Amnistía Internacional lanza una nueva campaña en la que pide a personas de todo el mundo que ayuden a hacer visible para toda la población el apoyo público al derecho al aborto.
El Estado marroquí no está cumpliendo su obligación de garantizar unos servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, asequibles y de calidad, incluidos servicios de aborto, lo que aboca a mujeres y niñas a situaciones peligrosas y viola sus derechos humanos; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional insta a los accionistas de Dow, empresa con sede en Estados Unidos, a considerar la posibilidad de retirar sus inversiones de esta empresa química si no cumple rápidamente sus responsabilidades de derechos humanos respecto a las más de 500.000 personas que siguen sufriendo por el desastre de Bhopal, uno de los incidentes industriales más graves del mundo.
Por Lisa Maracani y Josefina Salomón*.
Hace 30 años, la Conferencia de El Cairo y su Programa de Acción supusieron un hito para el movimiento en favor de los derechos sexuales y reproductivos y su reconocimiento como cuestión de derechos humanos en el derecho internacional.
Ante la votación en el Congreso francés para consagrar el aborto como libertad garantizada en la Constitución francesa, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
Ante el anuncio del acuerdo político alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE en torno a la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, la directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, Eve Geddie, ha declarado:“El acuerdo adoptado hoy es profundamente decepcionante y queda muy lejos del histórico paso adelante en la lucha contra la violencia basada en el género por la que llevamos tiempo haciendo campaña”.“Aunque contiene elementos positivos, muchas propuestas excelentes de la Comisión y del Parlamento que habrían introducido unas medidas enérgicas y vinculantes fueron innecesariamente rechazadas por los Estados miembros. Entre ellas figuran la introducción de una definición de violación armonizada y basada en el consentimiento, bloqueada, entre otros, por Francia y Alemania, y la obligación de garantizar unos mecanismos de denuncia seguros para las mujeres en situación irregular”.“Aunque acogemos con satisfacción el reconocimiento de la discriminación interseccional en la Directiva, es flagrante la omisión en el artículo 35 de grupos que corren mayor riesgo de violencia de género como los de las mujeres LBTQI, las mujeres en situación irregular y las mujeres que ejercen el trabajo sexual”.“Recordamos a los gobiernos que esta directiva sólo establece unas normas mínimas y pedimos a los Estados miembros que apunten mucho más alto en su aplicación”.Información complementariaDurante la negociación del borrador de esta directiva, Amnistía y otras entidades asociadas de la sociedad civil instaron al Parlamento, al Consejo y a la Comisión que tuvieran en cuenta las recomendaciones que reforzarían la protección de los derechos de las personas sobrevivientes de violencia de género y de la violencia de género en el ámbito familiar.Se analizará el texto íntegro de la Directiva en cuanto esté disponible.
Vanessa Mendoza Cortés, activista que trabaja sobre el derecho al aborto, jamás debería haber sido acusada de un delito o juzgada por defender los derechos humanos. Así lo han manifestado Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y Women’s Link en vísperas de su juicio por difamación, que se celebrará el lunes.Vanessa Mendoza Cortés, presidenta de la organización de la sociedad civil Stop Violències, fue acusada de difamación criminal tras manifestar la preocupación por la prohibición total del aborto en Andorra durante una reunión celebrada por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para examinar el historial del país sobre los derechos de las mujeres en 2019.“Este juicio de motivación política es el más reciente intento de las autoridades andorranas de silenciar las críticas sobre el nocivo impacto de su prohibición total del aborto. Este procesamiento es un intento deliberado y escandaloso de castigar a una respetada defensora de los derechos humanos por su participación en una reunión de la ONU”, ha manifestado Monica Costa Riba, directora de Campañas de Amnistía Internacional sobre Justicia de Género en Europa.En 2020, la fiscalía presentó tres cargos de difamación criminal contra Vanessa pero, a causa de la indignación internacional, dos de los cargos que acarreaban penas de prisión fueron retirados. En la actualidad, Vanessa está acusada de “un delito contra el prestigio de las instituciones” y, si es declarada culpable, se enfrenta a una multa de 6.000 euros, otros 6.000 euros en concepto de daños civiles, y una prohibición de ocupar ningún cargo público durante seis meses.
Amnistía Internacional afirma en un nuevo informe publicado hoy que las personas que defienden el derecho al aborto y que prestan servicios esenciales están siendo objeto de estigmatización, intimidación, ataques y procesamientos injustos, de modo que el desempeño de su trabajo es cada vez más difícil y peligroso.
En febrero de 2020, alguien puso a Justyna en contacto con Ania, una mujer que vivía con una pareja maltratadora. Ania estaba embarazada y desesperada, e insistía en que prefería morir antes que seguir adelante con la gestación. Justyna había sobrevivido ella misma a una relación de malos tratos, y supo que debía ayudar a Ania: le envió por correo postal sus propias píldoras abortivas, pero la pareja de Ania interceptó el paquete y avisó a la policía, que confiscó las pastillas.
Escribe por los Derechos, la campaña anual de Amnistía Internacional, transforma la vida de personas cuyos derechos han sido vulnerados.
Ante el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, que se conmemora el 28 de septiembre, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo: