“Detenciones arbitrarias generalizadas, desapariciones forzadas, prohibiciones de reuniones y ataques para silenciar a familias de víctimas caracterizan la asfixiante militarización impuesta en Irán por las autoridades de la República Islámica después de las masacres perpetradas en las protestas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Los vídeos verificados y la información fidedigna procedente de testigos en Irán revelan cómo se están cometiendo homicidios ilícitos masivos en una escala sin precedentes en un contexto de interrupción continua de las conexiones de Internet impuesta por las autoridades desde el 8 de enero para ocultar sus crímenes. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Tras el cierre de Internet y de las telecomunicaciones impuesto por las autoridades iraníes el 8 de enero de 2026, cuando las protestas en todo el país se intensificaron tras su estallido el 28 de diciembre de 2025, Rebecca White, investigadora del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional, ha declarado:
Desde el 28 de diciembre de 2025, las autoridades iraníes han desatado una sangrienta represión contra quienes se manifiestan en todo el país, caracterizada por el uso ilegítimo de la fuerza y de armas de fuego y las detenciones arbitrarias masivas por las fuerzas de seguridad, han afirmado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Ante la presentación el 16 de octubre de 2025 del informe del secretario general de la ONU sobre Irán, y el 30 de octubre de 2025 de los informes de la relatora especial y de la Misión Independiente de Investigación de la ONU sobre Irán en la Tercera Comisión de la Asamblea General, Hussein Baoumi, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
Las autoridades iraníes han ejecutado a más de 1.000 personas en lo que va de 2025, la cifra más alta de ejecuciones anuales en Irán que la organización ha registrado en al menos los últimos 15 años, según Amnistía Internacional. La organización insta a las autoridades iraníes a que establezcan una moratoria inmediata de las ejecuciones como primer paso, y hace un llamamiento urgente a otros Estados para que intervengan de inmediato y presionen a las autoridades iraníes, para que suspendan todas las ejecuciones previstas.
“Las autoridades iraníes están llevando a cabo una represión aterradora so pretexto de la seguridad tras las hostilidades con Israel en junio de 2025”, han declarado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El agravamiento de la crisis pone de relieve la necesidad urgente de que la comunidad internacional adopte medidas concretas de rendición de cuentas en materia penal.
Ante la noticia de que dos disidentes políticos torturados, Behrouz Ehsani, de 69 años, y Mehdi Hassani, de 48, fueron ejecutados arbitrariamente y en secreto en la prisión de Ghezel Hesar de Karaj (provincia de Alborz) el 27 de julio, Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha manifestado:
Los ataques aéreos lanzados deliberadamente por las fuerzas armadas israelíes contra la prisión de Evín, en Teherán, el 23 de junio de 2025 constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario y deben ser investigados penalmente como crímenes de guerra, ha manifestado hoy Amnistía Internacional tras investigar el caso a fondo.
“Las autoridades iraníes deben paralizar todos los planes de llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y proteger frente a la desaparición forzada, y la tortura y otros malos tratos a todas las personas arrestadas por acusaciones de espionaje para Israel”.
A medida que aumenta el número de civiles que sufren las crueles consecuencias de la aterradora escalada militar en Irán e Israel desde el 13 de junio de 2025, y ante las amenazas de que se intensifique la escalada del conflicto, Amnistía Internacional insta a las autoridades israelíes e iraníes a cumplir con su obligación, contraída en virtud del derecho internacional humanitario, de proteger a la población civil.
Las ejecuciones en el mundo alcanzaron la cifra más alta desde 2015, con más de 1.500 personas ejecutadas en 15 países en 2024, ha afirmado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual sobre el uso global de la pena de muerte.