Ante la noticia de que la activista de los derechos de las mujeres y de las personas trabajadoras Li Qiaochu ha sido declarada culpable y condenada a tres años y ocho meses de cárcel por “incitar a la subversión del poder del Estado”, Sarah Brooks, directora del equipo de China de Amnistía Internacional, ha declarado:
“La injusta sentencia condenatoria dictada contra Li Qiaochu es la culminación de la cruel campaña del gobierno chino para silenciarla.
“La activista ha sido hostigada y recluida por la policía durante cuatro años por dirigir un blog en el que se publicaban artículos escritos por su pareja encarcelada, el destacado jurista Xu Zhiyong. Pero también parece que las autoridades la han castigado por atreverse a publicar detalles de las torturas a las que se ha sometido a Xu y de los malos tratos que ella misma ha sufrido bajo custodia.
“Basándose en que su discurso podría derrocar al gobierno, Li ha sido perseguida sin piedad por expresar opiniones que las autoridades chinas preferían silenciar. Su sentencia condenatoria pone de relieve los grandes peligros que conlleva defender pacíficamente los derechos humanos en la China de Xi Jinping.
“Es vergonzoso que las autoridades chinas hayan encarcelado a Li por denunciar la tortura y otros malos tratos en lugar de investigar adecuadamente sus denuncias. Ahora es imprescindible que se aseguren de que la activista no es víctima de nuevos malos tratos en prisión.
“Li Qiaochu está siendo juzgada sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones”.
Información complementaria
El Tribunal Popular Intermedio de Linyi ha declarado hoy culpable a Li Qiaochu de “subversión del poder del Estado” y la ha condenado a tres años y ocho meses de cárcel —incluido el tiempo ya cumplido en prisión— así como a dos años de privación de sus derechos políticos. Li, que quedaría en libertad el 3 de agosto de 2024, afirma que piensa apelar la sentencia.
Li Qiaochu es activista e investigadora y su trabajo se centra en los derechos de las mujeres y de las personas trabajadoras. La policía la citó por primera vez el 31 de diciembre de 2019. En aquella ocasión la mantuvieron 24 horas recluida en dependencias del Departamento de Seguridad Pública de Pekín, donde fue interrogada sobre el paradero de su compañero Xu Zhiyong, que ese mismo mes había asistido a una reunión informal de activistas en la ciudad suroriental de Xiamen.
Tras criticar por Internet el 9 de enero de 2020 el trato le había dispensado la policía, Li fue puesta bajo custodia el 16 de febrero de ese año y sometida a “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, medida que permite a los responsables de una investigación criminal mantener a una persona recluida hasta seis meses al margen del sistema de detención formal, por lo que es equiparable a la detención secreta en régimen de incomunicación. Cinco Estados pidieron a China que derogara esta medida durante el Examen Periódico Universal del país, que tuvo lugar el mes pasado.
Tras quedar en libertad bajo fianza el 19 de junio de 2020, Li Qiaochu fue arrestada nuevamente el 14 de marzo de 2021 por “incitar a la subversión del poder del Estado” tras haber tuiteado acerca de las duras condiciones del Centro de Detención de la Comarca de Linshu, donde Xu Zhiyong estaba detenido. Según el acta, a Li se la acusaba de “incitar a la subversión” porque “es la compañera de Xu Zhiyong y está profundamente influida por sus ideas subversivas”, y se consideraba que había “difundido ideas subversivas” al ayudar a Xu a publicar sus “artículos subversivos” en Internet,esto último en referencia a un blog que la activista dirigía mientras Xu estaba detenido.
Antes de ser condenada, Li Qiaochu había permanecido recluida en un centro de detención en Linyi (provincia de Shandong), y su familia había expresado preocupación ante el deterioro de su salud mental.
El 10 de abril de 2023, Xu Zhiyong, fue condenado a 14 años de prisión por “subversión del poder del Estado”.
Los defensores y las defensoras de los derechos humanos en China continúan sufriendo intimidación, hostigamiento, detención arbitraria y tortura y otros malos tratos por defender los derechos humanos y ejercer su libertad de expresión y de asociación. El hostigamiento y la intimidación suelen extenderse a sus familiares y colegas.