Hace falta un apoyo internacional urgente y sostenido para poner fin al ciclo de caos y abusos generalizados que afecta a Libia, ha declarado Amnistía Internacional en el quinto aniversario del levantamiento que acabó con el brutal régimen autoritario del coronel Muamar al Gadafi.
La comunidad internacional participa activamente en un proceso de paz para poner fin a los combates y formar un gobierno de unidad. Sin embargo, sigue siendo difícil lograr la rendición de cuentas por los innumerables crímenes de guerra y otros abusos graves contra los derechos humanos cometidos durante la espiral de violencia. También hacen falta desesperadamente y con urgencia fondos internacionales para evitar una catástrofe humanitaria en el país.
“Los líderes mundiales, especialmente los que participaron en la intervención de la OTAN que contribuyó a derrocar al coronel Muamar al Gadafi en 2011, tienen la obligación de garantizar que los responsables de los horrores que se han desarrollado en Libia posteriormente rinden cuentas de sus actos”, afirmó Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“En los últimos cinco años, Libia se ha hundido más en el abismo del caos de derechos humanos, en medio del desgobierno y de los abusos generalizados y crímenes de guerra cometidos por grupos armados y milicias rivales, y la creciente amenaza que representa el grupo armado autodenominado Estado Islámico. El restablecimiento del Estado de derecho ha de ir paralelo a la justicia por los crímenes generalizados y un apoyo humanitario vital. El mundo no debe fallar a la ciudadanía libia en este momento de necesidad.”
Aunque Francia, Italia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y otras potencias mundiales se involucraron con entusiasmo en la intervención de la OTAN que contribuyó a derrocar al coronel Gadafi en 2011, se han abstenido deplorablemente de abordar los abusos generalizados en Libia o de presionar para que se investiguen estos crímenes.
Abusos generalizados
Hoy Libia está plagada de enfrentamientos entre milicias y grupos armados rivales, y dividida entre dos gobiernos, ninguno de los cuales tiene el control efectivo del territorio. La Cámara de Representantes no ha votado aún la propuesta de gobierno de unidad nacional presentada esta semana por un consejo presidencial que cuenta con el respaldo internacional. Algunas partes de Bengasi, donde se reunieron multitudes de manifestantes en 2011, han quedado reducidas a escombros.
La magnitud de los abusos es increíble. Fuerzas de todas las partes en conflicto han cometido cientos de secuestros, tomado rehenes, torturado, maltratado y asesinado sumariamente a detenidos, y han lanzado contra zonas residenciales ataques indiscriminados que en algunos casos equivalen a crímenes de guerra.
Las fuerzas leales al Estado Islámico han aprovechado el vacío de poder creado por el conflicto para tomar el control de zonas donde han aterrorizado a la población civil con la imposición de su propia interpretación de la ley islámica. Han cometido linchamientos públicos, dejando expuestos los cadáveres de las víctimas, y flagelaciones y amputaciones asimismo públicas, y han impuesto un estricto código indumentario islámico a las mujeres.
Personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Libia también han sido víctimas de secuestro, extorsión, tortura y violencia sexual a manos de contrabandistas y traficantes de personas, así como de grupos armados.
Un prolongado proceso de paz
El acuerdo de paz alcanzado con la mediación de la ONU el pasado mes de diciembre para poner fin a la violencia que afecta a Libia y formar un gobierno de unidad nacional contó con el respaldo de la comunidad internacional como medio eficaz de crear un gobierno centralizado capaz de frenar los avances del Estado Islámico y abordar la migración irregular a Europa. El acuerdo contiene firmes disposiciones de derechos humanos y medidas para la rendición de cuentas. Sin embargo, a pesar de que fue firmado por todas las partes, su aplicación está supeditada a la formación de un gobierno de unidad y al restablecimiento del Estado de derecho.
“La comunidad internacional no puede esperar indefinidamente a que triunfe un proceso político al mismo tiempo que ignora los derechos de cientos de miles de civiles que han sufrido como consecuencia de los abusos contra los derechos humanos. El restablecimiento del Estado de derecho en Libia es fundamental, aunque es probable que tarde años. Debe ir acompañado de justicia internacional por los crímenes de derecho internacional y de medidas humanitarias inmediatas para ayudar a las víctimas del conflicto”, añadió Said Boumedouha.
