El reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada por el gobierno del presidente López Obrador hace tres años, concluye que la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”. Las recientes órdenes de aprehensión dictadas a petición de la Fiscalía General de la República contra el que fuera procurador general de la república y contra mandos militares, policías municipales y estatales, entre otros, son avances sustanciales en la búsqueda de la verdad y la justicia en este atroz crimen, señaló Amnistía Internacional.

El Departamento de Policía de Nueva York ha recibido la orden de facilitar miles de documentos que demuestran que las fuerzas policiales adquirieron y utilizaron tecnología de reconocimiento facial contra manifestantes del movimiento Black Lives Matter (BLM), después de que la Corte Suprema de Nueva York fallara a favor de Amnistía Internacional y el Proyecto Supervisión de la Tecnología de Vigilancia (proyecto STOP) en la demanda conjunta en virtud del artículo 78 que éstas habían presentado.