Las autoridades tunecinas deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones al abogado Ahmed Souab y retirar todos los cargos que pesan contra él, pues derivan únicamente del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de su profesión, la abogacía, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
La imposición el 19 de abril de duras penas de entre 13 y 66 años de prisión a 40 personas —entre ellas destacadas figuras de la oposición política, profesionales de la abogacía, y defensores y defensoras de los derechos humanos— declaradas culpables de cargos falsos por el Juzgado de Primera Instancia de Túnez es una señal alarmante de todo lo que las autoridades están dispuestas a hacer para sofocar la disidencia pacífica en el país.
Las autoridades egipcias deben suspender todos los planes de devolución de un solicitante de asilo sirio que está en peligro de ser deportado a Siria el miércoles 9 de abril y poner fin a la represión que ejercen contra miembros de la Religión Ahmadí de la Paz y la Luz, han afirmado hoy Amnistía Internacional y la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR, por sus siglas en inglés).
Las autoridades egipcias deben poner en libertad inmediata e incondicional a Oqba Hashad, estudiante egipcio que lleva casi seis años recluido en una prolongada prisión preventiva exclusivamente como castigo por el activismo de derechos humanos de su hermano. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Esta demanda se ve amplificada por un importante aumento del apoyo global, evidenciado por las casi 33.000 firmas reunidas en la campaña de Amnistía Internacional Escribe por los Derechos para pedir su liberación.
Las autoridades egipcias deben poner fin a sus represalias contra personas recluidas en la Prisión 10 de Ramadán por su huelga de hambre para protestar por su detención arbitraria y exigir el fin de sus condiciones crueles e inhumanas, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Las autoridades egipcias deben liberar de inmediato a las decenas de personas detenidas arbitrariamente y procesadas por cargos de terrorismo sólo por publicar contenido online de apoyo a los llamamientos en favor del fin del régimen de Abdel Fatah al Sisi; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Las detenciones tuvieron lugar en el periodo previo al aniversario de la revolución del 25 de enero de 2011, cuando las autoridades incrementaron sistemáticamente las medidas de represión para impedir cualquier protesta pacífica.
Las autoridades tunecinas han aumentando la represión contra las personas LGBTI llevando a cabo decenas de arrestos durante los últimos meses, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
En vísperas de la apelación, ante el Tribunal de Casación, contra la injusta condena de cinco años de prisión impuesta a Badr Mohamed —cuando tenía 17 años— en relación con las protestas de la plaza Ramsés, que tuvieron lugar el 16 de agosto de 2013, Souleimene Benghazi, responsable de campañas sobre Egipto de Amnistía Internacional, ha declarado:
Ante los informes de la detención en Italia de Osama Njeem, miembro durante mucho tiempo de la milicia radicada en Trípoli denominada Aparato de Disuasión para Combatir el Terrorismo y el Crimen Organizado (DACTO, por sus siglas en inglés), en cumplimiento de una orden de arresto clasificada de la Corte Penal Internacional, Diana Eltahawy, directora regional adjunta de la Oficina Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, ha afirmado:
En respuesta a sendas solicitudes de extradición formuladas por las autoridades de Egipto y Emiratos Árabes Unidos en relación con Abdul Rahman al Qaradawi —poeta egipcio-turco detenido arbitrariamente por las fuerzas de seguridad libanesas a su regreso de una visita a Siria el 28 de diciembre— la directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional, Sara Hashash, ha declarado:
En una votación histórica, más de dos tercios de los países miembros de la ONU han apoyado la petición de la organización para que se establezca una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte. La votación tuvo lugar en la sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) del 17 de diciembre de 2024.
Más de cuatro años después de la expulsión del grupo armado Al Kaniat de la ciudad libia de Tarhouna, las personas sobrevivientes y familiares de las víctimas de su inclemente reinado de terror, con fosas comunes, homicidios ilegítimos, tortura y desapariciones forzadas, siguen encontrando dificultades para recibir justicia y reparaciones adecuadas, según ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.