República del Congo niega la entrada y devuelve a un experto de Amnistía Internacional

República del Congo ha negado la entrada y devuelto a un director de investigación de Amnistía Internacional en visita al país, lo cual es otro preocupante signo del intento del gobierno de acallar las críticas ante las elecciones presidenciales, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
A ultima hora del viernes 26 de febrero, al director regional adjunto de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, Stephen Cockburn, se le negó la entrada en la frontera y al día siguiente se le devolvió a Dakar, a pesar de tener un visado válido, una carta de invitación y reuniones confirmadas con las autoridades, incluido el ministro de Defensa y funcionarios del Ministerio de Justicia.
“Reprimir las tareas de observación independiente de los derechos humanos es inaceptable, y desde luego no contribuirá a crear confianza cuando República del Congo se prepara para las elecciones, especialmente en un contexto en el que se ha detenido a opositores políticos y se ha matado a manifestantes”, ha dicho Netsanet Belay, director de Investigación y Trabajo de Incidencia en África de Amnistía Internacional.
“El gobierno debe tomar todas las medidas para garantizar que estas elecciones pueden celebrarse en un clima de respeto a la libertad de todas las personas para expresar sus opiniones, protestar pacíficamente y vigilar la situación de los derechos humanos a fin de que las violaciones puedan salir a la luz y encontrar reparación.”
A su llegada al aeropuerto de Brazzaville, un agente de seguridad sacó a Stephen Cockburn de la fila de control de pasaportes. El agente llevaba un papel en el que figuraba el nombre de Cockburn y el de otros dos compañeros de Amnistía Internacional, cuya llegada estaba prevista más tarde. Tras retirarle el pasaporte y retenerlo en el aeropuerto (tratándolo correctamente) hasta el sábado por la mañana, el director de investigación de Amnistía Internacional fue embarcado en un vuelo de retorno a Dakar.
Un documento que posteriormente se facilitó a la línea aérea aludía a la presencia “no deseada” de Amnistía Internacional en el país como motivo para la denegación de la entrada, e indicaba que a Cockburn no debía habérsele concedido el visado.
Amnistía Internacional visitaba República del Congo para reunirse con autoridades, embajadas y agencias de la ONU a fin de hablar sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades y las fuerzas de seguridad, incluidas las cometidas en relación con las próximas elecciones.
El martes 23 de febrero de 2016, el jefe de la policía había escrito a Amnistía Internacional declinando la invitación a reunirse con la delegación e insistiendo en su opinión de que la organización no debía visitar el país durante un periodo preelectoral turbulento, aunque sin indicar que la visita había sido prohibida. En su carta también criticaba un informe de Amnistía Internacional de julio de 2015 en el que se documentaba la expulsión de más de 180.000 ciudadanos de la República Democrática del Congo en 2014.
Las elecciones presidenciales se celebrarán el 20 de marzo. El pasado octubre, Amnistía Internacional pidió a las fuerzas de seguridad, que habían disparado contra multitudes reunidas en Brazzaville y Pointe Noire para manifestarse contra los cambios propuestos en la Constitución del país, que se abstuvieran de hacer uso excesivo de la fuerza. Según grupos de la oposición, al menos 18 personas perdieron la vida.
Amnistía Internacional también ha puesto de relieve la detención de opositores políticos tanto antes del referéndum constitucional de octubre como en el periodo previo a las próximas elecciones. Entre las personas detenidas actualmente se encuentra Paulin Makaya, el líder del partido político Unidos por el Congo (Unis Pour le Congo, UPC), y Serge Matsoulé, secretario federal del Convenio de Acción para la Democracia y el Desarrollo (Convention d’action pour la démocratie et le développement, CADD).
En octubre de 2015, las fuerzas de seguridad rodearon la casa de otro líder de la oposición, Guy Brice Parfait Kolélas, sin autorización judicial alguna y no lo dejaron salir durante 12 días. Ese mismo mes fueron detenidos seis activistas y condenados a tres meses de cárcel por tomar parte en una protesta no autorizada.