El 2017 quedará marcado en la historia de los derechos humanos en Puerto Rico por sucesos que estremecieron sus principios universales. Este periodo estuvo colmado de atropellos y violaciones a los derechos fundamentales de las personas, los cuales se intensificaron aún más tras el embate de dos huracanes.
Entrado los primeros meses del año, el Estado proporcionó sendos golpes a los derechos humanos. Según el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Sin embargo, la Secretaria del Departamento de Educación, eliminó la carta circular sobre equidad de género cuyo propósito es, precisamente, promover la igualdad entre los seres humanos. Luego, el Presidente del Senado aprobó una orden administrativa que va en prejuicio de los empleados (as) transgénero en esa rama de gobierno.
A principios de abril, eran comunes las denuncias de acciones violentas por parte de la Policía contra manifestantes. En los siguientes meses, muchos defensores (as) de los derechos a la salud, a la educación y al trabajo eran agredidos, detenidos y luego puestos en libertad por no haberse hallado causa para sus arrestos. Durante este período llamó la atención las detenciones por parte de agentes encubiertos, y el reconocimiento de la superintendente de la Policía de incluir el monitoreo en las redes sociales en su plan de trabajo de supervisión de las manifestaciones. Posteriormente la Legislatura aprobó enmiendas al Código Penal cuyas consecuencias fueron restringir aún más la protesta pública. Y no podemos dejar de mencionar que también trascendieron casos de censura a la libertad de expresión presionados por el gobierno.
Con la llegada de los huracanes se violentaron los derechos humanos más fundamentales en especial a las personas más vulnerables. Aún hoy se escuchan testimonios de personas de mayor edad sin acceso a agua potable, mujeres jefas de familia que sobreviven ante el empobrecimiento causado por la falta de energía y la limitación a vivienda adecuada para personas transgénero que perdieron sus identificaciones y casas tras las tormentas.
Para cerrar el año, durante el Mes de los Derechos Humanos, la Legislatura aprobó el proyecto cameral “Ley de Restauración de la Libertad Religiosa” que permitiría a personas y organizaciones negarse a prestar servicios a personas o grupos como las comunidades LGBTI basándose en objeciones morales. También aprobaron proyectos dirigidos a crear una nueva Ley de Justicia Juvenil que permitiría que más niños y jóvenes puedan ser juzgados como adultos y aumentan las penas que puedan fijarles. En ambos proyectos hemos solicitado el veto del Gobernador.
La crítica situación en la que viven miles de familias fue recogida en un informe que presentó recientemente una delegación puertorriqueña ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También recibimos la visita del Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema. Lo que sucede en Puerto Rico debe trascender nuestras fronteras y para eso necesitamos la activación de todas y todos. El nuevo año es una oportunidad para reivindicarnos como un pueblo que cree y defiende los derechos humanos.
*Texto original publicado en el periódico El Nuevo Día en la sección Tribuna Invitada.