Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

Ante la noticia del devastador terremoto que ha sacudido las provincias orientales de Afganistán, Babu Ram Pant, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha manifestado:

“Israel está llevando a cabo una campaña deliberada de hambre en la Franja de Gaza ocupada que destruye sistemáticamente la salud, el bienestar y el tejido social de la vida palestina”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, que da a conocer escalofriantes nuevos testimonios de civiles víctimas del desplazamiento y del hambre. Estos testimonios ponen de relieve las reiteradas conclusiones de la organización de que la combinación letal de hambre y enfermedad no es un desafortunado daño colateral de las operaciones militares de Israel, sino el resultado previsto de los planes y políticas que Israel ha diseñado e implementado en los últimos 22 meses para infligir deliberadamente a la población palestina de Gaza unas condiciones de vida calculadas para causar su destrucción física como parte integrante del genocidio israelí en curso de dicha población palestina en Gaza”.

Mientras el asedio impuesto por el gobierno israelí mata de hambre a la población de Gaza, el personal humanitario se está sumando ahora a las colas de alimentos, con lo que corre el riesgo de ser alcanzado por disparos sólo para alimentar a sus familias. Los suministros ya se han agotado totalmente, por lo que las organizaciones humanitarias están siendo testigos de cómo sus compañeros y aliados se consumen ante sus ojos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se establecieron hace 10 años para garantizar paz y prosperidad a las personas y al planeta, ahora y en el futuro. Sin embargo, cada vez parece menos probable alcanzarlos antes de 2030, y esto se debe a la falta de inversión significativa durante un decenio y, más recientemente, a los recortes de ayuda humanitaria por parte de donantes tan importantes como Estados Unidos y algunos países europeos.

En respuesta a los distintos conflictos sociales que han surgido durante las dos primeras semanas de mayo, el gobierno salvadoreño ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, a la militarización indebida, a la criminalización de la protesta y a amenazas de restringir aún más el espacio cívico. Estas acciones han estado dirigidas contra diversas expresiones sociales que han exigido mejoras en las condiciones de vida y mayor responsabilidad por parte del Estado.

Ante las medidas anunciadas el 6 de abril por el gobierno de Luis Abinader en materia migratoria, en particular un protocolo para el acceso de personas migrantes a los servicios de salud públicos en la República Dominicana, Amnistía Internacional declaró:

“Las autoridades de Ghana no han protegido ni han hecho cumplir los derechos humanos de cientos de víctimas de acusaciones de brujería y de ataques rituales que las obligaron a huir de su comunidad temiendo por su vida”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Debe abrirse una investigación independiente e imparcial sobre las circunstancias en las que al menos 15 profesionales médicos y trabajadores de salvamento palestinos, que habían viajado al sur de Gaza para llevar a cabo una operación de salvamento, murieron por disparos tras abrir fuego las fuerzas israelíes contra sus vehículos, ha afirmado hoy Amnistía internacional, reiterando las peticiones de que se permita de inmediato el acceso de observadores independientes a la Franja de Gaza ocupada.

El 30 de enero de 2025, la Corte Constitucional de Ecuador desestimó una acción extraordinaria de protección presentada por las “Guerreras por la Amazonia”. Este grupo de activistas, con el apoyo de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), el colectivo “Eliminen los Mecheros, Enciendan la Vida”, y sus comunidades, logró una sentencia judicial en 2021 que ordenó la eliminación de la quema de gas en mecheros en la Amazonía Ecuatoriana, así como medidas de reparación por la vulneración a sus derechos a un medio ambiente sano y la salud.

En respuesta al anuncio realizado por el gobierno del presidente Donald Trump de que Estados Unidos se retirará del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amanda Klasing, directora nacional de Relaciones con el Gobierno y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:  

En respuesta a la firma, por parte del presidente Donald Trump, de una orden ejecutiva que retira a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Amanda Klasing, directora nacional de Relaciones con el Gobierno y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado: