Las autoridades egipcias deben liberar a los activistas que fueron detenidos simplemente por desafiar la represiva legislación sobre manifestaciones del país y cuyo juicio está previsto para el 13 de septiembre, ha dicho Amnistía Internacional. La destacada defensora de los derechos humanos Yara Sallam y la conocida activista de derechos humanos Sanaa Seif están entre las 22 personas que van a ser juzgadas por participar en una concentración destinada a poner en peligro la “paz pública” y causar daños materiales, entre otros delitos. “Aparentemente, se trata de otro juicio espectáculo basado en dudosas y escasas pruebas, cuyo fin es advertir claramente a cualquiera que desafíe la ley sobre manifestaciones de Egipto”, ha dicho Philip Luther, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. “Este caso es la prueba más reciente de que las autoridades egipcias están decididas a acallar la protesta pacífica y sofocar toda forma de disidencia. Ninguna persona debe ser detenida por ejercer pacíficamente el derecho a la libertad de expresión y reunión.” “Los cargos contra Yara Sallam, quien ni siquiera participó en la manifestación, son completamente absurdos. Permanece detenida y va a ser juzgada debido a su labor como defensora de los derechos humanos. Es presa de conciencia y debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.” Según los testimonios y la información de que dispone Amnistía Internacional, los cargos son infundados casi con toda seguridad y los acusados probablemente son presos de conciencia, detenidos exclusivamente por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Amnistía Internacional ha pedido la liberación de todas las personas detenidas el 21 de junio simplemente por participar en la manifestación. Los individuos contra quienes existan pruebas suficientes de actividad delictiva violenta sólo podrán ser juzgados por delitos comunes reconocibles y en procesos plenamente conformes con las normas internacionales sobre juicios justos. A última hora de la tarde del 21 de junio, Yara Sallam paseaba con una prima suya por el barrio residencial cairota de Heliópolis, donde estaba teniendo lugar la manifestación. Estaban comprando agua en un quiosco cuando las detuvieron a ambas. A su prima la liberaron al día siguiente, pero Yara Sallam permaneció bajo custodia porque las fuerzas de seguridad descubrieron que trabajaba en la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales. Amnistía Internacional considera que es presa de conciencia y debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones. En su marcha hacia el palacio presidencial, los manifestantes habían sufrido reiterados ataques de grupos de hombres vestidos de civil. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 24 personas en el proceso de dispersar a la multitud. Una fue liberada posteriormente y otra –un niño llamado Islam Tawfik Mohamed Hassan– será juzgada por un tribunal de menores en una causa distinta. En una vista anterior, celebrada el 29 de junio, el juez rechazó las reiteradas solicitudes presentadas por la defensa para que ordenara dejar a todos los acusados en libertad provisional. Asimismo rechazó las solicitudes presentadas para que los acusados varones no estuvieran esposados durante el juicio. A continuación se aplazó la fecha del juicio al 13 de septiembre para dar tiempo a presentar las pruebas audiovisuales, lo que suponía prolongar innecesariamente la reclusión de los acusados más de dos meses. Los abogados presentaron numerosas solicitudes para adelantar la fecha de la vista, pero todas fueron rechazadas. El infatigable abogado de derechos humanos Ahmed Seif al Islam, padre de Sanaa Seif, falleció el mes pasado. El 28 de agosto, Sanaa se declaró en huelga de hambre para protestar por la negativa de las autoridades a permitirle estar unos momentos con su padre en sus últimos días. Otros 11 activistas, entre ellos la hermana de Sanaa, Mona Seif, también conocida activista, están en huelga de hambre para oponerse a la política de detener a los defensores de los derechos humanos en el país. Información complementaria Yara Sallam y otras siete mujeres procesadas en esta causa permanecen recluidas en la prisión de Al Qanater. Los hombres están en la de Tora. Los 23 procesados están acusados de causar daños materiales, hacer demostraciones de fuerza dirigidas a atemorizar a los transeúntes y poner sus vidas en peligro, y participar en una concentración de más de cinco personas para poner en peligro la “paz pública” y cometer delitos. De acuerdo con la Ley Reguladora del Derecho a las Concentraciones Públicas, las Procesiones y las Protestas Pacíficas (Ley 107 de 2013) de Egipto, los organizadores de una manifestación deben presentar sus planes a las autoridades, que están facultadas para anularla o modificar su recorrido. El presidente Adly Mansour firmó esta ley el 24 de noviembre de 2013.
