5 razones por las que protestar no es un crimen

Desde sus inicios, Amnistía Internacional ha apoyado y protegido a personas que alzan su voz en favor de sí mismas y de otras. Amnistía cree firmemente que todas las leyes que criminalizan a las personas que se expresan o protestan pacíficamente deben desaparecer de los libros jurídicos. Además, entendemos que las leyes contra la incitación al odio u otras formas de violencia no deben utilizarse para reprimir la disidencia legítima. A continuación compartimos 5 poderosas razones por las que protestar no es un crimen:

1- La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y es un derecho fundamental. Además, el Artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos declara que todas las personas tienen el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.
2- El derecho legítimo a la libertad de expresarse mediante protestas y manifestaciones pacíficas es, para muchas personas, el único medio disponible para expresar preocupaciones y denunciar injusticias, teniendo en cuenta que en la actualidad no hay igualdad en el acceso a los medios de comunicación para la manifestación de ideas.
3- El derecho a la reunión pacífica (que incluye reuniones, huelgas, protestas, marchas, piquetes, entre otros) está protegido en numerosos instrumentos internacionales y regionales, que exigen a los Estados que lo respeten, protejan y hagan efectivo sin discriminación. (Informe de Amnistía Internacional: “Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza: la reducción del espacio para la sociedad civil”).
4- Las protestas o manifestaciones sociales son un elemento esencial de la vida en una sociedad democrática, aquellos que se manifiestan tienen el mismo derecho a usar espacios públicos que otras personas no involucradas en la manifestación. (OSCE: Handbook on Monitoring Freedom of Peaceful Assembly, p. 12 citando a Oya Ataman v. Turkey, 2007)
5- Las manifestaciones públicas siempre pueden causar algún grado de interferencia temporal o alteración a las actividades diarias y no por ello se deben criminalizar ni prohibir.(OSCE: Handbook on Monitoring Freedom of Peaceful Assembly, p. 12 citando a Oya Ataman v. Turkey, 2007).

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