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  • El Salvador: Ratificación de reforma constitucional profundiza el riesgo de abusos de derechos humanos

    La consolidación de un modelo de poder ejecutivo sin contrapesos en El Salvador avanza con rapidez. La ratificación de la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, ocurrida el 29 de enero de 2025, pone en grave riesgo la protección de los derechos humanos al reducir drásticamente el espacio de debate y participación ciudadana en la toma de decisiones de gran calado para el país. Al respecto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó:

  • Nicaragua: La maquinaria represiva de Ortega continúa sofocando cualquier disidencia

    Amnistía Internacional ha nombrado hoy a Brooklyn Rivera, líder indígena miskito, como Preso de Conciencia y llama a las autoridades nicaragüenses a disponer su libertad inmediata e incondicional. A la vez, la organización emitió una declaración pública en la que continúa denunciando el modelo represivo del gobierno de Daniel Ortega, que ha sumido a Nicaragua en una crisis de derechos humanos sin precedentes y que sigue profundizándose luego de seis años.

  • Global: La Asamblea General de la ONU debe iniciar negociaciones formales respecto a la Convención sobre los Crímenes de Lesa Humanidad

    Los Estados miembros de la ONU deben apoyar una resolución para iniciar sin demora las negociaciones formales de una Convención para la Prevención y la Sanción de los Crímenes de Lesa Humanidad, con el objetivo de fortalecer el marco de justicia internacional y reducir considerablemente las zonas de seguridad que impiden investigar y enjuiciar a los autores de los crímenes, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

  • Nicaragua: La represión sin límites continúa siendo desplegada por las autoridades

    La crisis en Nicaragua sigue su curso, mientras el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa instrumentalizando las instituciones del Ejecutivo, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial para legitimar su agenda represiva y garantizar la impunidad de los crímenes del derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos bajo su gobierno. En este contexto, cualquier forma de disidencia y ejercicio de libertades, ya sea política, social o religiosa, siguen siendo imposibles de ejercer sin represión estatal.