Los tribunales chinos utilizan sistemáticamente como arma imprecisas leyes de seguridad nacional y orden público para silenciar a quienes defienden los derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe que expone el papel central del poder judicial en el mantenimiento de la represión de las libertades fundamentales por parte de las autoridades de Pekín.

Amnistía Internacional advierte que el régimen de excepción prorrogado por el gobierno y las reformas al sistema penal han desvirtuado el Estado de Derecho en El Salvador. Ello, al consolidar un aparato represivo que, en lugar de impartir justicia de manera imparcial, se utiliza como un arma para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos y para silenciar las voces críticas, exponiéndolas a un régimen carcelario que atenta contra su integridad personal y su vida. 

Las autoridades polacas deben poner fin a la investigación sobre la conducta de una médica que practicó un aborto legal en una fase avanzada del embarazo y tomar medidas para garantizar su seguridad tras los ataques físicos y en línea que ha recibido, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en una declaración publicada hoy. 

Amnistía Internacional rechaza la promulgación de la ley que concede amnistía a perpetradores de crímenes de derecho internacional y que, bajo la figura de “amnistía humanitaria”, permite liberar a personas mayores de 70 años con sentencias firmes o en trámite de ejecución de sentencia. 

Ante la condena a dos años de cárcel de la destacada periodista georgiana Mzia Amaghlobeli, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:

La reciente aprobación de una reforma constitucional por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador que modifica elementos sustantivos del sistema político y electoral representan el ejemplo más reciente de una preocupante tendencia hacia el uso del poder legislativo, sin contrapesos efectivos, para introducir cambios estructurales a la Constitución y a otras normas fundamentales que ponen en riesgo los derechos humanos.  

La condena masiva de miembros de la oposición en el “caso de conspiración 2” de Túnez es un nuevo ejemplo de las continuas restricciones impuestas por las autoridades tunecinas al espacio de la sociedad civil y de la erosión de la independencia judicial y las garantías procesales, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

“Las autoridades iraníes deben paralizar todos los planes de llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y proteger frente a la desaparición forzada, y la tortura y otros malos tratos a todas las personas arrestadas por acusaciones de espionaje para Israel”.

Este 8 de mayo Amnistía Internacional lanzó una acción urgente exigiendo la libertad inmediata e incondicional de los líderes de oposición y presos de conciencia José Daniel Ferrer García y Félix Navarro, y todas las personas injustamente encarceladas solo por ejercer sus derechos humanos en Cuba.

Al cumplirse los primeros 100 días de la presidencia de Trump, Amnistía Internacional pone de relieve la crisis de derechos humanos impulsada por las prácticas autoritarias, las políticas discriminatorias y racistas y la peligrosa retórica de su administración.

La imposición el 19 de abril de duras penas de entre 13 y 66 años de prisión a 40 personas —entre ellas destacadas figuras de la oposición política, profesionales de la abogacía, y defensores y defensoras de los derechos humanos—  declaradas culpables de cargos falsos por el Juzgado de Primera Instancia de Túnez es una señal alarmante de todo lo que las autoridades están dispuestas a hacer para sofocar la disidencia pacífica en el país.  

El 14 de enero las autoridades cubanas anunciaron que “en el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025” y tras conversaciones con el Papa Francisco excarcelarían 553 personas. Paralelamente, el gobierno de EE. UU. anunciaba, junto a otras medidas, la salida de Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. Aunque ambos países negaron un acuerdo, fuentes de la Casa Blanca confirmaron que tras su anuncio serían liberadas un número significativo de personas, especialmente relacionadas con las protestas del 11 de julio de 2021.Hasta la fecha, organizaciones de derechos humanos cubanas registran la excarcelación de más de 171 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Al respecto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló: