En las últimas semanas, tras el atentado suicida perpetrado la semana pasada en el centro de Túnez, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo decenas de detenciones, lo que supone una inquietante señal de que las autoridades están volviendo a recurrir a medidas de represión y abuso. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
La organización ha hablado con residentes que, en la madrugada del 27 de noviembre, sufrieron una serie de asaltos nocturnos de agentes de las fuerzas de seguridad con el rostro cubierto por pasamontañas y armados con rifles que irrumpieron en casas del distrito de La Goulette, en Túnez, amenazaron a punta de pistola a sus habitantes, incluidos mujeres, niños, niñas y personas ancianas, y detuvieron a decenas de personas.
“Las autoridades tunecinas deben proteger a la población, investigar los ataques contra civiles y llevar a los responsables ante la justicia. Sin embargo, no deben pisotear los derechos humanos sometiendo a familias aterradas a brutales asaltos domiciliarios y llevando a cabo detenciones arbitrarias”, ha manifestado Said Boumedouha, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“A la población tunecina se le está pidiendo que elija entre seguridad y derechos y libertades, pero ella quiere las dos cosas, y es deber del Estado esforzarse por proteger a la población al tiempo que defiende y respeta los derechos humanos de todas las personas. La dolorosa y larga experiencia de los abusos cometidos durante el gobierno del ex presidente Ben Ali ha arrojado una larga sombra sobre los logros de los últimos cinco años, y el actual gobierno debe garantizar escrupulosamente que no se vuelve a recurrir a la tortura y la represión en nombre de la lucha antiterrorista.”
Según el Ministerio del Interior, desde que el 24 de noviembre se declaró el estado de excepción se han llevado a cabo al menos 1.880 asaltos en todo el país y se ha detenido al menos a 155 personas como sospechosas de pertenecer a organizaciones terroristas. Al menos otras 138 personas más han sido puestas bajo arresto domiciliario.
En los asaltos del 27 de noviembre en La Goulette, decenas de hombres –un total de entre 50 y 70, según testigos presenciales– fueron detenidos, entre ellos algunos que estaban enfermos o eran ancianos. Los miembros de una brigada antiterrorista irrumpieron en las casas echando abajo las puertas, sin identificarse ni mostrar órdenes judiciales, y apuntando a sus habitantes con armas. Muchos de los detenidos iban aún en pijama y con zapatillas de andar por casa. A algunos los golpearon mientras los trasladaban a la comisaría de policía para interrogarlos. Los dejaron en libertad al cabo de varias horas, y les dijeron que se pondrían en contacto con ellos para continuar con el interrogatorio.
Además, hubo grupos de hasta 10 agentes de policía que llevaron a cabo registros domiciliarios. En algunos casos, irrumpieron en los dormitorios y amenazaron con rifles a las personas que dormían en ellos. Algunas mujeres han contado que no tuvieron tiempo de vestirse, pese a que por lo general llevan el velo, y que los niños estaban aterrorizados. Entre los residentes cuya casa fue registrada había una mujer que había sufrido una apoplejía y no podía hablar ni moverse. Dormía en el dormitorio principal cuando un gran grupo de policías enmascarados irrumpió en la casa.
Los residentes de La Goulette que hablaron con Amnistía Internacional estaban visiblemente conmocionados tras los asaltos, que describieron como aterradores. Algunos dijeron que creían que estaban siendo atacados por ladrones o delincuentes; otros creyeron estar siendo atacados por “terroristas”. La mayoría dormían cuando se produjo el asalto.
Una mujer ha descrito cómo una unidad antiterrorista irrumpió en su casa y amenazó a su familia a punta de pistola. Según el relato que hizo a Amnistía Internacional, a las dos de la madrugada oyó un fuerte estallido, como una bomba, y unos 10 hombres armados, con el rostro cubierto por pasamontañas, irrumpieron en la casa.
“Estábamos aterrorizados, y pensábamos que podían ser terroristas […] Apuntaron con sus armas a mi esposo, y luego empezaron a registrar la casa. También nos apuntaron con sus armas a mi hijo y a mí; a mi hijo le hicieron levantar las manos y ponerse de rodillas”, relató.
