A medida que aumenta el número de civiles que sufren las crueles consecuencias de la aterradora escalada militar en Irán e Israel desde el 13 de junio de 2025, y ante las amenazas de que se intensifique la escalada del conflicto, Amnistía Internacional insta a las autoridades israelíes e iraníes a cumplir con su obligación, contraída en virtud del derecho internacional humanitario, de proteger a la población civil.

Las ONG piden medidas inmediatas para poner fin al letal programa de distribución israelí en Gaza (que incluye la llamada Fundación Humanitaria de Gaza), volver a los mecanismos de coordinación dirigidos por la ONU y levantar el bloqueo impuesto por el gobierno israelí sobre los envíos comerciales y de ayuda humanitaria. Los 400 puntos de distribución de ayuda humanitaria que estuvieron activos durante el cese temporal de hostilidades en toda Gaza han sido sustituidos por sólo cuatro puntos de distribución controlados por militares, lo que obliga a dos millones de personas a acudir a zonas militarizadas superpobladas donde sufren tiroteos a diario y muchas mueren al intentar acceder a alimentos y verse privadas de cualquier otro suministro vital.

En un contexto de agravamiento de la crisis del costo de la vida y medioambiental, y a pesar de haber prometido reiteradamente que iban a defender la justicia económica y social para las personas más desfavorecidas, en los últimos cinco años las autoridades tunecinas han actuado contra personas de comunidades marginadas y pobres por protestar pacíficamente o hacer huelga en relación con cuestiones socioeconómicas y medioambientales, afirma Amnistía Internacional en un informe que se publica hoy.

Los Estados deben emprender urgentemente acciones en materia climática diseñando una transición justa para abandonar los combustibles fósiles en todos los sectores, y evitando así daños aún más graves para los derechos humanos en todo el mundo, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe coincidente con el inicio de la Conferencia sobre el Clima de Bonn, que tendrá lugar del 16 al 26 de junio.

El 1 de junio de 2025, 12 personas zarparon en el Madleen con el objetivo de romper el bloqueo ilegal israelí de la Franja de Gaza ocupada y entregar alimentos y suministros médicos que allí se necesitan desesperadamente.

En respuesta a la imposición por parte del presidente Trump de una nueva prohibición discriminatoria de viajar a las personas procedentes de Afganistán, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen, así como una prohibición parcial a las personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:

El ejército israelí ha desplazado a decenas de miles de palestinos y palestinas destruyendo casas e infraestructuras civiles en los campos de refugiados de Yenín y Tulkarem hasta dejarlos inhabitables como parte de la brutal operación militar que está llevando a cabo en la Cisjordania ocupada. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

En respuesta al anuncio de una tercera fase de cooperación entre el gobierno de Arabia Saudí y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover reformas destinadas a establecer unas condiciones de trabajo decentes, Iain Byrne, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, ha declarado:

En respuesta a la decisión del gobierno estadounidense de vetar un borrador de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego inmediato en los territorios ocupados de la Franja de Gaza, la libertad de los rehenes y el “levantamiento inmediato e incondicional de todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria”, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:

Ante la noticia de la desaparición forzada del defensor sudanés de los derechos humanos y solicitante de asilo Mohammed Adam, conocido como “Tupac”, tras ser secuestrado por agentes de la embajada sudanesa en Trípoli, la capital de Libia, el 19 de mayo, Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, ha declarado:

Con motivo de la conclusión, el 27 de mayo, de la revisión por el Parlamento noruego de la propuesta de desinvertir el fondo de pensiones gubernamental de empresas que operan ilegalmente en el Territorio Palestino Ocupado (TPO), Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

“El nuevo gobierno de Siria debe tomar pasos inmediatos y concretos hacia la justicia, la verdad y la reparación que aborden el devastador legado de abusos del país, y emprender con urgencia una reforma basada en los derechos humanos para prevenir nuevas violaciones”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.