Australia: Descubiertas pruebas abrumadoras de la implicación de funcionarios en un delito transnacional

Nuevos datos reunidos por Amnistía Internacional señalan que las operaciones de control de las fronteras marítimas de Australia parecen ahora una operación ilegal con indicios de actividad delictiva, pagos a tripulaciones de barcos y malos tratos a mujeres, hombres y menores solicitantes de asilo. A través de entrevistas con solicitantes de asilo, la tripulación de un barco y la policía indonesia, un nuevo informe –By hook or by crook (“Por las buenas, o por las malas”)– revela indicios de que, en mayo de 2015, funcionarios australianos que trabajaban en la Operación Fronteras Soberanas pagaron 32.000 dólares estadounidenses a seis tripulantes de un barco en el que viajaban 65 personas que buscaban asilo en Nueva Zelanda para que las llevaran a Indonesia. Los funcionarios proporcionaron también mapas que mostraban a la tripulación dónde desembarcar en Indonesia. Los testimonios de los testigos, respaldados por grabaciones de vídeo, revelan que la intervención de los funcionarios australianos puso en peligro la vida de las personas que buscaban asilo al transferirlas a otros barcos que carecían de suficiente combustible y que el incidente se encuadra dentro de una práctica reiterada y abusiva conocida como “operaciones de retroceso” de barcos. El informe plantea asimismo preguntas sobre si los funcionarios australianos pagaron a la tripulación de otro barco al que se obligó a retroceder en julio. “Australia lleva meses negando que pagara por el tráfico ilícito de personas, pero nuestro informe ofrece pruebas detalladas que indican algo muy diferente”, afirmó Anna Shea, investigadora sobre personas refugiadas de Amnistía Internacional. “Todos los datos disponibles señalan que los funcionarios australianos cometieron un delito transnacional al dirigir una operación de tráfico ilícito de personas, pagar a la tripulación de un barco y darles luego instrucciones sobre lo que tenían que hacer exactamente y dónde desembarcar en Indonesia. El tráfico ilícito de seres humanos es un delito normalmente asociado a ciudadanos particulares y no a gobiernos, pero aquí tenemos pruebas fehacientes de que los funcionarios australianos no sólo estuvieron implicados en las operaciones, sino que las dirigieron. “En los dos incidentes documentados por Amnistía Internacional, los funcionarios de la Fuerza Fronteriza y de la Armada pusieron además la vida de decenas de personas en peligro al obligarlas a subir a embarcaciones mal equipadas. En lo relativo al trato que da a quienes buscan asilo, Australia se está convirtiendo en un Estado sin ley.” El incidente de mayo de 2015 Desde que los medios de comunicación informaron por primera vez de este incidente, las autoridades australianas han negado reiteradamente haber pagado a traficantes ilícitos de personas y han dicho que las patrullas fronterizas auxiliaron a una embarcación en peligro en el mar. Sin embargo, los tripulantes del barco —entrevistados en agosto por Amnistía Internacional en Indonesia, donde están actualmente bajo custodia policial—, así como los pasajeros, a los que también entrevistó la organización, afirman que el barco no tenía problemas y que nunca hicieron una llamada de socorro. Los funcionarios de control fronterizo australiano se aproximaron inicialmente al barco el 17 de mayo y de nuevo el 22 del mismo mes. La mayoría de los pasajeros —entre los que había una mujer embarazada, dos niños de siete años y un bebé— subieron a la embarcación de la Fuerza Fronteriza después de que les dijeran que podían tomar un baño allí. Una vez a bordo, los encerraron en celdas durante aproximadamente una semana. A algunos les negaron asistencia médica o el acceso a su propia medicación. En el barco original, los seis miembros de la tripulación afirman que los funcionarios australianos les dieron en total 32.000 dólares estadounidenses. Al menos una persona que buscaba asilo fue testigo de la transacción y así lo declaró a Amnistía Internacional. La policía indonesia confirmó a Amnistía Internacional que había encontrado esta cantidad de dinero en posesión de