Al mismo tiempo que conocemos por los informes más recientes que el mundo se precipita hacia niveles de calentamiento global de al menos 2,5 °C, un nuevo documento informativo de Amnistía Internacional ilustra los efectos devastadores que ya provoca la crisis climática. En vísperas de la COP27, la organización insta a todos los Estados Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a actualizar su objetivo de reducción de las emisiones para 2030 a fin de garantizar que es compatible con el de mantener el incremento medio de la temperatura mundial por debajo de 1,5 °C. Los Estados deben comprometerse a prescindir gradualmente del uso y la producción de combustibles fósiles sin recurrir a “atajos” dañinos de eficacia no demostrada, como los mecanismos de retirada del carbón, y crear un fondo para daños y perjuicios que ofrezca reparación a las personas cuyos derechos han sido vulnerados a causa de la crisis climática.

Para combatir la desigualdad y discriminación, los Estados de las Américas deben adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el disfruto pleno de los derechos económicos sociales y culturales en la región, dijo Amnistía Internacional hoy en una carta abierta a los y las jefes de Estado que asistirán a la 52° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Asimismo, deben garantizar la protección de las personas refugiadas y migrantes, quienes enfrentan altos niveles de violencia y discriminación basada en su género, raza o nacionalidad, entre otros factores. 

La aprobación de la iniciativa que formaliza la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa (SEDENA), haciendo oficial su carácter militar, por parte del Senado de la República, representa un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos en México, dijo Amnistía Internacional hoy.

El reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, creada por el gobierno del presidente López Obrador hace tres años, concluye que la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”. Las recientes órdenes de aprehensión dictadas a petición de la Fiscalía General de la República contra el que fuera procurador general de la república y contra mandos militares, policías municipales y estatales, entre otros, son avances sustanciales en la búsqueda de la verdad y la justicia en este atroz crimen, señaló Amnistía Internacional.

El Departamento de Policía de Nueva York ha recibido la orden de facilitar miles de documentos que demuestran que las fuerzas policiales adquirieron y utilizaron tecnología de reconocimiento facial contra manifestantes del movimiento Black Lives Matter (BLM), después de que la Corte Suprema de Nueva York fallara a favor de Amnistía Internacional y el Proyecto Supervisión de la Tecnología de Vigilancia (proyecto STOP) en la demanda conjunta en virtud del artículo 78 que éstas habían presentado.