En respuesta a la decisión del gobierno estadounidense de vetar un borrador de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego inmediato en los territorios ocupados de la Franja de Gaza, la libertad de los rehenes y el “levantamiento inmediato e incondicional de todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria”, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:

Con motivo de la conclusión, el 27 de mayo, de la revisión por el Parlamento noruego de la propuesta de desinvertir el fondo de pensiones gubernamental de empresas que operan ilegalmente en el Territorio Palestino Ocupado (TPO), Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

El gobierno israelí debe abandonar de inmediato sus planes, recientemente revelados, de ampliar sus operaciones militares, incluidos los planes de anexionarse territorio y desplazar forzosamente a la población palestina del territorio ocupado y sitiado de la Franja de Gaza. Estos planes constituirían una grave violación del derecho internacional, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

“Israel debe poner fin de inmediato a su devastador asedio de la Franja de Gaza ocupada: constituye un acto genocida, una forma flagrante de castigo colectivo ilícito y el crimen de guerra de utilizar el hambre de la población civil como método de guerra”, ha declarado Amnistía Internacional cuando se cumplen dos meses desde que Israel volvió a imponer la prohibición de entrada de ayuda humanitaria y artículos comerciales en la Franja, el 2 de marzo de 2025.

El 21 de marzo marca tanto el inicio de la primavera como el Día de la Madre en Palestina. Es un día de celebración, de esperanza, pero ahora mismo nos cuesta mucho tener esperanza.

La escalada sin precedentes de las hostilidades entre Israel, Hamás y otros grupos armados desde el 7 de octubre de 2023 se ha cobrado un devastador precio en la población civil. El número de víctimas y el alcance de la destrucción en la Franja de Gaza ocupada no tiene precedentes. Innumerables vidas se han visto destrozadas, desgarradas y alteradas de forma drástica. En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que implementara seis medidas provisionales para proteger a la población palestina de Gaza de un riesgo real de genocidio.

En respuesta a la liberación de Ahmad Manasra, hombre palestino detenido a los 13 años de edad, tras pasar nueve años y medio en una prisión israelí, Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha manifestado:

En respuesta a la noticia de que Hungría, Estado miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), ha recibido a Benjamin Netanyahu en su territorio sin detenerlo y ha declarado que abandonará la CPI, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:

Debe abrirse una investigación independiente e imparcial sobre las circunstancias en las que al menos 15 profesionales médicos y trabajadores de salvamento palestinos, que habían viajado al sur de Gaza para llevar a cabo una operación de salvamento, murieron por disparos tras abrir fuego las fuerzas israelíes contra sus vehículos, ha afirmado hoy Amnistía internacional, reiterando las peticiones de que se permita de inmediato el acceso de observadores independientes a la Franja de Gaza ocupada.

Ante la información que indica que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha invitado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y tiene previsto recibirlo en Hungría el próximo miércoles, Erika Guevara Rosas, directora de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política Globales de Amnistía Internacional, ha afirmado:

En demoliciones de estructuras de propiedad palestina en el Territorio Palestino Ocupado, se ha utilizado ampliamente maquinaria de HD Hyundai, según nuevas pruebas visuales y testimoniales documentadas por Amnistía Internacional Corea y grupos locales de derechos humanos.

El 6 de febrero de 2025, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dictó una orden ejecutiva autorizando sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) y su fiscal, Karim Khan. Esta orden pretende impedir que la CPI lleve a cabo su mandato independiente. Y también supone una importante amenaza para la Corte y su personal. Expertos y expertas de la ONU condenaron la decisión, calificándola de “ataque al Estado de derecho mundial” que socava la justicia internacional.