la tripulación cuando los detuvieron a su llegada al país. La investigación de Amnistía Internacional se basa en entrevistas con las 62 personas adultas que buscaban asilo, los seis miembros de la tripulación y funcionarios indonesios. La organización ha tenido también acceso a pruebas documentales cruciales, como fotos y un vídeo grabado por los propios pasajeros durante el viaje. Además, la policía indonesia mostró al investigador de Amnistía Internacional el dinero que confiscó a los seis tripulantes, en billetes nuevos de 100 dólares. El 31 de mayo, los funcionarios australianos transfirieron a la tripulación y a las personas solicitantes de asilo a otros dos barcos más pequeños y dieron instrucciones a la tripulación para que se dirigiera a la isla de Roti, en Indonesia, así como un mapa en el que se indicaban lugares para desembarcar. Los dos barcos tenían poco combustible y uno se quedó sin él en alta mar. Los aterrorizados pasajeros se vieron obligados a hacer un peligroso transbordo en medio del mar al otro barco y fueron finalmente rescatados por unos lugareños indonesios tras chocar con un arrecife. El incidente de julio By hook or by crook documenta otro caso de posible pago por funcionarios australianos a la tripulación de un barco para que llevaran ilícitamente a varias personas a Indonesia en julio de 2015. Este incidente, a diferencia del ocurrido en mayo de 2015, no recibió una cobertura tan amplia en los medios de comunicación. En este caso, parece que los funcionarios australianos también ordenaron a la tripulación de un barco que llevase a un grupo de personas a la isla indonesia de Roti. Los pasajeros del barco dijeron a Amnistía Internacional que fueron interceptados por la Armada y la Fuerza Fronteriza australianas el 25 de julio y que el 1 de agosto los subieron a otro barco. Una vez a bordo, se dieron cuenta de que la tripulación tenía en su poder dos bolsas nuevas que no habían visto antes. Cuando los pasajeros mostraron su desconfianza y amenazaron con abrir las bolsas, los australianos les ordenaron reiteradamente que no lo hicieran. Estos incidentes se produjeron en el contexto de la Operación Fronteras Soberanas de Australia, una operación de control fronterizo dirigida por los militares que se inició en 2013 para impedir que llegaran personas a Australia en barco de forma irregular, incluidos refugiados y solicitantes de asilo. Amnistía Internacional pide que una Comisión Real investigue la Operación Fronteras Soberanas e informe de las denuncias de actos delictivos e ilegales cometidos por funcionarios del gobierno australiano. Pese a las reiteradas declaraciones del gobierno de que la Operación está concebida para “salvar vidas en el mar”, Amnistía Internacional y muchos otros han documentado la práctica reiterada y alarmante de “operaciones de retroceso” de barcos abusivas e ilegales por las autoridades australianas. Otras personas que buscaron asilo en Indonesia contaron a Amnistía Internacional que habían sido afectadas por “operaciones de retroceso” en el mar realizadas por funcionarios australianos que, según dijeron, insultaron y maltrataron a quienes iban en los barcos. Estas “operaciones de retroceso” violan el principio de no devolución, en cuya virtud no se puede devolver a personas refugiadas a países donde corren peligro, y además niegan a las personas el derecho a que se tramiten sus solicitudes de asilo. “La Operación Fronteras Soberanas, lejos de salvar vidas, se ha convertido en sinónimo de abusos contra algunas de las personas más vulnerables del mundo. Australia debe empezar a cumplir seriamente de una vez por todas sus obligaciones internacionales para con las personas refugiadas. Todas las personas que buscan asilo merecen que se tramiten imparcialmente sus solicitudes. En lugar de seguir realizando estas “operaciones de retroceso”, Australia debe entablar un diálogo efectivo para mejorar las protecciones regionales para las poblaciones vulnerables en la región de Asia y Oceanía, y ampliar las rutas sin riesgos y legales para que las personas lleguen a un lugar seguro”, concluyó Anna Shea.

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