Los numerosos Estados convocados esta semana deben alcanzar un nuevo y sólido acuerdo que ayude a reducir al mínimo el número de víctimas civiles causadas por armas explosivas que provocan destrucción generalizada en ciudades y pueblos durante los conflictos armados, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Las consultas virtuales que van a celebrarse bajo los auspicios del gobierno irlandés del 3 al 5 de marzo facilitarán la aprobación de una declaración política para garantizar la protección de la población civil frente al daño humanitario provocado por el uso de armas explosivas en zonas pobladas. El texto que se acuerde al final de la semana se abrirá a la firma este mismo año durante una conferencia diplomática de alto nivel.
“Es hora de que los Estados se comprometan a dejar de utilizar armas explosivas diseñadas hace décadas para su uso en campos de batalla abiertos —como artillería, cohetes y bombas aéreas de gran calibre— en zonas pobladas por civiles”, ha afirmado Donatella Rovera, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis.
“El uso de estas armas explosivas con efecto en amplias superficies en ciudades y pueblos con gran población civil tiene efectos previsiblemente indiscriminados y, por tanto, está prohibido por el derecho internacional humanitario, es decir, por las leyes de la guerra.”
Guerra urbana
Las guerras del siglo XXI se libran cada vez más en zonas urbanas y provocan un sufrimiento atroz a la población civil atrapada bajo el bombardeo incesante de armas explosivas que se lanzan desde el aire y desde la tierra.
El constante bombardeo a larga distancia de zonas pobladas suele acarrear la pulverización de hogares e infraestructuras civiles debido a la imprecisión de la munición o a su gran capacidad de destrucción, que causa daños masivos más allá de su objetivo específico.
“Es como matar moscas a cañonazos, y tiene consecuencias devastadoras para la vida y los medios de sustento de civiles. Para proteger a la población civil, es fundamental que la declaración política incluya un compromiso firme por parte de los Estados de evitar el uso de armas explosivas con efecto en amplias superficies en áreas pobladas”, ha dicho Donatella Rovera.
En los últimos años, los equipos de investigación de Amnistía Internacional han trabajado durante meses sobre el terreno en zonas de conflicto y han sido testigos directos del impacto en la población civil de las armas explosivas con efecto en amplias superficies. Entre las situaciones investigadas figuran:
· el uso reiterado que hicieron las fuerzas armenias y azerbaiyanas de armas notorias por su falta de precisión y sus efecto indiscriminado en el conflicto de Nagorno Karabaj a finales de 2020;
· los bombardeos aéreos y terrestres sirios y rusos en el norte de Siria, incluidos los reiterados ataques contra hospitales y escuelas;
· los ataques aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudí y EAU en Yemen;
· los ataques aéreos y de artillería de la coalición dirigida por Estados Unidos en Raqqa (Siria) y Mosul (Irak);
· los ataques de todas las partes en el conflicto de Libia;
· las secuelas de los ataques aéreos y terrestres de Israel, Gaza y Líbano.
En estos casos, la organización ha documentado el uso por parte de fuerzas armadas de armas explosivas inadecuadas para los objetivos militares, bien por tener excesiva carga explosiva y, por tanto, una onda expansiva y un área de fragmentación demasiado grandes; por ser muy poco precisas; por lanzar municiones múltiples que saturan el área objetivo, o por tener una combinación de las características anteriores. Dichos ataques han matado y herido a un gran número de civiles, han destruido infraestructuras civiles básicas y han provocado la huida de miles de personas que han quedado internamente desplazadas o convertidas en refugiadas.
Armas inadecuadas para su uso en zonas civiles pobladas
Los ataques de artillería se lanzan desde tierra con obuses que pueden estar a más de 20 km de su objetivo y que tienen un margen de error de hasta 300 metros. De igual modo, los ataques con cohetes no guiados que se lanzan desde tierra, como los omnipresentes Grad de 122 mm, son notorios por errar el tiro, a menudo por 500 metros o más.
Dada la imprecisión inherente a ambas armas, diseñadas para atacar a grandes formaciones militares en campo abierto, este tipo de bombardeos es totalmente inadecuado para su uso en zonas civiles. Peor aún, los cohetes y la artillería normalmente se disparan en salvas que provocan una lluvia de proyectiles sobre barrios enteros y causan muertes y mutilaciones indiscriminadas.
Los ataques aéreos con bombas de gran carga explosiva son más precisos, pero contienen una importante cantidad de explosivos que provocan una gran onda expansiva y lanzan fragmentos letales en un radio de hasta un kilómetro de distancia del lugar en que se produce la explosión. Esto causa una gran destrucción alrededor del objetivo y, a menudo, destruye edificios enteros en un instante, provocando la muerte o lesiones a las personas civiles que se encuentren en las inmediaciones.
En virtud del derecho internacional humanitario, todas las partes en conflicto tienen la obligación de tomar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil y garantizar que sus fuerzas armadas no llevan a cabo ataques directos contra civiles o que sean indiscriminados o desproporcionados. Esta obligación incluye el deber de los mandos militares de elegir tipos de armas y métodos de ataque que reduzcan el riesgo de causar daños a civiles y destruir bienes de carácter civil.
Red mundial por el cambio
Amnistía Internacional se suma a decenas de ONG de todo el mundo en la Red Internacional sobre Armas Explosivas (INEW, por sus siglas en inglés) para pedir que durante las consultas de esta semana se adopte el acuerdo más sólido posible.
En particular, los Estados deben acordar:
· un compromiso más firme y estricto contra el uso de armas explosivas con efecto en amplias superficies en zonas pobladas;
· un compromiso claro de abordar las repercusiones humanitarias de larga duración que conlleva la destrucción de infraestructuras, sobre todo cuando interrumpe el suministro de agua y electricidad, lo que, a su vez, afecta a hospitales, a la prestación de atención médica y servicios a la población civil en general, y
· una mejor prestación de asistencia a las víctimas, entre ellas, las personas directamente afectadas, sus familias y sus comunidades.
“La comunidad internacional no debe normalizar la devastación que hemos visto en ciudades asoladas por la guerra en Irak, Siria, Yemen, Gaza y otros lugares. En el siglo XXI no hay excusa para utilizar armas explosivas de forma arbitraria cerca de la población civil. Las fuerzas armadas suelen disponer de munición mucho más exacta y precisa, pero utilizan opciones más baratas. Es posible que así las fuerzas combatientes reduzcan gastos, pero, básicamente, es la población civil quien lo paga con su vida”, ha declarado Donatella Rovera.
“Los Estados participantes en las consultas de esta semana deben tener muy en cuenta este mensaje: se puede y se debe hacer más para proteger a la población civil en conflictos armados y, de hecho, las leyes de la guerra así lo exigen. Acabar con el uso de armas explosivas con efecto en amplias superficies en zonas con población civil sería un paso muy importante en esta dirección.”