La agresión a decenas de migrantes haitianos por parte de residentes locales que se produjo la semana pasada en una comunidad rural del norte de la República Dominicana es un acto vergonzoso y representa una confirmación más de la urgente necesidad de abordar eficazmente el racismo y la xenofobia en el país, ha manifestado Amnistía Internacional.
El 9 de abril, decenas de residentes de la comunidad La Ortega, en la ciudad septentrional de Moca, armados con porras, bates de béisbol, machetes y piedras; irrumpieron en al menos cuatro casas ocupadas por inmigrantes haitianos, los desalojaron y destruyeron sus pertenencias.
Un vídeo que circula por los medios de comunicación locales muestra a una mujer que es empujada al suelo y un joven esposado a quien le cortan el pelo a la fuerza. Según las organizaciones de la sociedad civil dominicana, al menos 30 ciudadanos haitianos fueron atacados y todos los que vivían en la comunidad posteriormente huyeron ante el temor por su vida e integridad física.
La agresión fue provocada por el descubrimiento del cuerpo de un joven dominicano que había desaparecido de la comunidad unos días antes. Tan pronto como los rumores que atribuían el asesinato a dos inmigrantes haitianos comenzaron a extenderse, la turba se dirigió a las casas de los residentes haitianos. La policía informó que habían arrestado a dos haitianos por el homicidio del joven dominicano.
Sin embargo, el 12 de abril, el hermano de la víctima declaró a los medios locales que creía que los asesinos de su hermano eran dominicanos y que habían instigado a la multitud contra los residentes haitianos.
Amnistía Internacional hace hincapié en que es irrelevante si el crimen fue cometido por haitianos o por dominicanos, siempre y cuando haya una investigación justa y transparente y el acceso a la justicia esté garantizado para la víctima y sus familiares. Lo destacable aquí es que un joven fue asesinado y después residentes locales fueron atacados, desalojados y perdieron todas sus pertenencias sin ningún motivo. Nadie debería de tomarse la justicia por su mano. La policía también informó que once personas habían sido detenidas por el ataque contra los haitianos.
Hasta ahora no se tiene información de que ninguna autoridad gubernamental haya condenado el ataque. Este tipo de incidente es recurrente desafortunadamente en la República Dominicana.
Los haitianos acusados de cometer crímenes han sido varias veces asaltados y comunidades enteras han sido atacadas en el pasado en represalia por los crímenes presuntamente cometidos por ciudadanos haitianos.
Por ejemplo, en octubre de 2014, decenas de haitianos huyeron del barrio "Venezuela”, ubicado en la ciudad de Maimón, después de que una turba tratara de linchar a algunos de ellos como represalia por la agresión a una mujer dominicana. El incidente en La Ortega ocurrió en un contexto de creciente hostilidad contra los inmigrantes haitianos, dominicanos de ascendencia haitiana y los que defienden sus derechos humanos, desde la publicación del fallo del Tribunal Constitucional en septiembre de 2013 que priva retroactivamente a los dominicanos de descendencia haitiana de su nacionalidad dominicana. Las autoridades dominicanas no han condenado públicamente estos actos.
El 11 de febrero de 2015, el cuerpo de un hombre haitiano fue encontrado colgado de un árbol en un parque en Santiago con los pies atados con una cuerda y señales de moretones en su cuerpo, levantando sospechas de que el hombre fue la víctima de un homicidio xenófobo. Cabe resaltar que el día anterior una manifestación anti-haitiana se había celebrado en la ciudad.
Aunque algunas autoridades se comprometieron a llevar una investigación profunda, nadie ha sido arrestado por este delito. El asesinato provocó protestas violentas e incidentes en Haití y la República Dominicana que indujeron a las autoridades a retirar a su personal diplomático durante algunas semanas. Dada la repetición de los incidentes xenófobos,
Amnistía Internacional pide a las autoridades dominicanas que declaren oficialmente que estos ataques no son tolerables. Las autoridades deben públicamente condenar la violencia en La Ortega, así como todos los futuros incidentes de este tipo; y asegurar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, independiente y oportuna y que los perpetradores sean sancionados por la justicia.
Amnistía Internacional reconoce que no todos los dominicanos tienen actitudes anti-haitianas o racistas. No obstante, las autoridades deben reconocer que la discriminación racial y la xenofobia existen en el país y adoptar medidas para afrontar este problema.
Es indispensable llevar a cabo con urgencia campañas de educación pública eficaces con el fin de proteger a las personas frente a la violencia y construir un contexto de entendimiento mutuo entre personas de diferentes orígenes.