La desestimación hoy por el Tribunal Supremo de la petición de rectificación de Yakub Memon, que allana el camino para su ejecución inminente, es un paso desalentador y regresivo hacia el uso continuado de la pena de muerte en India, ha declarado Amnistía Internacional India.
Yakub Abdul Razak Memon fue declarado culpable de participar en una serie de explosiones de bombas en Mumbai en marzo de 1993 en las que murieron 257 personas. Fue detenido en 1994. En 2007 fue declarado culpable y condenado a muerte en aplicación de la Ley sobre Actividades Terroristas y Subversivas, que contiene disposiciones incompatibles con las normas internacionales sobre juicios justos. El Tribunal Supremo confirmó la condena en marzo de 2013. La petición de indulto presentada por Yakub Memon al presidente de India fue desestimada en abril de 2014.
"El año pasado, el Tribunal Supremo conmutó más de una decena de condenas a muerte en sentencias progresistas. La sentencia de hoy, en cambio, sitúa lamentablemente a India en oposición a la tendencia mundial de alejarse de la pena de muerte", dijo Divya Iyer, directora de investigación de Amnistía Internacional India.
"Quienes afirman que con el ahorcamiento de Yakub Memon se hará justicia por las explosiones de Mumbai de 1993 están equivocados. Todavía no se ha encontrado, detenido ni juzgado a los presuntos autores intelectuales de las explosiones."
"Además, la ejecución de Yakub Memon ha suscitado serias dudas, entre ellas la posibilidad de que esté guiada por motivaciones políticas. Según los medios de comunicación, Memon estuvo un periodo en régimen de aislamiento, lo que es inconstitucional."
"Los legisladores de India suelen considerar práctico mantener la pena capital como símbolo de su determinación de poner freno a la delincuencia, y optan por ignorar soluciones más difíciles y eficaces, como mejorar las investigaciones y los enjuiciamientos, y prestar atención a las familias de las víctimas."
No existen pruebas creíbles de que la amenaza de la ejecución tenga un efecto más disuasorio respecto a la delincuencia que una pena de prisión. Este hecho ha sido confirmado en múltiples estudios realizados en numerosas regiones del mundo por autores entre los que se encuentran las Naciones Unidas. El Comité del Magistrado Verma, creado en 2012 para revisar las leyes contra las agresiones sexuales, llegó a la misma conclusión, señalando que "hay pruebas considerables de que el efecto disuasorio de la pena de muerte en delitos graves en realidad es un mito".
"Las autoridades deben garantizar certeza en la detección, detención y condena por delitos, en lugar de centrarse en la severidad de la pena, que por sí misma tiene pocos efectos disuasorios", afirmó Divya Iyer.
La pena de muerte en India es arbitraria, discriminatoria y a menudo se usa de forma desproporcionada contra los pobres. Un estudio reciente, realizado por estudiantes de la Universidad Nacional de Derecho de Delhi con la ayuda de la Comisión Jurídica de India, concluyó que más de tres cuartas partes de los presos condenados a muerte procedían de entornos económicamente débiles.
140 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Lamentablemente, los gobiernos siguen usando la pena capital en un intento equivocado, y a menudo cínico, de atajar la delincuencia y el terrorismo. El último informe anual de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte en el mundo concluyó que, en 2014, un número alarmante de países usó esta pena para hacer frente a las amenazas reales o percibidas del terrorismo, la delincuencia o la inestabilidad interna para la seguridad del Estado.