Amnistía Internacional lanza hoy la mayor campaña de derechos humanos del mundo, Escribe por los Derechos, en la que pide a los gobiernos que rectifiquen las injusticias contra personas que están detenidas o son perseguidas en países de todo el planeta, y que lideren con el ejemplo para construir un mundo post COVID-19 más justo.
“Pese a lo devastadora que ha sido, la pandemia de COVID-19 también ha sacado lo mejor de las personas. Hemos presenciado innumerables actos de compasión y solidaridad mientras la gente se unía en sus comunidades para ayudar a quienes más lo necesitaban. Por desgracia, muchos gobiernos han seguido el camino contrario, y han detenido y perseguido a quienes defienden los derechos humanos”, ha manifestado Julie Verhaar, secretaria general en funciones de Amnistía Internacional.
“Estamos en una encrucijada: podemos optar por construir un futuro que tenga como núcleo la bondad, la solidaridad, la tolerancia y los derechos humanos. Los gobiernos deben aprovechar este momento para demostrar que pueden rectificar las injusticias excarcelando a presos y presas de conciencia, poniendo fin a la persecución de defensores y defensoras de los derechos humanos, y respetando y protegiendo el derecho de todas las personas a la libertad de expresión.”
Escribe por los Derechos: La mayor campaña de derechos humanos del mundo
Cada mes de diciembre, personas de todo el mundo escriben millones de cartas, correos electrónicos, tuits, mensajes en Facebook y tarjetas postales en favor de otras personas cuyos derechos humanos están siendo atacados, en lo que se ha convertido en el mayor evento de derechos humanos del mundo. Los diez casos seleccionados para Escribe por los Derechos 2020 se refieren a personas particulares y a defensores y defensoras de los derechos humanos de Arabia Saudí, Argelia, Burundi, Chile, Colombia, Malta, Myanmar, Pakistán, Sudáfrica y Turquía.
Gustavo Gatica es estudiante de psicología en Santiago, Chile. El 8 de noviembre de 2019 asistió a una protesta contra la creciente desigualdad, parte de una serie de manifestaciones multitudinarias que ocuparon los titulares de todo el mundo por su inspirador ejemplo de poder popular. La policía reprimió violentamente esta protesta, y abrió fuego repetidamente contra manifestantes con perdigones recubiertos de goma.
Gustavo fue alcanzado en ambos ojos y quedó ciego de forma permanente. Amnistía Internacional pide que se lleve a cabo una investigación completa sobre los sucesos que condujeron a las lesiones de Gustavo, y que se haga rendir cuentas a los oficiales al mando.
En Malta, tres adolescentes de Costa de Marfil y Guinea están encarcelados en espera de juicio por cargos infundados de terrorismo después de haber actuado como intérpretes para el capitán y la tripulación de un petrolero maltés que los rescató —a ellos y a otras más de 100 personas migrantes— de su lancha neumática que se hundía.
Inicialmente, el capitán quería llevar a las 114 personas, entre las que había 20 mujeres y al menos 15 niños y niñas, de vuelta a Garabulli, en Libia, donde habrían corrido peligro de sufrir abusos tales como detención en condiciones inhumanas, extorsión y tortura. Sin embargo, tras discutirlo con las personas migrantes, el capitán y la tripulación accedieron a llevarlas a Malta.
Pero, cuando llegaron allí, los tres adolescentes, que habían actuado como intérpretes, fueron detenidos por presunto secuestro del barco y por obligar al capitán a llevarlos a Malta. Ahora están acusados de delitos muy graves que podrían acarrear condenas a cadena perpetua, simplemente por oponerse a ser devueltos ilegalmente a un lugar de tortura. Amnistía Internacional exige justicia para “los tres de El Hiblu” y pide que se retiren los cargos contra los jóvenes (ahora de 21, 18 y 16 años).
Entre los otros casos figuran los siguientes:
- Germain Rukuki, defensor de los derechos humanos burundés y preso de conciencia que cumple una pena de 32 años de prisión. Fue declarado culpable a causa de su labor de derechos humanos. Amnistía Internacional pide que sea puesto en libertad de inmediato y sin condiciones.