Investigaciones internacionales
El sistema de justicia de Libia se ha desmoronado en gran medida, lo que significa que hay abusos generalizados que han quedado totalmente impunes. Profesionales de la abogacía, jueces, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos sufren amenazas y ataques constantes. Amnistía Internacional no sabe de un solo miembro de una milicia que haya sido enjuiciado por abusos contra los derechos humanos desde 2011.
En febrero de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU remitió por unanimidad la situación de Libia a la Corte Penal Internacional (CPI) tras recibir informes de “violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos” por las fuerzas del coronel Gadafi. Sin embargo, la CPI se ha abstenido reiteradamente de abrir nuevas investigaciones, alegando la inestabilidad en Libia y la falta de recursos. No obstante, se pueden adoptar más medidas para recabar y conservar las pruebas desde fuera de Libia, donde miles de víctimas y testigos han huido en diferentes oleadas desde 2011, incluido desde el comienzo de los conflictos en curso.
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ha solicitado recientemente recursos para hacer investigaciones adicionales, aunque indicó que no era probable que atendieran su petición.
“La Corte Penal Internacional ofrece una vía muy necesaria para la rendición de cuentas en Libia. Dado el vacío de justicia en el país, es aún más crucial que la labor para aplicar el acuerdo de paz vaya acompañada de investigaciones internacionales para garantizar que los responsables de crímenes horrendos rindan cuentas de ellos”, dijo Said Boumedouha.
“La remisión de una situación a la Corte Penal Internacional sin prestar el apoyo político y económico adecuado para las investigaciones transmite un mensaje erróneo a víctimas y perpetradores. Los Estados deben aumentar su apoyo a la Corte Penal Internacional para permitirle que investigue por fin los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Libia. Hay que demostrar a los perpetradores de crímenes, incluida la enorme red de milicias de Libia, que no pueden seguir cometiendo crímenes con impunidad.”
Hasta ahora no se han aplicado las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que imponen sanciones selectivas que incluyen la congelación de activos y prohibiciones de viajar a quienes participaron en violaciones y abusos contra los derechos humanos.
Intensificación de la crisis humanitaria
Mientras tanto, los abusos han continuado y la situación humanitaria se ha deteriorado enormemente.
Según cálculos de la ONU, la violencia ha afectado a alrededor de 2,5 millones de personas y ha desplazado a más de 430.000. También ha alterado el acceso a hospitales, escuelas y servicios básicos como la electricidad, el agua y el saneamiento. No obstante, el llamamiento humanitario de la ONU para proporcionar servicios básicos a 1,3 millones de personas en Libia, incluidas la atención médica, la educación y la protección de refugiados y migrantes, sólo cuenta con el uno por ciento de los fondos que necesita.
“La comunidad internacional no debe ignorar la difícil situación humanitaria del pueblo libio. Es crucial que las potencias del mundo no vuelvan la espalda al sufrimiento de innumerables civiles libios; deben cubrir las necesidades del llamamiento humanitario de la ONU”, declaró Said Boumedouha.
Amnistía Internacional pide también a la comunidad internacional que aumente su apoyo a las personas que necesitan protección proporcionando rutas seguras y legales para salir del conflicto. Desde 2014, cientos de miles de civiles, entre los que hay libios, pero también migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, han huido del país. Muchos son víctimas de abusos como secuestros e intentos de asesinato o han recibido amenazas. La mayoría ha huido a Túnez, donde muchos tienen dificultades para encontrar trabajo y sobrevivir. Sin documentos de residencia y medios para subsistir, algunos se han visto obligados a volver a Libia y siguen corriendo el riesgo de sufrir abusos. Quienes han llegado a Europa huyendo del conflicto se encuentran con un sistema de asilo quebrantado y llevan esperando meses a que se tramiten sus solicitudes.
“La comunidad internacional debe compartir la carga de abordar la crisis y ofrecer una ayuda vital a quienes necesitan protección internacional proporcionándoles rutas seguras y legales a la seguridad, lo que incluye la concesión de visados humanitarios y facilitar la reubicación temporal”, concluyó Said Boumedouha.