La comunidad internacional debe servirse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para llevar a cabo una investigación sobre las violaciones del derecho internacional humanitario y los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por todas las partes en Yemen, ha manifestado Amnistía Internacional seis meses después del quedar el país sumido en un conflicto sangriento.
La organización insta a que, antes de que termine, el 2 octubre, el actual periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se cree él una comisión para investigar los abusos y violaciones del derecho internacional cometidas por todas las partes en el conflicto de Yemen.
Más de 2.100 civiles, entre ellos al menos 400 niños y niñas, han muerto en el conflicto. En todo el país se está intensificando una crisis humanitaria desesperada, en la que han sido desplazadas de sus hogares más de 1,4 millones de personas.
“En los seis meses transcurridos desde que la coalición dirigida por Arabia Saudí comenzó su campaña en Yemen, todas las partes ha mostrado un cruel desprecio por la vida de las personas civiles”, ha señalado James Lynch, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Sin el final de este mortal conflicto aún la vista y con una crisis humanitaria cada vez más grave, el sufrimiento de la población civil ha alcanzado niveles sin precedentes. La comunidad internacional debe aprovechar la oportunidad para llevar a cabo una investigación internacional creíble, que dé esperanzas de rendición de cuentas y justicia a las víctimas de los graves abusos y violaciones del derecho internacional cometidos en Yemen.”
Arabia Saudí, junto con los demás miembros de la coalición militar que combate en Yemen y el gobierno del presidente yemení, Abd Rabbu Mansour Hadi, intentan impedir que el Consejo de Derechos Humanos cree una comisión de investigación sobre el conflicto del país.
“Es hora de que la comunidad internacional deje de dar la espalda a las víctimas de la crisis surgida en Yemen y tome medidas para ayudar a poner fin a la impunidad, indicando claramente a los responsables que tendrán que rendir cuentas. Lo primero que debe hacerse con tal fin es llevar a cabo una investigación exhaustiva, imparcial e independiente”, ha afirmado James Lynch.
La gran mayoría de las muertes y lesiones sufridas por civiles han sido causadas por la coalición dirigida por Arabia Saudí, que está respaldada por Estados Unidos y Reino Unido. Amnistía Internacional ha documentado ataques aéreos de la coalición supuestamente dirigidos contra el grupo armado de los huzis, pero que han causado muertes de civiles y destruido viviendas y otros bienes civiles, incluidas escuelas y mezquitas. Los ataques aéreos han destruido también infraestructura clave, como puentes y carreteras, lo que dificulta el envío de ayuda humanitaria.
Las fuerzas de la coalición ha utilizado además municiones de racimo, que son por naturaleza de efecto indiscriminado y está prohibidas, y se ha comprobado que han sido fabricadas o diseñadas en Estados Unidos.
“En vez de prestar asistencia logística y militar a las fuerzas de la coalición, que han cometido graves violaciones del derecho internacional, estos influyentes miembros de la comunidad internacional deberían intentar hacer rendir cuentas a los responsables de tales violaciones”, ha añadido James Lynch.
“Cualquier país que suministre armas a alguna de las partes en el conflicto no debe autorizar ninguna transferencia si existe un riesgo preponderante de que las armas se utilicen para cometer o ayudar a cometer violaciones de derechos humanos y del derecho internacional.
En los combates terrestres, el grupo armado de los huzis y sus oponentes también han cometido graves abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. Ambos bandos han puesto en peligro a civiles efectuando ataques indiscriminados y ataques en zonas residenciales, incluidos bombardeos indiscriminados de artillería efectuados por los huzis contra ciudades y otras poblaciones del sur de Arabia Saudí.
El grupo armado de los huzis ha emprendido también una campaña de represión en zonas bajo su control, en el marco de la cual ha asaltado y cerrado varias ONG y amenazado a su personal. También ha llevado a cabo decenas de detenciones arbitrarias y secuestros de activistas, periodistas y otros presuntos detractores.