El 10 de diciembre de 1948, 58 países acordaron cómo podríamos vivir con libertad, igualdad y dignidad. Aunque ha habido avances, con frecuencia se hace caso omiso de los derechos económicos y sociales
Hemos hecho un largo camino desde que, en diciembre de 1848, se acordaron los 30 derechos y libertades fundamentales de la Declaración Universal. Incluso hoy día, presentan la visión más progresista de lo que nuestro mundo podría ser. Para celebrar el 70 aniversario de la Declaración, debería estar escribiendo un artículo sobre lo que sin duda hemos hecho entre todos y todas en este tiempo para hacer realidad esta visión.
Sin embargo, lo cierto es que, en 2018, estamos viendo aumentar la intolerancia y la desigualdad extrema, sin que los gobiernos tomen medidas colectivas para hacer frente a las amenazas globales. Nos encontramos exactamente en la situación que los gobiernos que adoptaron la Declaración prometieron impedir. Creo que, más que celebrar este hito histórico, debemos aprovecharlo para hacer balance y redirigir la lucha por hacer que los derechos humanos sean una realidad para todas las personas.
En el artículo segundo de la Declaración Universal se explica que estos derechos nos pertenecen a todas las personas, seamos ricas o pobres y cualesquiera que sean el país donde vivamos, nuestro sexo o el color de nuestra piel, el idioma que hablemos o nuestras opiniones o creencias.
Esta universalidad no se ha hecho realidad, sino que vemos que este principio básico, subyacente a todos los derechos humanos, es objeto de fuertes ataques. Nuestro movimiento y otras organizaciones de derechos humanos han puesto reiteradamente de relieve cómo los discursos de culpabilización, odio y miedo han adquirido prominencia en el mundo hasta extremos sin precedentes desde la década de 1930.
La victoria que Jair Bolsonaro obtuvo en las urnas al final de octubre, a pesar de su programa abiertamente contrario a los derechos humanos, ilustra vívidamente los retos a los que nos enfrentamos. Su elección como presidente de Brasil supone un riesgo enorme para los pueblos indígenas y las comunidades rurales tradicionales y quilombolas, las personas LGBTI, la juventud negra, las mujeres, y las organizaciones de la sociedad civil y sus activistas, si se le permite convertir en políticas públicas la retórica deshumanizadora de que se sirvió en su campaña.
Unidos e indivisibles
Tenemos que preguntarnos por qué nos encontramos ahora en la situación exacta que se intentó impedir con la Declaración Universal, una situación en la que se atenta contra los derechos humanos y se los rechaza por considerar que protegen lo del “otro” en vez de todo lo nuestro. Las razones son complejas, pero hay algo indiscutible: al menos parte de la culpa la tiene el hecho de que no tratemos los derechos humanos como un conjunto intrínsecamente unido e indivisible de derechos que tenemos todas las personas.
Al adoptar la Declaración no se distinguió entre derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. No se estableció ninguna diferencia entre la necesidad de hacer efectivo el derecho a los alimentos y de garantizar el derecho a la libertad de expresión. Se reconoció el hecho de que, como bien sabemos ahora, ambos están intrínsecamente unidos. En los decenios siguientes, los gobiernos crearon la división entre los dos conjuntos de derechos, así como un desequilibrio en el modo de percibirlos y protegerlos.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, deben asumir algo de responsabilidad con respecto a este desequilibrio. La nuestra es la más ampliamente conocida como organización que hace campaña en favor de los presos y presas de conciencia–personas encarceladas por lo que son o lo que piensan– y por su trabajo sobre la tortura, la erradicación de la pena de muerte y la libertad de expresión.
No empezamos a vigilar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales y hacer campaña activamente sobre ellos hasta la década de 2000. Desde entonces hemos hecho gran cantidad de trabajo de ámbito mundial para oponernos a las violaciones de los derechos a una vivienda adecuada, la salud y la educación. Sabemos que hay que hacer mucho más aún.
La muestra más clara de por qué es esta cuestión de derechos humanos tan importante son las prolongadas secuelas de la crisis económica mundial. La experiencia de muchos países europeos ha demostrado hasta qué punto son vulnerables o prácticamente inexistentes nuestras salvaguardias sociales básicas. Para empeorar aún más esta situación, las salvaguardias jurídicas de los derechos económicos y sociales suelen ser limitadas en estos países, por lo que las personas no pueden siquiera entablar acciones judiciales si se violan sus derechos.
En varios países, los gobiernos han optado por responder a las crisis económicas aplicando programas de austeridad, cuyo coste humano ha sido devastador y que han menoscabado el acceso de las personas a los servicios de primera necesidad, incluidas la atención de la salud, la vivienda y la alimentación.
“No puedo vivir con ese dolor”
España es un ejemplo notable de ello, pues el gobierno redujo el gasto público, incluso en la atención de la salud, a raíz de la crisis económica. Como consecuencia de esta medida, los servicios de salud de calidad se volvieron menos accesibles y más caros. Ha tenido efectos especialmente negativos en las personas con bajos ingresos, en particular las que padecen problemas crónicos de salud, en las personas con discapacidades y en la atención de la salud mental.
Un hombre al que entrevistamos para nuestro informe sobre este asunto nos dijo que se había visto obligado a elegir entre comprar medicinas o comida, por lo cara que se había vuelto la atención de la salud. Explicó: “No puedo vivir con ese dolor, tengo que tomar mis medicinas. O tomo las medicinas, o me suicido [a causa del dolor] […] así que, si tengo que matarme de hambre, lo hago, porque tengo que comprar las medicinas.”
