Vanessa Mendoza Cortés, activista que trabaja sobre el derecho al aborto, jamás debería haber sido acusada de un delito o juzgada por defender los derechos humanos. Así lo han manifestado Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y Women’s Link en vísperas de su juicio por difamación, que se celebrará el lunes.Vanessa Mendoza Cortés, presidenta de la organización de la sociedad civil Stop Violències, fue acusada de difamación criminal tras manifestar la preocupación por la prohibición total del aborto en Andorra durante una reunión celebrada por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para examinar el historial del país sobre los derechos de las mujeres en 2019.“Este juicio de motivación política es el más reciente intento de las autoridades andorranas de silenciar las críticas sobre el nocivo impacto de su prohibición total del aborto. Este procesamiento es un intento deliberado y escandaloso de castigar a una respetada defensora de los derechos humanos por su participación en una reunión de la ONU”, ha manifestado Monica Costa Riba, directora de Campañas de Amnistía Internacional sobre Justicia de Género en Europa.En 2020, la fiscalía presentó tres cargos de difamación criminal contra Vanessa pero, a causa de la indignación internacional, dos de los cargos que acarreaban penas de prisión fueron retirados. En la actualidad, Vanessa está acusada de “un delito contra el prestigio de las instituciones” y, si es declarada culpable, se enfrenta a una multa de 6.000 euros, otros 6.000 euros en concepto de daños civiles, y una prohibición de ocupar ningún cargo público durante seis meses.