Ante la decisión del Gabinete de Seguridad de Israel de aprobar los planes del primer ministro Benjamin Netanyahu de “tomar el control” de la Ciudad de Gaza, donde actualmente tratan de sobrevivir en condiciones inhumanas casi un millón de personas palestinas, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:
En respuesta a la primera opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que aclara las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático, Mandi Mudarikwa, directora de Litigio Estratégico de Amnistía Internacional, ha declarado:
La conferencia de alto nivel de la ONU que se celebrará la semana próxima para debatir un arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución biestatal debe centrarse en la aplicación inmediata y efectiva del derecho internacional, incluidas las obligaciones de los Estados de prevenir y sancionar el genocidio y el apartheid y poner fin a la ocupación ilegal por parte de Israel de territorio palestino. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un documento de trabajo de incidencia publicado hoy.
Las ONG piden medidas inmediatas para poner fin al letal programa de distribución israelí en Gaza (que incluye la llamada Fundación Humanitaria de Gaza), volver a los mecanismos de coordinación dirigidos por la ONU y levantar el bloqueo impuesto por el gobierno israelí sobre los envíos comerciales y de ayuda humanitaria. Los 400 puntos de distribución de ayuda humanitaria que estuvieron activos durante el cese temporal de hostilidades en toda Gaza han sido sustituidos por sólo cuatro puntos de distribución controlados por militares, lo que obliga a dos millones de personas a acudir a zonas militarizadas superpobladas donde sufren tiroteos a diario y muchas mueren al intentar acceder a alimentos y verse privadas de cualquier otro suministro vital.
En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que “veinticinco años después de la guerra de los seis días de Kisangani (República Democrática del Congo), que causó la muerte de cientos de civiles y heridas a miles, las víctimas siguen esperando verdad, justicia y, en su mayoría, reparación”.
“El nuevo gobierno de Siria debe tomar pasos inmediatos y concretos hacia la justicia, la verdad y la reparación que aborden el devastador legado de abusos del país, y emprender con urgencia una reforma basada en los derechos humanos para prevenir nuevas violaciones”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) Amnistía Internacional, La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y las organizaciones abajo firmantes acogen con satisfacción las medidas adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa para establecer el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, aunque lamentablemente aún no se han hecho públicos los detalles definitivos sobre el marco jurídico del mecanismo, incluido su estatuto. En este sentido, las organizaciones instan al Consejo de Europa a que publique urgentemente el proyecto de Estatuto del Tribunal para garantizar la transparencia y la participación de la sociedad civil, especialmente de víctimas y sobrevivientes, tanto en la creación del Tribunal como, por supuesto, en sus procedimientos.
Con motivo del segundo aniversario del estallido de la guerra civil en Sudán, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:
Este comunicado de prensa contiene descripciones de violencia sexual y tortura.
En respuesta a la resolución del Tribunal Superior por la que éste se declara competente para conocer y examinar el fondo de la causa en la que se acusa a Meta de promover contenidos que provocaron violencia étnica y homicidios en Etiopía entre 2020 y 2022, Mandi Mudarikwa, directora de Litigios Estratégicos de Amnistía Internacional, ha declarado:
El 6 de febrero de 2025, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dictó una orden ejecutiva autorizando sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) y su fiscal, Karim Khan. Esta orden pretende impedir que la CPI lleve a cabo su mandato independiente. Y también supone una importante amenaza para la Corte y su personal. Expertos y expertas de la ONU condenaron la decisión, calificándola de “ataque al Estado de derecho mundial” que socava la justicia internacional.