La retirada del anteproyecto de ley antiaborto debe abrir la puerta a una mejor protección de los derechos de la mujer en España

La retirada del draconiano anteproyecto de ley antiaborto que amenazaba la salud, la dignidad y la vida de las mujeres y niñas en España es un paso en la buena dirección, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
“Nos alegra que el presidente del gobierno español haya zanjado por fin este retrógrado anteproyecto de ley, aunque no es menos cierto que nunca debía haber estado entre los proyectos legislativos”, afirmó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
“El gobierno no debe controlar las decisiones que toman las mujeres y niñas sobre su vida y su salud, y debe cumplir en su integridad las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos.”
El anteproyecto de ley presentaba toda una serie de obstáculos al acceso a un aborto sin riesgos y legal. Por ejemplo, las mujeres o niñas que hubieran querido abortar habrían tenido que obtener dos certificados de sendos médicos en diferentes centros que confirmasen el riesgo para la vida y la salud de la mujer y el feto. También se habrían visto obligadas a recibir asesoramiento e información sobre cuestiones no médicas y después esperar siete días de “periodo de reflexión”.
Las mujeres o niñas que se hubieran quedado embarazadas como consecuencia de una violación habrían tenido que denunciar el delito a la policía para acceder a un aborto. Esto habría sido especialmente problemático para las víctimas de incesto y para las mujeres y niñas migrantes en situación irregular, que en algunos casos podrían ser expulsadas del país si acudieran a las autoridades para denunciar la violación.
La introducción del anteproyecto de ley provocó la indignación, tanto en el ámbito internacional como en España, de grupos de la sociedad civil, profesionales de la salud y mujeres niñas, que se opusieron ruidosamente al mismo. Amnistía Internacional entregó al gobierno una carta en la que exigía la retirada del anteproyecto firmada por 176 organizaciones de derechos humanos, de salud y de derechos de la mujer, y una petición firmada por más de 130.000 personas.
Aunque la retirada del anteproyecto es un paso importante, la salud y la autonomía de las mujeres y niñas en España siguen estando en peligro. El gobierno aún propone exigir la autorización de los progenitores para permitir el acceso al aborto de las adolescentes de entre 16 y 18 años. Este sería un retroceso contrario a las recientes recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que aconsejó a España que eliminara otras barreras al aborto, prestando especial atención a las adolescentes y a las migrantes.
“El final de este anteproyecto de ley no debería consistir en buscar nuevas formas de añadir barreras al acceso de las mujeres y niñas a un aborto sin riesgos, sino en buscar formas para eliminarlas”, concluyó Esteban Beltrán.
Información adicional
En 2010 España adoptó la Ley 2/2010, que suavizó algunas restricciones al aborto. La ley fue un cambio legislativo bien recibido en una época en la que España tenía algunas de las normas más restrictivas sobre el aborto de Europa. En 2012, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU instó al gobierno a que garantizara la aplicación total de dicha ley.
En lugar de cumplir esta recomendación, el gobierno propuso un anteproyecto de ley que habría limitado más el acceso al aborto e introdujo obstáculos humillantes que ponían en peligro la salud y la vida de las mujeres y niñas.
Amnistía Internacional reunió más de 133.400 firmas de todo el mundo en contra de este anteproyecto. Esta acción fue la más reciente de una serie de actividades realizadas en el contexto de Mi cuerpo mis derechos, la campaña global de Amnistía Internacional para acabar con el control y la penalización de la sexualidad y la reproducción a manos de los gobiernos y otros.
Durante 2014-2015 la campaña trabaja por el cambio en la vida de las personas en varios países. Su objetivo es recordar a los líderes del mundo sus obligaciones de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos sexuales y reproductivos. Si desean más información consulten: https://campaigns.amnesty.org/es/campaigns/my-body-my-rights.