*Se han cambiado los nombres para proteger la identidad

Ante la noticia de la primera comparecencia del expresidente filipino Rodrigo Duterte prevista ante la Corte Penal Internacional, la investigadora de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático Rachel Chhoa-Howard ha manifestado:

Ante la noticia de que las autoridades de Filipinas han detenido al expresidente del país Rodrigo Duterte en aplicación de una orden de arresto dictada en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI) por el crimen de lesa humanidad de asesinato en relación con los homicidios cometidos en la “guerra contra las drogas”, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Los pueblos indígenas y las comunidades rurales de Filipinas están siendo sometidos a numerosos abusos contra los derechos humanos en el contexto de la rápida expansión de la extracción de níquel, componente esencial de las baterías de iones de litio”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe que pone de relieve el coste humano del aumento de la demanda global de vehículos eléctricos.

Los gigantes del vehículo eléctrico BYD, Mitsubishi y Hyundai son los fabricantes que salen peor parados en una nueva clasificación del sector en materia de derechos humanos realizada por Amnistía Internacional. El estudio revela que los principales fabricantes de vehículos eléctricos del mundo no están mostrando debidamente cómo abordan los riesgos en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro de minerales, dejando a las comunidades en peligro de explotación, riesgos para la salud y daños ambientales causados por la rápida expansión de la minería necesaria para obtener los metales empleados en la fabricación de baterías.

Las autoridades filipinas cada vez utilizan más Facebook para hacer campañas de “etiquetado en rojo” contra jóvenes activistas, especialmente a quienes investigan presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, la policía y otras agencias gubernamentales. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Los Estados miembros de la ONU deben apoyar una resolución para iniciar sin demora las negociaciones formales de una Convención para la Prevención y la Sanción de los Crímenes de Lesa Humanidad, con el objetivo de fortalecer el marco de justicia internacional y reducir considerablemente las zonas de seguridad que impiden investigar y enjuiciar a los autores de los crímenes, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Ante la noticia de que un tribunal filipino ha desestimado la última acusación fabricada contra la exsenadora filipina y defensora de los derechos humanos Leila de Lima, la directora regional adjunta de Investigación de Amnistía Internacional, Montse Ferrer, ha declarado: