WASHINGTON – El Senado de Estados Unidos ha adoptado hoy una enmienda fundamental contra la tortura en el marco de la Ley sobre la Autorización de la Defensa Nacional (NDAA) para el Año Fiscal 2016. La Enmienda del Senado 1889 fue introducida la semana pasada por el senador John McCain (republicano por Arizona) y copatrocinada por Dianne Feinstein (demócrata por California), entre otros senadores. La enmienda prohíbe de hecho a los funcionarios estadounidenses el uso de técnicas de tortura, como simulacros de ejecución, humillación sexual, encapuchar a los detenidos o simulacro de ahogamiento, al exigir que se atengan al Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos. “Esta es la primera votación del Senado estadounidense sobre la tortura en años, y constituye un rechazo legislativo claro y necesario de los terribles abusos de la CIA”, ha afirmado Steven W. Hawkins, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Sin esta enmienda, los abusos cometidos en nombre de la seguridad nacional, como la alimentación forzada por vía rectal y los simulacros de enterramiento, podrían ser repetidos con gran facilidad por la CIA en caso de darse un clima de propagación del miedo en relación con el terrorismo.” La enmienda exigirá que todo el personal estadounidense –incluidos los funcionarios de inteligencia– se atenga al Manual de Campo del Ejército como norma para los interrogatorios. También exigirá que los funcionarios federales notifiquen al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) la existencia de cualquier individuo recluido bajo custodia o control efectivo de Estados Unidos y permitan el acceso sin demora del Comité a esas personas. Exige asimismo la actualización del Manual de Campo del Ejército para cumplir las obligaciones legales de Estados Unidos y reflejar las “mejores prácticas de interrogatorio actuales de comprobada eficacia y concebidas para obtener declaraciones fiables y voluntarias que no impliquen el uso o la amenaza de la fuerza”. Esto reviste una especial importancia porque dicha actualización es esencial. En particular, el “Apéndice M” del Manual de Campo del Ejército autoriza actualmente a los interrogadores a usar una combinación de aislamiento y privación de sueño de forma indefinida, lo que podría ser constitutivo de malos tratos y con el tiempo incluso de tortura. En consecuencia, esa autorización debe ser retirada. La legislación exigirá la aprobación de la Cámara como parte de la autorización de defensa plena antes de remitirse a la atención del presidente. “Incluso mientras seguimos conociendo noticias de horrendas denuncias de abusos sexuales, humillación y confesiones forzadas, algunas figuras políticas intentan ganar puntos políticos abogado por el uso de la tortura”, ha afirmado Hawkins. “La votación de hoy es un firme mensaje al mundo de que Estados Unidos no dejará que su prohibición de la tortura expire con el final del mandato del presidente Obama”, ha afirmado Naureen Shah, directora del Programa de Seguridad y Derechos Humanos de Amnistía internacional Estados Unidos. “Un decenio después de las atrocidades del programa de tortura de la CIA, la votación de hoy reafirma que Estados Unidos rechaza de modo inequívoco la tortura por ser ilegal e inaceptable. El hecho de que aspirantes a candidatos en las elecciones en 2016 puedan considerar seriamente el retorno de la tortura subraya la urgente necesidad de esta enmienda.” Estados Unidos no es el único país que tiene un problema de tortura. En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha informado sobre tortura en 141 países: las tres cuartas partes del mundo. Esta legislación es un paso de muchos que el gobierno de Estados Unidos debe dar para impedir el retorno de la tortura y los malos tratos y cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos no ha presentado cargo penal alguno contra los responsables de tortura y desapariciones forzadas en el contexto del programa de detención secreta de la CIA. El gobierno estadounidense tampoco ha retirado las reservas de Estados Unidos a tratados de derechos humanos de la ONU, reservas que la Oficina de Asesoramiento Jurídico del Departamento de Justicia durante la presidencia de George W. Bush aprovechó para expedir permisos de tortura y otros malos tratos.