La conferencia de alto nivel de la ONU que se celebrará la semana próxima para debatir un arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución biestatal debe centrarse en la aplicación inmediata y efectiva del derecho internacional, incluidas las obligaciones de los Estados de prevenir y sancionar el genocidio y el apartheid y poner fin a la ocupación ilegal por parte de Israel de territorio palestino. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un documento de trabajo de incidencia publicado hoy.

Ante la decisión de la UE de no suspender el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel, Agnès Callamard secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

Durante los últimos seis meses, los titulares han estado plagados de historias de miedo, división y odio. Sin embargo, activistas de todo el mundo han seguido trabajando para asegurarse de que prevalezca la esperanza. Estas son algunas de las victorias para los derechos humanos logradas de enero a junio de 2025 de las que podemos enorgullecernos.

Con motivo de una visita a Libia del comisario de Migración y varios ministros y ministras de la UE para debatir la cooperación sobre migración el 8 de julio, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado:

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

En respuesta a la revisión del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel realizado por la Comisión Europea, que encontró “indicios” de que Israel está incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha manifestado:

Las ONG piden medidas inmediatas para poner fin al letal programa de distribución israelí en Gaza (que incluye la llamada Fundación Humanitaria de Gaza), volver a los mecanismos de coordinación dirigidos por la ONU y levantar el bloqueo impuesto por el gobierno israelí sobre los envíos comerciales y de ayuda humanitaria. Los 400 puntos de distribución de ayuda humanitaria que estuvieron activos durante el cese temporal de hostilidades en toda Gaza han sido sustituidos por sólo cuatro puntos de distribución controlados por militares, lo que obliga a dos millones de personas a acudir a zonas militarizadas superpobladas donde sufren tiroteos a diario y muchas mueren al intentar acceder a alimentos y verse privadas de cualquier otro suministro vital.

En respuesta a la decisión del gobierno estadounidense de vetar un borrador de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego inmediato en los territorios ocupados de la Franja de Gaza, la libertad de los rehenes y el “levantamiento inmediato e incondicional de todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria”, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:

Ante la noticia de que las autoridades rusas han declarado “organización indeseable” a Amnistía Internacional y, por tanto, criminalizado sus actividades y toda asociación con ella en Rusia, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:

El Tribunal de Apelación de Bruselas ha dictado una resolución en la que establece que el modelo de consentimiento que sustenta la publicidad basada en el seguimiento por parte de las grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft, Amazon y X en Europa es incompatible con la legislación de protección de datos de la UE. En respuesta a ella, Hannah Storey, asesora de política de Amnistía Internacional sobre Tecnología y Derechos Humanos, ha declarado:

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) Amnistía Internacional, La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y las organizaciones abajo firmantes acogen con satisfacción las medidas adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa para establecer el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, aunque lamentablemente aún no se han hecho públicos los detalles definitivos sobre el marco jurídico del mecanismo, incluido su estatuto. En este sentido, las organizaciones instan al Consejo de Europa a que publique urgentemente el proyecto de Estatuto del Tribunal para garantizar la transparencia y la participación de la sociedad civil, especialmente de víctimas y sobrevivientes, tanto en la creación del Tribunal como, por supuesto, en sus procedimientos.

Lima, 15 de abril de 2025