Grecia debe anular con urgencia las normas jurídicas que hacen que las personas solicitantes de asilo que acuden al Centro de Acceso Controlado y Cerrado de la isla de Samos, financiado por la UE, sean privadas de su libertad de forma sistemática e ilegal; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy. La organización también pide a la UE que exija responsabilidades a Grecia por las violaciones de derechos humanos cometidas en el centro y que se asegure de que este sistema no sirve de modelo para el Pacto de Migración y Asilo recientemente adoptado.

“El uso de minas terrestres antipersonal que contaminan los territorios de Ucrania ocupados anteriormente y en la actualidad por las fuerzas rusas sigue constituyendo una amenaza mortal para la población civil y debe ser objeto de una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial”, ha afirmado Amnistía Internacional en una declaración pública que ha dado a conocer hoy.

El conflicto en Sudán se alimenta de un flujo constante de armas hacia el país; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo documento que ha publicado hoy.

La sentencia dictada hoy por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en contra de las trabajadoras sexuales que solicitaban reparación por la vulneración de sus derechos derivada de la criminalización de su trabajo es una oportunidad perdida para proteger mejor a las trabajadoras sexuales de los abusos y la violencia; así lo ha manifestado Amnistía Internacional. 

A pesar de que sólo estamos a mitad de año, Amnistía Internacional ha contribuido a una serie de triunfos en materia de derechos humanos: excarcelaciones, modificaciones de leyes y obtención de justicia.

Anna Błuś es investigadora de Amnistía Internacional sobre justicia de género en Europa. Está creciendo el entusiasmo con la cercanía de los Juegos Olímpicos de París; sin embargo, en un país que proclama su devoción a la égalité, las atletas musulmanas están siendo excluidas y discriminadas, simplemente porque se niegan a renunciar a su derecho a llevar lo que quieran.

La prohibición de competir en los Juegos Olímpicos a las atletas francesas que usan hiyab infringe el derecho internacional de los derechos humanos y pone de manifiesto la discriminatoria hipocresía de las autoridades francesas y la cobarde debilidad del Comité Olímpico Internacional (COI); así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado con antelación a los Juegos Olímpicos de París.

El Orgullo ha tenido un gran éxito en Turquía en los últimos años. En 2015, las autoridades de Estambul prohibieron las marchas del Orgullo, que llevaban 12 años celebrándose pacíficamente. Sin embargo, las personas dedicadas al activismo y aliadas se han negado a ser silenciadas y siguen reuniéndose orgullosamente para el Orgullo de Estambul y el Orgullo Trans de Estambul, que se organiza aparte para hablar de temas como la salud, la visibilidad y los derechos constitucionales de las personas trans+ en un intento de exigir sus derechos.

En vísperas del tercer aniversario del encarcelamiento el 14 de julio de Ales Bialiatski, galardonado con el Premio Nobel de la Paz y presidente del Centro de Derechos Humanos “Viasna”, cuya salud, según los informes, se está deteriorando rápidamente, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:

“En todo el mundo, diversos sistemas tecnológicos están reforzando las desigualdades de género y consolidando sistemas de poder raciales y socioeconómicos”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en un documento informativo titulado Gender and Human Rights in the Digital Age.

En toda Europa, el derecho de reunión pacífica está sufriendo una fuerte embestida a medida que los Estados deslegitiman, estigmatizan, criminalizan y reprimen cada vez más a quienes se manifiestan pacíficamente, imponiendo restricciones injustificadas y punitivas y recurriendo a medios cada vez más represivos para acallar la disidencia; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Antes de la primera sesión plenaria del recién elegido Parlamento Europeo, más de 90 organizaciones humanitarias y de derechos humanos piden a la nueva Unión Europea que adopte una postura firme para mantener el derecho de asilo y el Estado de derecho.