Las fronteras no son simplemente líneas en un mapa o barreras físicas que separan un lugar de otro. Son una compleja infraestructura de control, orden social y exclusión moldeada por jerarquías raciales que hunden sus raíces en historias de colonialismo, esclavitud y otras formas de opresión, como el patriarcado. Hay voces expertas que hablan de “fronteras raciales” para referirse al hecho de que las políticas migratorias, los sistemas de asilo y la vigilancia fronteriza reproducen el racismo sistémico y la discriminación racial.

En respuesta a los acuerdos alcanzados entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre las normas de la Unión Europea (UE) en relación con el asilo, que menoscaban los fundamentos mismos de la protección de las personas refugiadas, Olivia Sundberg Diez, responsable de Amnistía Internacional ante la UE sobre cuestiones de migración y asilo, ha declarado:

Ante la posición de los ministros del Interior de la Unión Europea (UE) sobre el Reglamento de Retorno acordado hoy en Bruselas, Olivia Sundberg Diez, responsable de Amnistía Internacional ante la UE sobre cuestiones de migración y asilo, ha declarado:

Amnistía Internacional ha publicado hoy un nuevo informe en el que documenta trato cruel, inhumano y degradante en dos centros de detención de inmigrantes en Florida: el Centro de Detención de los Everglades (“Alligator Alcatraz”) y el Centro de Internamiento de Krome North (Krome).  

El 4 de diciembre de 2025, Seán Binder será juzgado ante el Tribunal de Apelación de Lesbos (Grecia) por su trabajo como voluntario de salvamento que ayuda a personas en apuros y en peligro de ahogarse en el mar. Junto con otras 23 personas acusadas, se enfrenta a cargos penales que incluyen pertenencia a una organización criminal, blanqueo de dinero y tráfico de personas (facilitar la entrada irregular en el país) y, si es declarado culpable, puede ser condenado a hasta 20 años de prisión.

La nueva investigación de Amnistía Internacional pone al descubierto cómo el sistema de permisos de residencia de Francia para trabajadoras y trabajadores migrantes atrapa a las personas racializadas en un limbo administrativo y las deja expuestas a explotación laboral, sinhogarismo y pobreza.

La plataforma de redes sociales X (antes Twitter) tuvo un papel esencial en la propagación de narrativas falsas y contenido nocivo que contribuyó a la violencia racista contra comunidades musulmanas y migrantes en Reino Unido tras el trágico asesinato de tres niñas en la localidad de Southport; así lo demuestra Amnistía Internacional en un documento explicativo técnico que ha publicado hoy. 

Con motivo de una visita a Libia del comisario de Migración y varios ministros y ministras de la UE para debatir la cooperación sobre migración el 8 de julio, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado:

En el marco del “Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana”, liderado por el Consejo Económico y Social (CES), Amnistía Internacional hace un llamado a que cualquier política migratoria futura se fundamente en el respeto absoluto a los derechos humanos, la no discriminación, la justicia racial y el acceso efectivo a mecanismos de regularización para personas migrantes y refugiadas haitianas. 

Desde el inicio de la administración de Donald Trump, Puerto Rico ha registrado un incremento inédito de operativos migratorios, marcados por el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias y la mirada indiferente de la gobernadora Jenniffer González Colón. Desde enero de 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido a, por lo menos, 568 personas, la mayoría de ellas de origen dominicano. Independientemente de su estatus migratorio, los derechos humanos de todas las personas en Puerto Rico deben ser respetados y garantizados 

En respuesta a la imposición por parte del presidente Trump de una nueva prohibición discriminatoria de viajar a las personas procedentes de Afganistán, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen, así como una prohibición parcial a las personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:

Las autoridades tunecinas deben poner en libertad a los defensores y defensoras de los derechos humanos, personal de ONG y antiguas autoridades locales que llevan un año recluidos en detención arbitraria previa al juicio a causa de su apoyo legítimo a las personas refugiadas y migrantes. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La constante represión, que forma parte de una agresión más amplia contra la sociedad civil de Túnez, se ha visto alimentada por la creciente xenofobia y ha alterado severamente la ayuda crucial para las personas refugiadas y migrantes.