Ante la noticia de que el Tribunal de Primera Instancia de Túnez declaró culpables ayer noche a los defensores de los derechos humanos Mustapha Djemali y Abderrazek Krimi, a quienes puso en libertad debido al tiempo que ya habían cumplido durante los más de 18 meses que habían pasado en detención arbitraria, Sara Hashash, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:
“Su puesta en libertad supone un enorme alivio para sus familiares, que estarán celebrando volver a reunirse con sus seres queridos tras más de 18 meses de detención arbitraria. Sin embargo, sigue siendo indignante que Mustapha Djemali y Abderrazek Krimi hayan sido detenidos —y ahora declarados culpables— por la labor humanitaria que desarrollaban para el Consejo Tunecino para las Personas Refugiadas. Estos dos defensores de los derechos humanos y trabajadores humanitarios fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a una fraudulenta investigación penal por el mero hecho de hacer su trabajo. Su organización estaba desempeñando una labor fundamental a la hora de ayudar a personas refugiadas y solicitantes de asilo en asociación con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y las autoridades tunecinas.
Estos dos defensores de los derechos humanos y trabajadores humanitarios fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a una fraudulenta investigación penal por el mero hecho de hacer su trabajo.
Sara Hashash, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África
“Mustapha Djemali, de 81 años, y Abderrazek Krimi, de 61, nunca deberían haber sido investigados, y menos aún procesados. Proporcionar cobijo y asistencia a personas vulnerables es una exigencia esencial de derechos humanos. Los cargos presentados contra ellos, como el de “fundar una organización” para “ayudar a la entrada clandestina” de migrantes suponen un uso indebido de la legislación contra el tráfico de personas con el objetivo de suprimir el espacio de la sociedad civil. Esta sentencia transmite un mensaje intimidatorio a las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos que operan en Túnez, al indicar que se arriesgan a arrestos y encarcelamientos por cumplir con su mandato.
“Es un ejemplo claro de una represión más amplia de las autoridades contra la sociedad civil y los derechos de las personas refugiadas y migrantes, que se caracteriza por arrestos arbitrarios, prácticas discriminatorias racistas y un discurso xenófobo. Las autoridades deben anular la sentencia condenatoria.
“El gobierno tunecino debe cumplir sus obligaciones de derecho internacional, incluido el derecho a la libertad de asociación y de expresión. En vez de criminalizar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, las autoridades deben hacer posible que estas personas lleven a cabo su fundamental labor sin temor a sufrir represalias, arrestos o procesamientos.”
Información complementaria
Mustapha Djemali y Abderrazek Krimi son el fundador y el director de proyectos, respectivamente, del Consejo Tunecino para las Personas Refugiadas, ONG tunecina que trabajaba con ACNUR y las autoridades tunecinas para preinscribir a personas solicitantes de asilo y proporcionar ayuda básica a las que se encontraban en situación precaria. La policía los detuvo en la ciudad de Túnez el 3 y el 4 de mayo de 2024.
El 24 de noviembre, el Tribunal de Primera Instancia de Túnez los condenó a dos años de cárcel, suspendiendo el resto de su pena tras tomar en cuenta los 18 meses que habían pasado en detención en espera de juicio. La pasada noche quedaron en libertad. El Tribunal absolvió a los otros tres integrantes del personal del Consejo que también fueron juzgados. Un cuarto miembro del personal de la organización impugnó su imputación y aún no ha sido juzgado. Las autoridades tunecinas cada vez incrementan más su represión de defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones no gubernamentales (ONG) independientes mediante arrestos arbitrarios, detenciones, congelación de activos, restricciones bancarias y suspensiones por orden judicial.