Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional para China
Tres décadas después de la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín (Beijing) en 1995, que prometía promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo, los gobiernos vuelven a reunirse en Pekín para conmemorar este aniversario especial.
Para China, la cumbre de la ONU celebrada los días 13 y 14 de octubre es el acto final y triunfal de un año de demostración de fuerza por parte de sus portavoces diplomáticos y mediáticos, que han intentado centrar la atención en sus “logros históricos en el desarrollo de la mujer” y posicionar a China como modelo global de protección de los derechos de las mujeres.
Y, sin embargo, cuando las autoridades proclamen sus “30 años de progreso” ante los dignatarios reunidos, la ausencia de las voces de las propias feministas del país será notoria.
Y el motivo es que muchas están en la cárcel, mientras que otras son amenazadas y hostigadas para que guarden silencio, tanto si aún viven en China como si han huido al extranjero.
China ha impulsado una narrativa autocomplaciente sobre los derechos de las mujeres no sólo en el territorio nacional sino también en el extranjero: desde los pasillos de las Naciones Unidas hasta las páginas web de embajadas locales y mercados mediáticos en países como Sudáfrica, Tanzania, Liberia, Ghana y Granada. El mes pasado, la prensa oficial incluso publicó dos recopilaciones de discursos de Xi Jinping en inglés con la finalidad expresa de “ayudar a los lectores internacionales a conocer en profundidad las opiniones de Xi” sobre los derechos de las mujeres y otros muchos temas con antelación a la reunión de la ONU en Pekín.
Sin embargo, lejos de participar en una marcha gloriosa hacia la igualdad de género, muchas de las mujeres chinas con las que hemos hablado ven cómo sus funciones en la sociedad están cada vez más restringidas, con el apoyo a los “valores familiares” conservadores en pleno auge y las opciones de las mujeres relegadas ante el impulso favorable al aumento de la natalidad y al crecimiento económico.
Y las opiniones de Xi son muy claras en un punto: cerrar el espacio para las voces críticas y el debate público sobre los derechos humanos, incluidos temas de mujeres y género, es esencial para la seguridad nacional.
Durante el último decenio, el Estado chino ha seguido aplicando leyes y políticas que reprimen el activismo feminista, declarando culpables a las defensoras de los derechos humanos una a una.
En 2013, activistas como la feminista Ye Haiyan y la veterana abogada de derechos humanos Wang Yu aceptaron el caso de seis alumnas de primaria que habían sufrido abusos sexuales a manos del director de su colegio. Cerca de 10 años después del incidente, Ye vive en el exilio autoimpuesto en la zona rural noroccidental de China después de haber sufrido junto con su hija un desalojo y hostigamiento, mientras que a Wang Yu le han retirado la licencia para ejercer la abogacía, tiene prohibido salir del país y sufre periódicamente detenciones breves como castigo por su trabajo de derechos humanos.
Las cinco mujeres conocidas por sus detenciones penales en 2015 debido a su labor de promoción del Día Internacional de la Mujer siguen trabajando como parte de la sociedad civil y presionando en favor del cambio político, pero procuran hacerlo preservando su seguridad y la de sus familias. Tras haber sido detenidas, el precio de alzar su voz públicamente no ha hecho sino aumentar. Huang Xueqin, periodista y activista del movimiento #MeToo, ha permanecido cuatro años en prisión por “incitar a la subversión del poder del Estado” debido a sus publicaciones en redes sociales y a sus actividades para aprender y debatir sobre movimientos sociales no violentos.
Muchas otras activistas —como Li Qiaochu, Chen Jianfang, Xu Yan y Zhang Zhan— se están consumiendo entre rejas por fallos condenatorios igualmente injustificados. He Fangmei, defensora de la seguridad de las vacunas, fue declarada culpable de “provocar peleas” y (absurdamente) de bigamia en 2024; cuando quede en libertad en 2027, habrá pasado siete de los últimos ocho años en detención. Su familia no sabe dónde están sus hijas, la menor de ellas nacida bajo custodia.
Las tendencias políticas dominantes, y barreras jurídicas como la Ley de Gestión de ONG Extranjeras de 2015, han contribuido a crear un entorno hostil para los grupos de la sociedad civil que trabajan sobre estos asuntos. En los últimos 10 años se han cerrado múltiples organizaciones que hacían un trabajo vital sobre los derechos de las mujeres y las personas LGBTI. Y el mismo enfoque se está adoptando en Internet: sólo el mes pasado, el sitio del medio digital China Digital Times documentó tres cierres de cuentas de alto perfil orientadas al feminismo en la red social WeChat.
Los tribunales chinos, que trabajan no tanto para administrar justicia como para imponer la adhesión al gobierno chino y hacer cumplir las políticas del Partido Comunista Chino en el poder, al parecer han estado tan ocupados persiguiendo activistas que no han enjuiciado debidamente la violencia de género, y ni siquiera han garantizado la aplicación efectiva de la legislación nacional contra la violencia intrafamiliar.
En el pasmoso e inhumano caso de la “mujer encadenada” en 2023, la víctima de trata de seres humanos conocida como Xiaohuamei apareció encadenada por el cuello en la provincia rural de Jiangsu a manos de un hombre que presuntamente la había encerrado, violado y torturado. Sin embargo, al concluir el juicio, las sentencias condenatorias se centraron en quienes estaban “al final de la cadena” y no hubo una investigación más exhaustiva sobre la posible responsabilidad penal de autoridades locales.
Mientras, el gobierno pregona sus políticas supuestamente progresistas en la escena internacional cuando en realidad no ha implementado las recomendaciones de expertos de la ONU en derechos de las mujeres para abordar la arraigada desigualdad de género, especialmente en el lugar de trabajo y en puestos directivos gubernamentales y del Partido Comunista Chino.
Cuando las autoridades chinas hablan con entusiasmo sobre el progreso del país en materia de derechos de las mujeres, es fundamental recordar que esa no es toda la historia. El gobierno adopta una postura de lucha contra la discriminación, pero encarcela a defensoras y criminaliza el activismo feminista, y todo por miedo a que el sistema construido por el Partido Comunista Chino se derrumbe sobre sus cabezas.
Seamos claros. El espacio para celebrar el éxito multilateral en la promoción de los derechos de las mujeres tiene valor. Puede ser que algunos de los Estados que probablemente acudan a Pekín hayan aumentado la participación política de las mujeres o el número de mujeres elegidas para ocupar los escalones más altos del poder político. Gran número de feministas y activistas de derechos humanos hablan con cariño de cómo su trayectoria en el activismo y la organización comenzó a raíz de la Conferencia de 1995.
Si el gobierno chino quisiera realmente honrar el espíritu de la Declaración de Beijing, debería dar voz a sus propias activistas en lugar de silenciarlas y perseguirlas.