A uno de sus hijos lo detuvieron allí mismo, pero luego lo dejaron en libertad. La policía antiterrorista también detuvo en una casa vecina a un hombre que había sufrido recientemente un derrame cerebral, según afirmó esta mujer.
“Estamos en contra del terrorismo y apoyamos la lucha antiterrorista, pero no de esta manera. La policía nos aterrorizó”, dijo otra mujer cuya casa fue registrada durante el asalto.
Otras personas dijeron a Amnistía Internacional que temían que las nuevas libertades logradas tras los levantamientos tunecinos se vean amenazadas.
“El único logro que obtuvimos durante la revolución es nuestra libertad individual y colectiva. Esta libertad está siendo ahora destruida en nombre del terrorismo […] [L]a Constitución se ha dejado de lado para luchar contra el terrorismo. Han traído el miedo de vuelta al corazón de los tunecinos”, dijo una persona.
Los asaltos resultaron especialmente dañinos para las personas ancianas con enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, quienes, según relataron, seguían conmocionadas. También provocaron la vuelta del tartamudeo de un joven de 20 años que se había sometido a terapia del habla siendo niño, lo que indica claramente el trauma que sufrió. Este joven también había estado en las cercanías del lugar de la explosión cuando ésta tuvo lugar el 24 de noviembre, y ya por eso estaba conmocionado.
Según afirmaciones de testigos, las fuerzas de seguridad no expusieron motivo alguno para las detenciones, aunque algunas personas les oyeron decir que buscaban armas o sospechosos de terrorismo.
En virtud de la nueva ley antiterrorista aprobada en julio de este año, los sospechosos de terrorismo pueden permanecer detenidos sin cargos y en régimen de incomunicación durante 15 días sin acceso a un abogado ni al mundo exterior, lo que acrecienta el riesgo de que sufran tortura y otros malos tratos.
“El recurso a tácticas de mano dura, en las que se detiene a decenas de personas a las que se niega el acceso a su abogado, viola las obligaciones contraídas por Túnez en materia de derechos humanos. Supone un bofetón para los logros en derechos humanos obtenidos desde la caída del ex presidente Ben Ali”, ha manifestado Said Boumedouha.
“Las autoridades tunecinas deben acusar sin demora o poner en libertad a los detenidos, y deben garantizar que todas las personas que estén bajo custodia reciben un trato humano, gozan de protección frente a la tortura y pueden acceder con prontitud a abogados y a sus familias.”
Desde el atentado perpetrado en el museo del Bardo, en Túnez, en marzo de este año, en el que murieron más de 20 personas, Amnistía Internacional ha recibido noticias sobre tortura y malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad contra sospechosos recluidos en relación con delitos de terrorismo.
Información complementaria
El estado de excepción, impuesto el 24 de noviembre durante 30 días tras el atentado suicida en el que murieron 12 guardias presidenciales y otras 20 personas resultaron heridas, está regulado por un decreto presidencial emitido en 1978.
Ese decreto otorga al Ministerio del Interior o a las autoridades locales el derecho a suspender huelgas y manifestaciones, prohibir reuniones de las que se considera que amenazan el orden público, y poner bajo arresto domiciliario a cualquier persona de la que se considere que realiza actividades que ponen en peligro la seguridad y el orden público. También permite realizar registros domiciliarios tanto de noche como de día, y tomar medidas para controlar y censurar medios de comunicación. El estado de excepción es renovable.
Aunque la Constitución tunecina permite al presidente adoptar medidas excepcionales en caso de peligro inminente que amenace la integridad nacional, la seguridad o la independencia del país, estas medidas deben imponerse durante el menor tiempo posible para garantizar el funcionamiento regular de la autoridad pública, y no deben violar en sí mismas derechos clave que no pueden restringirse en ninguna circunstancia, ni deben restringir arbitrariamente derechos que puedan limitarse temporalmente en momentos de emergencia auténtica.