Cómo (no) debe actuar la policía durante una pandemia

Ahora, más que nunca, es importante conocer nuestros derechos en lo que se refiere a la actuación policial. La violencia policial ha sido un rasgo distintivo de 2020: desde el brutal homicidio de George Floyd en Estados Unidos hasta la violenta represión de las protestas en Bielorrusia, Hong Kong y Nigeria.

La pandemia de COVID-19 también ha alimentado abusos policiales en todo el mundo. Tal como documenta Amnistía Internacional en un nuevo informe, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han desempeñado a menudo un papel demasiado destacado en lo que es fundamentalmente un problema de salud pública.

En muchos países, la policía ha abusado de su poder y ha llevado a cabo detenciones colectivas, ha golpeado o disparado a gente por incumplir las restricciones de salud pública, o ha hecho uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Muchos gobiernos han utilizado la pandemia como pretexto para ejercer una represión que se ha saldado con detenciones y reclusiones de periodistas, activistas y personal sanitario por difundir información o por criticar las medidas de respuesta a la COVID-19.

Una pandemia no exime a las fuerzas policiales de su obligación de respetar los derechos humanos, ni de su deber primordial de servir y proteger a la población. Aunque durante una pandemia pueden estar justificadas ciertas restricciones de los derechos humanos, estas restricciones deben tener una base jurídica adecuada, deben ser necesarias y proporcionadas y deben tener un fin legítimo, como la protección de la salud pública.

La investigación llevada a cabo por Amnistía muestra que demasiados cuerpos encargados de hacer cumplir la ley han cruzado la línea, por ejemplo utilizando fuerza letal cuando no hay amenaza inminente de muerte o lesiones graves, o imponiendo prohibiciones generales de las reuniones públicas.

Por tanto, ¿cuál es la actuación correcta de la policía durante una pandemia? He aquí una guía rápida, basada en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

La policía debe:

·        Ejercer la moderación al hacer cumplir las normas relacionadas con la COVID-19.

·        Dar prioridad a la reducción de la tensión, la mediación y la negociación en todas las intervenciones.

·        Asegurarse siempre de que su respuesta es legítima, necesaria y proporcionada, y que no contribuye a propagar el virus.

·        Garantizar que las intervenciones destinadas a hacer cumplir la ley no interfieren con los derechos humanos más de lo necesario, y no causan un daño mayor del que quieren evitar.

·        Garantizar que periodistas, blogueros, defensores de los derechos humanos y activistas políticos pueden llevar a cabo sus actividades sin injerencias.

·        Evitar el uso de la fuerza, en particular la fuerza que tiene probabilidades de causar lesiones.

·        Facilitar que la gente ejerza su derecho a la libertad de reunión pacífica.

·        Al controlar reuniones públicas, limitar el uso de sustancias químicas irritantes de amplio alcance, como el gas lacrimógeno, a las situaciones en las que exista una violencia generalizada que no se pueda abordar dirigiéndose únicamente a las personas violentas, y únicamente como último recurso.

·        En la medida de lo posible, utilizar la detención y la reclusión como último recurso; de esta manera se reducirá el riesgo de contagio.

·        Cuando la detención y la reclusión sean inevitables, tomar todas las medidas disponibles para evitar los contagios en estos entornos.

La policía no debe:

·        Discriminar.

·        Hacer cumplir las normas relativas a la COVID-19 a personas que no pueden cumplirlas (por ej., personas sin hogar que no pueden confinarse).

·        Utilizar medidas humillantes para hacer cumplir las normas relativas a la COVID-19.

·        Utilizar el poder policial para reprimir el derecho a la libertad de expresión.

·        Llevar a cabo desalojos forzosos.

·        Llevar a cabo expulsiones ilegales de personas refugiadas y trabajadores o trabajadoras migrantes.

·        Utilizar la fuerza contra personas que incumplen las normas relativas a la COVID-19 únicamente para satisfacer sus necesidades básicas (por ej., ir en busca de alimentos, medicinas o atención médica).

·        Hacer uso de fuerza que tenga probabilidades de causar lesiones únicamente para hacer cumplir las normas relativas a la COVID-19. Es contraproducente y desproporcionado.

·        Utilizar armas de fuego para hacer cumplir las normas relativas a la COVID-19.

·        Usar capuchas antiescupitajos como medio para protegerse frente a la COVID-19: no funcionan y pueden causar daños graves.

·        Imponer prohibiciones generalizadas de las reuniones públicas.

·        Dispersar por la fuerza una reunión que sea pacífica, incluso para hacer cumplir las normas relativas a la COVID-19.

·        Mantener a la gente en centros de detención superpoblados, o en otras circunstancias en las que sea probable que se propague el virus.

Lo más importante que hay que recordar es que las autoridades del Estado, incluida la policía, tienen la obligación máxima de respetar y proteger el derecho a la vida. Si desean más información, consulten las directrices detalladas de Amnistía Internacional sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Temas