Para combatir la creciente criminalización de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas en todo el mundo, Amnistía Internacional, el Foro Africano de Supervisión Civil de la Policía (APCOF) y Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) publicarán el 27 de noviembre un informe en el que expondrán una serie de estrategias legales y de incidencia para proteger las voces críticas frente a la discriminación, el hostigamiento, el procesamiento y el encarcelamiento.

El liderazgo de la COP30 deben situar a las personas —no el beneficio económico ni el poder— en el centro de las negociaciones, comprometiéndose a proteger y atender las demandas del activismo para intensificar la acción climática que el planeta necesita urgentemente: una eliminación gradual completa, rápida, equitativa y financiada de los combustibles fósiles y una transición justa hacia la energía sostenible para todas las personas, en todos los sectores, ha afirmado Amnistía Internacional en la antesala de la cumbre anual de la ONU sobre el clima en Brasil.

Amnistía Internacional lamenta profundamente la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz (32) a causa del impacto de un disparo de arma de fuego, de acuerdo con el Ministerio Público, en el contexto de las movilizaciones sociales desarrolladas ayer en Lima. Instamos a las autoridades a llevar a cabo investigaciones céleres e imparciales que permitan identificar y sancionar a los responsables, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. 

Amnistía Internacional rechaza la promulgación de la ley que concede amnistía a perpetradores de crímenes de derecho internacional y que, bajo la figura de “amnistía humanitaria”, permite liberar a personas mayores de 70 años con sentencias firmes o en trámite de ejecución de sentencia. 

Lima, 13 de junio de 2025.- Amnistía Internacional rechaza el proyecto de ley 7549, aprobado por el Congreso en primera votación, que propone brindar amnistías a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía, miembros de comités de autodefensa y funcionarios del Estado sin sentencia firme por “casos vinculados a la lucha contra el terrorismo en el periodo 1980-2000”. Asimismo, establece una “amnistía humanitaria” para personas mayores de 70 años que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada o en trámite de ejecución de sentencia. 

Lima, 15 de abril de 2025

Lima, 13 de marzo de 2025

Ahora que Donald Trump toma posesión de su cargo como 47 presidente de los Estados Unidos de América, los directores y directoras ejecutivos de todas las Secciones de Amnistía Internacional en las Américas se han unido para expresar sus motivos de preocupación en torno al programa de gobierno del presidente Trump, a las posibles amenazas para los derechos humanos, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y al impacto del mandato del nuevo presidente en la región de las Américas en especial. Los directores y directoras de Amnistía Internacional también han recordado al gobierno estadounidense entrante sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que posiblemente pondrán a prueba las respuestas que requiere la humanidad, en un entorno difícil y polarizado.

Dos familiares de las víctimas de la letal represión estatal de las protestas de 2022 y 2023 en Perú viajarán a Europa para reunirse con líderes internacionales y compartir su preocupación ante la falta de justicia tras uno de los episodios más graves de violaciones de derechos humanos en la historia reciente de Perú. Yovanna Mendoza y Mario Ilaquita, cuyos familiares se encontraban entre las 50 personas que murieron a manos de la policía y el ejército durante las protestas, visitarán Londres, Madrid y Ginebra, con el apoyo de Amnistía Internacional.

En respuesta a la convocatoria de organizaciones sociales de todo Perú de nuevas movilizaciones en Lima, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:

La Fiscalía de la Nación de Perú debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad que se saldó con 49 muertes durante las protestas celebradas de diciembre a febrero. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.

Ante las medidas implementadas por los gobiernos de Chile y Perú de militarizar sus fronteras, y el estado de emergencia declarado ayer por el gobierno de la presidenta Boluarte en Perú en respuesta a la llegada de personas migrantes, principalmente provenientes de Venezuela y Haití, Amnistía Internacional recuerda a los gobiernos que se trata de una crisis de personas en necesidad de protección internacional, quienes requieren una atención integral que ponga los derechos humanos en el centro de la respuesta de ambos gobiernos.