Haití: Las mujeres que sostienen lo que el Estado ha abandonado
Entrevista con Tina Nadine Anilus, fundadora del REFKAD por Paloma Meurinne, voluntaria para el equipo Caribe en la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional
Entrevista con Tina Nadine Anilus, fundadora del REFKAD por Paloma Meurinne, voluntaria para el equipo Caribe en la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional pide al gobierno sueco que reforme ya la legislación para aclarar que todas las personas ciudadanas de la UE que se encuentren en el país, independientemente de la duración de su estancia o de si poseen seguro médico en su país de origen, tienen derecho a atención y servicios médicos subvencionados.
En respuesta a la presidencia de la República Dominicana de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló:
En todo el mundo, gobiernos y otros actores están haciendo retroceder avances en materia de igualdad de género, incluido el acceso al aborto, que costó decenios realizar. Pero la gente está luchando para impedirlo, firmemente decidida a proteger los derechos que tantas personas pelearon por conquistar.
Las personas mayores de Gaza sufren una crisis de salud física y mental desatendida en el contexto del bloqueo continuo de Israel a la ayuda y los medicamentos esenciales, y de su prohibición reciente de las organizaciones humanitarias, según revela un nuevo estudio de HelpAge International y Amnistía Internacional.
En un contexto de propagación de las prácticas autoritarias, colapso climático y erosión del derecho internacional, el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) Amnistía Internacional lanza su campaña anual Escribe por los Derechos para apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y mostrar que la humanidad debe triunfar.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Ante la noticia del devastador terremoto que ha sacudido las provincias orientales de Afganistán, Babu Ram Pant, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha manifestado:
“Israel está llevando a cabo una campaña deliberada de hambre en la Franja de Gaza ocupada que destruye sistemáticamente la salud, el bienestar y el tejido social de la vida palestina”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, que da a conocer escalofriantes nuevos testimonios de civiles víctimas del desplazamiento y del hambre. Estos testimonios ponen de relieve las reiteradas conclusiones de la organización de que la combinación letal de hambre y enfermedad no es un desafortunado daño colateral de las operaciones militares de Israel, sino el resultado previsto de los planes y políticas que Israel ha diseñado e implementado en los últimos 22 meses para infligir deliberadamente a la población palestina de Gaza unas condiciones de vida calculadas para causar su destrucción física como parte integrante del genocidio israelí en curso de dicha población palestina en Gaza”.
Mientras el asedio impuesto por el gobierno israelí mata de hambre a la población de Gaza, el personal humanitario se está sumando ahora a las colas de alimentos, con lo que corre el riesgo de ser alcanzado por disparos sólo para alimentar a sus familias. Los suministros ya se han agotado totalmente, por lo que las organizaciones humanitarias están siendo testigos de cómo sus compañeros y aliados se consumen ante sus ojos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se establecieron hace 10 años para garantizar paz y prosperidad a las personas y al planeta, ahora y en el futuro. Sin embargo, cada vez parece menos probable alcanzarlos antes de 2030, y esto se debe a la falta de inversión significativa durante un decenio y, más recientemente, a los recortes de ayuda humanitaria por parte de donantes tan importantes como Estados Unidos y algunos países europeos.
En respuesta a los distintos conflictos sociales que han surgido durante las dos primeras semanas de mayo, el gobierno salvadoreño ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, a la militarización indebida, a la criminalización de la protesta y a amenazas de restringir aún más el espacio cívico. Estas acciones han estado dirigidas contra diversas expresiones sociales que han exigido mejoras en las condiciones de vida y mayor responsabilidad por parte del Estado.