El COVID-19 agravaba las violaciones de derechos humanos

La pandemia del COVID-19 fue utilizada como pretexto por algunos gobiernos de las Américas para intensificar las violaciones de derechos humanos y civiles entre poblaciones históricamente discriminadas. Esta fue la conclusión del informe anual de Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo 2020/21 presentado esta semana. El informe, que incluye a Puerto Rico, abarca 149 países y contiene un análisis exhaustivo de las tendencias observadas en materia de derechos humanos en todo el mundo en 2020.

La desigualdad, la discriminación y la opresión se agravaron a la vez que aumentaban los casos del covid-19 en toda América. En el panorama local,entre las violaciones de derechos humanos señaladas en el informe se encuentran: la falta de medidas gubernamentales para ayudar a miles de personas que se quedaron sin hogar durante los terremotos, el aumento de feminicidios durante la pandemia y uso excesivo de la fuerza policial y cohesión de la libertad de expresión durante los toques de queda. A más de un año de los terremotos aún hay familias que se encuentran en medio de un sistema burocrático para obtener ayudas estatales y federales que le permitan tener una vivienda segura. De otra parte, como suele ocurrir en tiempos de emergencias, las poblaciones vulnerables como mujeres víctimas de violencia de género sintieron de forma desproporcionada los efectos de la pandemia.

Durante los primeros meses del encierro hubo un aumento en casos de violencia doméstica. Esto debido a los obstáculos para recibir protección y apoyo ante las restricciones de libertad de circulación y la reducción o suspensión de los servicios públicos. A pesar de las advertencias de organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud, el Gobierno fue incapaz de implementar medidas para prevenir y remediar el aumento en casos de violencia de género. Estas personas fueron abandonadas durante la emergencia.

En cuanto a los derechos de la comunidad LGBTTIQ+ el informe destacó el alza en asesinatos de personas trans entre los que se encuentra el crimen de Alexa Luciano Ruiz. Al día de hoy muy poco se conoce sobre el estatus de este vil crimen que conmocionó al país. Un aspecto a resaltar es la presentación por primera vez en la isla de cargos federales por crímenes de odio por el homicidio de dos mujeres transgénero Angelique Velázquez y Layla Peláez Sánchez. El informe también resalta el uso excesivo de la fuerza policiaca para mitigar el impacto del COVID-19 en la isla. Los Gobiernos de las Américas, incluyendo Puerto Rico, utilizaron medidas represivas en vez de salubristas para mitigar la pandemia. Y en algunos casos, hasta intentaron coartar la libertad de expresión y circulación.

En tiempos de emergencia existe la falsa creencia de que los derechos humanos se deben dejar sin efectos. Algo muy lejos de la verdad. Las personas siguen teniendo sus derechos y los gobiernos están llamados a garantizarlos. Y por supuesto, los héroes de esta pandemia fueron los profesionales de la salud y personal de primera línea que estuvieron asumiendo su trabajo aún en condiciones inseguras.

En Puerto Rico hubo señalamientos ante la falta de equipo médico y carga excesiva de trabajo de estos profesionales. El 2020 definitivamente fue un año que marcó un antes y después en el mundo a causa de una pandemia que sigue cobrando vidas. Es preocupante ver una tendencia de los gobiernos de América a violentar los derechos humanos y civiles con la excusa de proteger a las personas. La reconstrucción post covid debe estar alineada a reconocer y atender los efectos desproporcionados de la pandemia en comunidades y grupos en desventaja social y económica. Para esto necesitamos medidas que garanticen los derechos de todas las personas a una vida digna.

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