En las últimas semanas se ha difundido en los medios de comunicación a nivel internacional el caso de María Teresa Rivera en El Salvador. En el 2011, María sufrió una emergencia obstétrica y perdió el feto de menos de 21 semanas. El personal del hospital la denunció a la policía y la acusó de haberse sometido a un aborto. El Estado llevó contra ella un proceso criminal y fue sentenciada a 40 años por homicidio agravado.
El pasado 20 de mayo de 2016, la Corte Suprema de El Salvador anuló la condena debido a que los elementos evidenciables no apoyaban la versión que María Teresa le quitó la vida “a su hijo”. Luego de cuatro años María Teresa fue puesta en libertad. Sin embargo, la Fiscalía General en declaraciones públicas insiste en presentar un recurso de apelación y solicitar una revisión de la decisión judicial que condujo a su liberación. Así las cosas María Teresa está en peligro de ser sometida a un nuevo juicio y su libertad podría ser revocada. (Firma nuestra petición urgente aquí: https://goo.gl/74Ycsi)
Desde la perspectiva de los derechos humanos, a María Teresa se le violaron el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a un juicio justo, y el derecho a la presunción de inocencia hasta ser probado culpable. Un nuevo juicio supondría someter a la víctima a un martirio nuevamente en contra de sus derechos. Por tal razón le solicitamos al fiscal general a desistir de presentar un recurso de apelación contra la liberación de María Teresa Rivera.
Además, denunciamos que en El Salvador continúan más de una decena de mujeres igualmente, acusadas, procesadas y condenadas por delitos vinculados al aborto. Además, el personal médico es quién denuncia estos casos ante la policía, sin medir o examinar las situaciones particulares de los mismos. De otra parte, las condiciones paupérrimas de la cárcel de mujeres, existen condiciones de sobrepoblación y hacinamiento, las mujeres duermen en el piso de la celda como fue la experiencia de María Teresa.
El caso de María Teresa pone de manifiesto, que ser mujer pobre sin acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva, las vulnerabiliza doblemente, ante los sistemas institucionales. En El Salvador, las mujeres embarazadas que paren fuera de una institución hospitalaria son responsables de su salud y del recién nacido. Además, la penalización del aborto absoluto coloca a las mujeres y niñas, sujetas a violaciones y agresiones sexuales a continuar un embarazo, sin medir las consecuencias físico y emocionales para las víctimas.
Por tanto, exigimos al gobierno de El Salvador, que derogue las leyes relacionadas a la falta de acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva independientemente la búsqueda de los servicios se relaciona con un aborto. Que se liberen de inmediato a las mujeres encarceladas por haberse sometido a un aborto o haberlo buscado. Que se consideren medidas para la despenalización del aborto, que sea legal, seguro y accesible.
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