El modo en que los gobiernos han optado por responder a la movilización popular contra las medidas de austeridad también es prueba de la indivisibilidad de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales: no se pueden tener unos sin los otros. Sabemos que, en Chad, las medidas de austeridad implementadas por las autoridades sumían a la gente aún más en la pobreza. Menoscaban el acceso a servicios de salud necesarios y ponían la educación fuera del alcance de la mayoría de las personas.
Ha habido protestas y huelgas generalizadas en todo Chad en respuesta a los efectos de las medidas de autoridad del gobierno. En vez de escuchar a la ciudadanía, el gobierno optó por eliminar toda disidencia. Hizo uso excesivo de la fuerza contra quienes se manifestaban y procedió a su detención, menoscabando así su derecho de reunión pacífica.
Aunque parezca que la crisis económica mundial está ya muy atrás, años después estamos todavía sufriendo sus consecuencias sociales y económicas. Las vivencias de desigualdad, corrupción, desempleo y estancamiento económico de la gente han abonado el terreno para que líderes divisivos propaguen sus mensajes de división y odio. Las consecuencias de ello han sido explosivas.
“Inclinándose hacia los extremos”
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha intentado posicionarse en contra del crecimiento de este tipo de política divisiva que está brotando. “Europa está inclinándose casi por todas partes hacia los extremos y cede de nuevo ante los nacionalismos; necesitamos todas nuestras energías para triunfar. Tengo confianza en nosotros”, dijo en un discurso público en octubre.
No obstante, en Francia, la gente está expresando honda preocupación por las políticas de Macron sobre los derechos laborales, las pensiones y el acceso a la universidad. Amnistía Internacional ha documentado anteriormente cómo las autoridades francesas han restringido el derecho a protestar amparadas por la legislación sobre el estado de excepción. Debido a ello, hemos visto prohibir injustificadamente participar en protestas a activistas medioambientales y de los derechos laborales. En 2018, las protestas en demanda de leyes que respeten los derechos económicos, sociales y culturales están siendo ignoradas por el presidente francés, en el mejor de los casos, y reprimidas violentamente por la policía, en el peor.
Es un patrón observable en todo el mundo. Necesitamos con urgencia hacer rendir cuentas a los gobiernos por no cumplir con sus obligaciones en relación con todos los derechos, con independencia de cómo se los clasifique. Si queremos conseguir hacerlo realidad, no debemos limitarnos a hacer campaña simplemente en favor del derecho de las personas a alzar la voz y protestar; tenemos que ver también por qué alzan la voz.
Consideremos el caso de Jamal Khashoggi, el periodista saudí brutalmente asesinado en el consulado de su país en Turquía en octubre. Como muchos defensores y defensoras de los derechos humanos de Arabia Saudí, estaba en el punto de mira del Estado por decidir ejercer su derecho a la libertad de expresión y decir públicamente lo que pensaba. En su último artículo para el Washington Post escribió sobre sus compañeros árabes, incapaces de hablar abiertamente de las cuestiones que afectaban a su vida cotidiana debido a la represión de la libertad de expresión. “Padecemos pobreza, mala gestión y educación precaria. Con la creación de un foro internacional independiente, aislado de la influencia de los gobiernos nacionalistas que propagan el odio por medio de propaganda, las personas corrientes del mundo árabe podrían abordar los problemas estructurales que afrontan sus sociedades.”
Los derechos humanos son cuestión de todo o nada
Khashoggi captó perfectamente por qué los derechos humanos forman un conjunto. La libertad de expresión es esencial porque nos permite reclamar nuestros demás derechos, pero tener sólo libertad de expresión no es suficiente. Esa es exactamente la razón de que, durante la Primavera Árabe de 2011, la gente se echara a la calle bajo el lema de “pan, libertad y justicia”.
Lo que seguimos sin apreciar hoy día es algo que se le hizo dolorosamente patente a la gente congregada en la plaza de Tahrir de El Cairo, Egipto, hace siete años, a saber: los derechos humanos son en verdad una cuestión de todo o nada. O podemos ejercer todos nuestros derechos o no tenemos ninguno. Lo que tiene que ocurrir a continuación si queremos conseguir hacer realidad los derechos humanos para todas las personas es evidente y urgente.
Como movimiento de derechos humanos, no sólo debemos continuar defendiendo el derecho a hablar libremente y protestar, sino que tenemos también que establecer las conexiones entre las decisiones económicas y financieras que toman nuestros gobiernos y su impacto en los derechos humanos. Tenemos que colaborar con organizaciones aliadas para exigir rendición de cuantas sobre dónde va el dinero y combatir la corrupción, los flujos financieros ilícitos y las estructuras fiscales globales laxas. Como dijo Khashoggi, tenemos que abordar los problemas estructurales que nuestras sociedades afrontan.
En una tarea enorme y posible únicamente si unimos nuestras manos y formamos coaliciones con amigos y socios de todos los movimientos –activistas de los derechos humanos, profesionales del derecho, sindicatos, movimientos sociales, economistas y líderes religiosos–. Y con nuestros amigos y amigas de todas las regiones, debemos conseguir que las voces de quienes necesitan ser escuchados suenen más alto y potente. Sólo con solidaridad podemos hacer realidad un mundo sin desigualdades ni injusticias y que cumpla los compromisos formulados en la Declaración Universal.