Con motivo del cuarto aniversario de la invasión en gran escala de Ucrania por Rusia, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:
En respuesta a la declaración de culpabilidad y la condena a 20 años de prisión dictadas contra Ruben Vardanyan, el último de las 16 personas de etnia armenia juzgadas en Azerbaiyán por el papel desempeñado en la región secesionista de Nagorno Karabaj antes de que las fuerzas azerbaiyanas se hicieran con su control en 2023, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha manifestado:
El Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana corre grave peligro de tener que cerrar en 2026, lo que podría privar de la justicia y la reparación a miles de víctimas y supervivientes de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La organización pide a los Estados que hagan contribuciones económicas urgentes al Tribunal para que éste pueda continuar con su crucial funcionamiento.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, asistirá a la Conferencia de Seguridad de Múnich del 13 al 15 de febrero, donde estará disponible para entrevistas y pedirá a dirigentes y autoridades mundiales que resistan colectivamente a los ataques depredadores contra el derecho internacional que están socavando gravemente la seguridad global.
Amnistía Internacional ha documentado el devastador impacto de los ataques sistemáticos de Rusia contra el sistema energético de Ucrania en una nueva serie de testimonios de sobrevivientes que soportan el gélido invierno sin calefacción, electricidad ni agua corriente.
El ataque de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero constituyó un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas, lo que supone una amenaza adicional para el orden internacional basado en normas. Mientras tanto, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro contra el pueblo venezolano siguen sin justicia y garantías de no repetición, ha advertido hoy Amnistía Internacional.
Desde que se hizo con el poder el 1 de febrero de 2021, la junta militar de Myanmar ha ejercido una represión generalizada y ha cometido abusos en todas las facetas de la vida del país. Así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional, Fortify Rights y Human Rights Watch. Las atrocidades cometidas por el ejército desde el golpe de Estado, que incluyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, han ido en aumento durante el último año a medida que la junta ha tratado de afianzar su gobierno mediante operaciones militares abusivas y elecciones orquestadas.
Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha concluido que el combustible de aviación que usa el ejército de Myanmar para lanzar ataques aéreos mortales contra la población civil sigue entrando en el país a través de una cadena de suministro opaca que está “fuera de control” cinco años después de que el ejército tomara el poder.
Antes de asistir a la reunión anual del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos a partir del 19 de enero, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:
“Los preparativos para la primera vuelta de las elecciones impuestas por la junta militar que se celebrará este fin de semana en Myanmar han desembocado en ataques ilegítimos que podrían constituir crímenes de guerra, así como en un aumento drástico de las detenciones arbitrarias y una mayor represión de la libertad de expresión”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Los Estados deben impedir que el buque de pabellón portugués Holger G —que transporta componentes de municiones con destino a Israel— atraque en sus puertos, habida cuenta del riesgo evidente de que su carga contribuya al genocidio en curso en la Franja de Gaza ocupada, así como a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la población palestina, ha afirmado Amnistía Internacional.
La acción militar llevada a cabo hoy por la Administración Trump en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, genera graves preocupaciones sobre los derechos humanos de la población venezolana. Muy probablemente constituye una violación del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, al igual que la intención declarada de Estados Unidos de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros.