de armas de fuego y de fuerza letal por los agentes encargados de hacer cumplir la ley, que ponga fin a su peligrosa negación de los efectos del racismo sistémico entre las fuerzas del orden y que respete el derecho de reunión pacífica.

Los Estados de las Américas deben poner fin de inmediato a la discriminación contra las personas negras —incluida la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes basados en la raza— a la que someten a la población haitiana que busca seguridad y protección internacional, ha manifestado Amnistía Internacional con motivo del Día Mundial de los Refugiados.

Con el motivo de la celebración el miércoles (31 de mayo de 2023) de la junta anual de accionista de Meta, Pat de Brún, responsable del área de Rendición de Cuentas de las Grandes Empresas Tecnológicas y director adjunto de Amnesty Tech, ha manifestado:

La Fiscalía de la Nación de Perú debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad que se saldó con 49 muertes durante las protestas celebradas de diciembre a febrero. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.