Con motivo de una visita a Libia del comisario de Migración y varios ministros y ministras de la UE para debatir la cooperación sobre migración el 8 de julio, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado:
En respuesta a la imposición por parte del presidente Trump de una nueva prohibición discriminatoria de viajar a las personas procedentes de Afganistán, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen, así como una prohibición parcial a las personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:
Ante la noticia de la desaparición forzada del defensor sudanés de los derechos humanos y solicitante de asilo Mohammed Adam, conocido como “Tupac”, tras ser secuestrado por agentes de la embajada sudanesa en Trípoli, la capital de Libia, el 19 de mayo, Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, ha declarado:
En respuesta a los enfrentamientos armados que tuvieron lugar ayer en Trípoli entre diversas milicias y dieron lugar a la rendición de muchos miembros de la conocida milicia Autoridad de Apoyo a la Estabilidad (SSA) y a la muerte de su líder, Abdel Ghani al Kikli, conocido como “Gheniwa”, así como a ulteriores decisiones adoptadas hoy por el Gobierno de Unidad Nacional, entre ellas la designación de un nuevo jefe de la tristemente célebre Agencia de Seguridad Interna (ISA), radicada en Trípoli, y la disolución del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular (DCIM), Mahmoud Shalaby, investigador para Egipto y Libia de Amnistía Internacional ha afirmado:
Ante los informes de la detención en Italia de Osama Njeem, miembro durante mucho tiempo de la milicia radicada en Trípoli denominada Aparato de Disuasión para Combatir el Terrorismo y el Crimen Organizado (DACTO, por sus siglas en inglés), en cumplimiento de una orden de arresto clasificada de la Corte Penal Internacional, Diana Eltahawy, directora regional adjunta de la Oficina Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, ha afirmado:
Más de cuatro años después de la expulsión del grupo armado Al Kaniat de la ciudad libia de Tarhouna, las personas sobrevivientes y familiares de las víctimas de su inclemente reinado de terror, con fosas comunes, homicidios ilegítimos, tortura y desapariciones forzadas, siguen encontrando dificultades para recibir justicia y reparaciones adecuadas, según ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Ante el anuncio de Emad al Trabulsi, ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional (GNU) libio con sede en Trípoli, de la imposición de medidas generalizadas que reforzarían aún más la discriminación de las mujeres y las niñas, y violarían los derechos a la libertad de expresión, la religión, las creencias y la autonomía corporal, que incluyen planes para que la “policía de la moral” haga cumplir el uso obligatorio del velo, Bassam al Kantar, investigador de Amnistía Internacional sobre Libia, ha declarado:
La arraigada impunidad por las muertes bajo custodia y otros abusos graves contra los derechos humanos cometidos por grupos armados que actúan bajo el mando de las autoproclamadas Fuerzas Armadas Árabes Libias ha permitido a la Agencia de Seguridad Interna (ISA, por su sigla en inglés) intensificar su represión contra las voces críticas y la oposición política en los últimos meses, como figuras políticas, activistas, poetas y firmantes de blogs; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Ante la decisión tomada hoy por un tribunal suizo de desestimar los cargos penales de difamación y absolver a los tres autores de un informe que denunciaba que Kolmar Group AG podrían haber violado el derecho internacional al comprar petróleo libio de contrabando, Mark Dummett, director de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, ha declarado:
En el último año, la Agencia de Seguridad Interna (ISA), con sede en Trípoli, ha sometido a decenas de hombres, mujeres, niños y niñas a toda una serie de abusos —desaparición forzada, detención arbitraria y tortura, entre otros— y ha aplicado a algunas personas la pena de muerte, todo ello con el pretexto de “preservar la virtud”, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ha publicado hoy un informe introductorio sobre el generalizado y rápido despliegue de tecnologías digitales en los sistemas de gestión del asilo y la migración en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.