El encarcelamiento de seis hombres tunecinos condenados a tres años de prisión por sodomía es un terrible ejemplo de la discriminación, profundamente arraigada y sancionada por el Estado, que sufren las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) del país, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Al parecer, los hombres, algunos de los cuales son estudiantes universitarios, fueron declarados culpables tras ser sometidos a un examen anal. Amnistía Internacional considera que estos exámenes equivalen a tortura cuando se realizan contra la voluntad del afectado. La organización pide su libertad inmediata e incondicional.
“El fallo dictado contra estos hombres es absolutamente escandaloso, sobre todo ahora, cuando los grupos de defensa de los derechos humanos de Túnez se expresan de forma creciente contra la penalización de las relaciones homosexuales”, declaró Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Nade debería ser encarcelado por su orientación o su actividad sexual. Este caso pone de relieve el grado de arraigo de la homofobia estatal en el país y el largo camino que aún tiene que recorrer Túnez para que la comunidad LGBTI pueda disfrutar plenamente de los derechos sexuales y de la identidad de género.”
El Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Kairuán condenó a los hombres en aplicación del artículo 230 del Código Penal tunecino, que penaliza la “sodomía y el lesbianismo” con una pena máxima de tres años de prisión. Uno de los encausados fue condenado además a seis meses de prisión por “indecencia” después de que la policía encontrase un vídeo pornográfico en su ordenador.
Según activistas LGBTI que siguen el caso, los seis hombres fueron detenidos el 2 de diciembre, después de que la policía registrase una vivienda en la que mantenían una reunión, y comparecieron ante el juzgado el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. En la comparecencia, sólo uno de los hombres estuvo representado por un abogado.
Además, en aplicación de los artículos 5 y 22 del Código Penal, se ha prohibido a los condenados residir en Kairuán durante cinco años, prohibición que entrará en vigor una vez que hayan cumplido sus penas de prisión. Según un abogado que intervino en el caso, este es el primer caso conocido de los últimos años en el que se ha impuesto este castigo.
“El hecho de que, en 2015, un tribunal tunecino pueda aún encarcelar a seis jóvenes por mantener relaciones homosexuales y castigarlos con el destierro muestra hasta qué punto las relaciones homosexuales siguen siendo tabú en Túnez. Prohibirles residir en la ciudad sienta un peligroso precedente y es probable que desemboque en una mayor estigmatización.
“Esta sentencia vacía de sentido la propia Constitución del país, que contiene importantes salvaguardias que protegen los derechos de las personas LGBTI y garantiza el derecho a la vida privada y a la libertad de expresión, pensamiento y opinión”, afirmó Said Boumedouha.
“A la larga, sólo realizando una revisión a fondo y urgente del Código Penal y despenalizando las relaciones homosexuales con consentimiento mutuo de una vez por todas tendrán las autoridades tunecinas alguna posibilidad de prestar la debida protección contra la violencia y la discriminación.”
Amnistía Internacional considera que las personas detenidas y privadas de libertad sólo por su orientación sexual o identidad de género son presos de conciencia, y pide a las autoridades tunecinas que pongan en libertad a estos hombres y anule sus sentencias condenatorias inmediatamente.
Información complementaria
En un informe publicado recientemente, Amnistía Internacional ha documentado también que las autoridades suelen abstenerse de investigar y castigar debidamente los crímenes de odio homofóbicos y transfóbicos. Del mismo modo, los gays de Túnez son detenidos a menudo sin ninguna prueba de que mantengan relaciones homosexuales y sin que se los haya sorprendido casi nunca in fraganti. Por el contrario, la mayoría de las detenciones se practican basándose en estereotipos de género, como la apariencia y la conducta, siendo las personas más afectadas los gays considerados “afeminados” y las mujeres transgénero.
Los hombres acusados de mantener relaciones homosexuales son sometidos habitualmente a exámenes anales realizados por médicos, que por lo general ordena un juez en un intento de hallar “pruebas” de sexo anal, a pesar de que es un método desacreditado por carecer de base científica.
Aunque en teoría el detenido puede negarse a someterse al examen, los activistas afirman que la mayoría de los hombres no conocen sus derechos y se sienten presionados para acceder. A menudo la policía los intimida y les dice que la negativa podría usarse como prueba en su contra.
Esta cuestión salió a la luz recientemente con el caso de un joven de 22 años conocido como “Marwan”, que fue condenado a un año de prisión por mantener “relaciones homosexuales”. Inicialmente, la policía había citado a Marwan en relación con el asesinato de un hombre cometido en Susa. Al negar él toda implicación en el delito, pero admitir que había mantenido relaciones sexuales con la víctima, según informes tras amenazarlo la policía con presentar un cargo de asesinato contra él, fue acusado de “sodomía” en aplicación del artículo 230 del Código Penal.
Amnistía Internacional ha hablado con personas LGBTI de Túnez a quienes han apuñalado o acuchillado, propinado patadas en la cabeza, quemado con colillas y amenazado de muerte debido a su identidad de género o su orientación sexual. En muchos casos se han rechazado o ignorado sus denuncias ante la policía en virtud de lo dispuesto en el artículo 230.