Las autoridades chinas deben poner fin a su implacable represión contra profesionales de la abogacía y activistas de los derechos humanos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, tras ser objeto un destacado abogado de derechos humanos de la más reciente sentencia condenatoria después de un juicio injusto.
El jueves, Zhou Shifeng fue condenado a siete años de cárcel tras ser declarado culpable de “subvertir el poder del Estado”, después de un juicio que no llegó a durar un día en el Tribunal Popular número 2 de Tianjin, en el nordeste de China.
El miércoles de esta semana, Hu Shigen, activista en pro de la democracia, fue condenado a siete años y medio de prisión por “subvertir el poder del Estado”, y el martes se impuso al activista Zhai Yanmin una pena de tres años de cárcel, con suspensión de cuatro años, tras ser declarado culpable del mismo cargo.
“Esta oleada de juicios contra profesionales de la abogacía y activistas es una farsa política. Su suerte estaba decidida antes de entrar en el tribunal, y no existía ninguna probabilidad de que se les sometiera a un juicio justo”, ha afirmado Roseann Rife, directora de investigación de Amnistía Internacional sobre Asia Oriental.
“Las autoridades chinas parecen resueltas a silenciar a toda persona que plantee cuestiones legítimas sobre los derechos humanos y haga uso del ordenamiento jurídico para tratar de obtener reparación.”
Estas sentencias condenatorias son las primeras que se dictan contra personas detenidas en una campaña de represión sin precedentes que comenzó en julio de 2015 y que ha afectado a 248 profesionales de la abogacía y activistas de los derechos humanos.
Los tres hombres condenados esta semana estuvieron detenidos en espera de juicio durante más de un año, se les negó la asistencia de abogados defensores de su elección y no se permitió a sus familias asistir a los juicios. La televisión estatal china también emitió “confesiones” de Zhai Yanmin y Zhou Shifeng antes de sus juicios. Amnistía Internacional ha documentado una constante de uso de este tipo de tácticas contra profesionales de la abogacía y activistas de los derechos humanos.
Otras 14 personas afectadas por la campaña represiva continúan en espera de juicio, 10 de ellas por cargos relacionados con la seguridad del Estado, que a menudo se presentan contra activistas de los derechos humanos y disidentes.
“Las autoridades están utilizando disposiciones legales imprecisas como arma para dar un barniz de legitimidad a sus ataques por motivos políticos. Cuando las leyes sobre seguridad del Estado se prestan a abusos tan flagrantes, es preciso cambiar las leyes”, ha afirmado Roseann Rife.
El lunes, medios de comunicación de la China continental y de Hong Kong informaron de que la abogada Wang Yu había quedado en libertad con fianza. Su detención el año pasado señaló el comienzo de la campaña de represión. Podría ser enjuiciada todavía por el cargo en virtud delo cual fue detenida, “subvertir el poder del Estado”.
Una emisora de Hong Kong, Phoenix TV, anunció que se había concedido la libertad con fianza a Wang Yu en un segmento, filmado en un lugar no revelado, en el que la abogada denunciaba su trabajo en el pasado y afirmaba que el despacho de abogados para el que trabajaba había sido utilizado por “fuerzas occidentales” para desprestigiar al gobierno chino.
El contenido de sus comentarios era semejante al de una entrevista publicada en el periódico de Hong Kong South China Morning Post con la asistente jurídica Zhao Wei, al ser puesta asimismo en libertad con fianza tras un largo periodo de detención. El esposo de Zhao Wei no ha podido contactar con ella desde su supuesta liberación.