- Jani Silva, defensora ambiental que representa a cientos de personas campesinas en la región de Putumayo, Colombia, amenazadas constantemente por grupos ilegales, el ejército, narcotraficantes y empresas multinacionales. En Colombia los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan a numerosos actos de persecución, represión, amenazas, criminalización e, incluso, homicidios.Amnistía Internacional pide que se proteja a Jani Silva y a otras personas que, como ella, defienden los derechos humanos.
- El Grupo de Solidaridad LGBTI de la METU, cuyos miembros se enfrentan a una pena de prisión por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica en Turquía. Los y las estudiantes LGBTI de la Universidad Técnica de Oriente Medio (METU) en Ankara llevan años organizando sin restricciones una marcha anual del Orgullo en el campus. En 2019, el evento pacífico fue disuelto por la policía. Se detuvo y golpeó a estudiantes y a un profesor, y el caso está ahora en los tribunales. Amnistía Internacional pide que se absuelva a todas las personas que han sido acusadas, que se investigue el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y que los y las estudiantes tengan libertad para celebrar marchas pacíficas en el campus.
- Idris Khattak, de Pakistán, investigador sobre desapariciones forzadas para Amnistía Internacional y Human Rights Watch, fue —en un cruel giro del destino— objeto de desaparición forzada él mismo el 13 de noviembre de 2019, y ahora puede ser acusado de espionaje. Amnistía Internacional pide su liberación inmediata.
Éxitos de la campaña
Como se vio en años anteriores, el envío de cartas realmente puede cambiar la situación de las personas cuyos casos se destacan en Escribe por los Derechos, y además a menudo ofrece un enorme apoyo emocional y aliento a estas personas y a sus familias.
El adolescente nigeriano Moses Akatugba fue detenido y condenado a muerte cuando tenía 15 años, tras haber sido acusado de robar tres teléfonos. En 2019 fue puesto en libertad después de que 800.000 simpatizantes de Amnistía Internacional mostraran su apoyo.
“Me condenaron a muerte porque la policía afirmó que había robado tres teléfonos”, dice Moses. “Pero ahora soy libre, porque personas como ustedes escribieron cartas para apoyarme. Después de ocho años de cárcel, y de 800.000 cartas de simpatizantes de Amnistía Internacional en todo el mundo, fui puesto en libertad. Esas cartas me hicieron mantener el ánimo. Hoy estoy vivo gracias a ellas. Sus cartas pueden salvar una vida.”
En julio de 2020, la condena a muerte de un sursudanés se anuló, gracias en parte a Escribe por los Derechos. Según su testimonio ante el tribunal, Magai Matiop Ngong disparó el arma de su padre hacia el suelo a modo de advertencia hacia su primo, que intentaba impedir que se peleara con otro chico en su barriada. La bala rebotó y alcanzó a su primo, que murió más tarde en el hospital. Magai, que entonces tenía 15 años, fue juzgado por asesinato sin contar con un abogado. Fue declarado culpable y condenado a muerte.
Nuestra investigación muestra que la pena de muerte se usa de forma desproporcionada contra las personas pobres y desfavorecidas. De acuerdo con el derecho internacional, y con las leyes de Sudán del Sur, condenar a muerte a un niño o niña es ilegal.
Más de 765.000 personas actuaron y escribieron al gobierno de Sudán del Sur para expresar su solidaridad con Magai. El Tribunal de Apelación de Sudán del Sur finalmente anuló la condena a muerte dictada contra Magai porque éste era un niño en el momento del crimen, y envió su caso de vuelta al Tribunal Superior para que dictara una condena adecuada.
“Nunca debe subestimarse el poder de las acciones individuales para salvar vidas y hacer rendir cuentas a los gobiernos. Año tras año, vemos el enorme impacto que puede tener algo tan simple como escribir una carta o un correo electrónico”, ha manifestado Julie Verhaar.
“Escribe por los Derechos trata de personas que ayudan a otras personas, y esta manera de expresar nuestra humanidad compartida nunca ha sido más importante y pertinente. Los gobiernos deben responder a este deseo generalizado de cambio administrando justicia a las personas cuyos derechos humanos son atacados.”