Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

La población civil de la ciudad de Sumy, en Ucrania, es víctima de un número creciente de ataques ilegítimos mientras el ejército ruso intensifica sus ataques en la región. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Ante la noticia de que un tribunal de Georgia ha ordenado a cinco organizaciones independientes de la sociedad civil que entreguen a la Oficina Anticorrupción datos sumamente delicados sobre personas beneficiarias protegidas mediante su trabajo de derechos humanos, así como información sobre sus actividades y subvenciones, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:

Las autoridades turcas deben llevar a cabo investigaciones inmediatas, independientes, imparciales y efectivas sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes encargados de hacer cumplir la ley en todas las protestas multitudinarias celebradas en marzo de 2025, algunas de las cuales pueden constituir tortura; así lo afirma Amnistía Internacional en las conclusiones de una nueva investigación.

Los Estados deben emprender urgentemente acciones en materia climática diseñando una transición justa para abandonar los combustibles fósiles en todos los sectores, y evitando así daños aún más graves para los derechos humanos en todo el mundo, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe coincidente con el inicio de la Conferencia sobre el Clima de Bonn, que tendrá lugar del 16 al 26 de junio.

Las autoridades turcas deben levantar de inmediato las lícitas restricciones impuestas a la manifestación de las Madres / Personas del Sábado en la plaza Galatasaray de Estambul y permitirles reunirse allí; así lo ha manifestado Amnistía Internacional la víspera del 30 aniversario de este movimiento de protesta.

Con motivo de la conclusión, el 27 de mayo, de la revisión por el Parlamento noruego de la propuesta de desinvertir el fondo de pensiones gubernamental de empresas que operan ilegalmente en el Territorio Palestino Ocupado (TPO), Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

Ante la noticia de que las autoridades rusas han declarado “organización indeseable” a Amnistía Internacional y, por tanto, criminalizado sus actividades y toda asociación con ella en Rusia, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:

El Tribunal de Apelación de Bruselas ha dictado una resolución en la que establece que el modelo de consentimiento que sustenta la publicidad basada en el seguimiento por parte de las grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft, Amazon y X en Europa es incompatible con la legislación de protección de datos de la UE. En respuesta a ella, Hannah Storey, asesora de política de Amnistía Internacional sobre Tecnología y Derechos Humanos, ha declarado:

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) Amnistía Internacional, La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y las organizaciones abajo firmantes acogen con satisfacción las medidas adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa para establecer el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, aunque lamentablemente aún no se han hecho públicos los detalles definitivos sobre el marco jurídico del mecanismo, incluido su estatuto. En este sentido, las organizaciones instan al Consejo de Europa a que publique urgentemente el proyecto de Estatuto del Tribunal para garantizar la transparencia y la participación de la sociedad civil, especialmente de víctimas y sobrevivientes, tanto en la creación del Tribunal como, por supuesto, en sus procedimientos.

Ante la detención por las fuerzas de seguridad rusas de al menos 10 profesionales de la edición de libros en Moscú por cargos relacionados con “extremismo” por presunta “propaganda LGBTI” en libros publicados por imprentas afiliadas, Natalia Zviagina, directora de Amnistía Internacional Rusia, ha afirmado:

En respuesta a una sentencia que condena al fabricante de software espía NSO Group a pagar más de 167 millones de dólares estadounidenses en concepto de daños y perjuicios a Whatsapp, Rebecca White, investigadora de Amnistía Internacional sobre vigilancia selectiva, ha declarado: